Teniendo en cuenta el impacto y la dinámica corporativa de las TIC, las propuestas de inversiones en TIC deberán considerarse con la atención, la diligencia y la solidez adecuadas. Surgen a menudo preocupaciones del consejo de administración y de la dirección, no de la magnitud de la inversión per se, sino de los asuntos que se derivan principalmente del grado de confianza que puede darse a, por ejemplo, la adecuación de la tecnología recomendada respecto de las necesidades de la institución y su plan estratégico; otorgamiento de las capacidades y servicios prometidos; anticipación del impacto en las plataformas de las TIC existentes y de la interacción con las mismas; y cualquier costo oculto e indirecto correspondiente a productos y servicios complementarios o de mantenimiento.
Las instituciones de seguridad social tienen que afrontar los desafíos de gestión de las inversiones en elementos relacionados con las TIC, que consisten en una combinación compleja de licencias de equipos informáticos (“hardware”) y de programas informáticos (software), de aplicaciones y servicios de programas informáticos. Esto incluye, no sólo la adquisición de los elementos (inversión realizada “una sola vez”), sino también los pagos periódicos (por ejemplo, anuales) correspondientes a la renovación de la licencia de los programas informáticos, a los servicios y contratos de apoyo técnico de los servicios de las TIC en general. Para abordar estos desafíos, la institución debe aplicar de modo exhaustivo un modelo de costos totales del ciclo de vida para los productos y servicios de TIC, como se recomienda en las Directrices de la AISS sobre la Buena Gobernanza.
Todos estos elementos de las TIC (equipos informáticos, programas informáticos y servicios) aportan los medios encaminados a lograr la misión y los objetivos específicos de la institución. En consecuencia, la toma de decisiones sobre la oportunidad brindada por la inversión de las TIC, debe tener en cuenta la retorno de la inversión esperada (ROI), así como las relaciones costo-beneficio.
Con el fin de una mejor gestión de la rentabilidad de las inversiones y de la relación costo-beneficio de las inversiones de las TIC, se tiene que analizar y definir el “valor de los resultados esperados” de las actividades basadas en las TIC que implica a las inversiones.
Este conjunto de directrices comienza con la definición del concepto de valor para las principales actividades basadas en las TIC y la identificación de los enfoques encaminados a optimizar su realización. El concepto de valor se dirige a medir la importancia de (es decir, asignar un valor a) los resultados que ha de alcanzar la institución, a través de actividades basadas en las TIC. Cuando estos resultados son cuantitativos (por ejemplo, número de personas, número de empleadores, número de transacciones, cuantías que han de recaudarse o pagarse), la definición del valor es relativamente sencilla. Sin embargo, el valor puede también referirse a lograr los resultados en materia de políticas públicas y la mejora en la calidad de los servicios prestados a aquellos para cuya atención existe la institución, gestionando los riesgos y cumpliendo la legislación y la reglamentación. Mientras que el concepto de valor se vincula con la consecución de los planes estratégicos de la institución con los recursos utilizados para concretarlo, el otorgamiento del valor atañe a la ejecución de la propuesta del valor, a lo largo de todo el ciclo de distribución, garantizando que las actividades basadas en las TIC otorguen las prestaciones prometidas frente a la estrategia, concentrando y optimizando costos y demostrando el valor intrínseco de los elementos de las TIC (equipos y programas informáticos, servicios).
El objetivo de la gestión del valor relacionado con las TIC es optimizar el valor y permitir que una organización:
- defina y comunique claramente su visión de lo que constituye valor y para quién;
- seleccione y ejecute las inversiones;
- gestione sus activos y optimice el valor con el uso asumible de recursos y un aceptable nivel de riesgo.
Otras características importantes de los elementos de las TIC en las que invierten las instituciones, son su diversidad, sus interrelaciones y sus rasgos de ciclo vital. A efectos de tratarlos con la mayor coherencia posible, el conjunto general de elementos de las TIC puede gestionarse como una cartera de facilitadores de servicios de seguridad social basados en las TIC. Así, una cartera de TIC puede definirse como “objetos de interés” generales (equipos y programas informáticos, servicios de TIC, proyectos de TIC, otros activos o recursos de TIC) gestionados y supervisados para optimizar el valor empresarial. En lo que atañe a las instituciones de seguridad social, la gestión de la cartera de las TIC es, de manera sistemática, determinante para alcanzar la esperada rentabilidad de la inversión, en el caso de las inversiones relacionadas con las TIC y a efectos de satisfacer las relaciones costo-beneficio. En consecuencia, estas directrices recomiendan la gestión de las inversiones en TIC siguiendo un enfoque basado en la cartera y en un modelo de costos totales del ciclo de vida. En consecuencia, estas directrices recomiendan la gestión de las inversiones de las TIC, aplicando un enfoque basado en la cartera. La gestión de las inversiones de las TIC, a través de adquisiciones y contratación de infraestructura y servicios, constituye, en sí misma, un desafío.
Por último, pero no menos importante, la gestión de las inversiones de las TIC implica un seguimiento y una evaluación permanentes de los resultados. Estas directrices recomiendan hacer esto en diferentes niveles: seguimiento y evaluación del valor general de las actividades autorizadas de las TIC, el rendimiento de la cartera de las TIC y los resultados específicos de las actividades basadas en las TIC siguiendo el modelo institucional de costos totales del ciclo de vida.