La migración afecta a casi todos los países, lo que pone de relieve la necesidad de garantizar los derechos de seguridad social para todos los migrantes y sus familias. Este artículo se centra en los derechos de los trabajadores que migran entre los países de la Unión Europea y de la comunidad iberoamericana. En la Unión Europea, los sistemas de seguridad social están cada vez más coordinados en virtud del Reglamento núm. 883/2004 y del Reglamento núm. 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del primero. En la comunidad iberoamericana, la coordinación se promueve de conformidad con el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Pese a los puntos de convergencia de estos dos instrumentos internacionales, todavía falta coordinación entre ellos. En este artículo se presenta un análisis comparativo para exponer los mecanismos necesarios para garantizar la coordinación, de manera que se respeten los derechos de seguridad social de los trabajadores migrantes. Se centra la atención en la cooperación y la coordinación entre los sistemas regionales y nacionales, en particular con miras a la necesidad y al objetivo de conciliar dos de los principales instrumentos de coordinación internacionales para ofrecer una cooperación más amplia entre Europa e Iberoamérica. Por último, se destaca la importancia de promover una mayor cooperación internacional en las políticas sobre seguridad social y su administración, a fin de propiciar una protección adecuada de los derechos y la libre circulación de los trabajadores migrantes.

En este estudio se analizan los cambios previstos en las pensiones de sobrevivientes resultantes de las disposiciones permanentes de la reforma de las pensiones que se llevó a cabo en el Brasil en 2019. Las anualidades actuariales se utilizan para los perfiles de trabajadores representativos. La dispersión de los valores de la tasa de sustitución disminuye, con excepción de los niveles de ingresos más altos. Las tasas necesarias para financiar las pensiones de sobrevivientes descienden relativamente más que las tasas para las pensiones de vejez. Las tasas internas de rentabilidad descienden de manera considerable. Se ha producido un cambio heterogéneo en los aspectos distributivos del sistema de pensiones. La reforma afectará a la idoneidad y a la equidad intergeneracional de las pensiones de vejez y de sobrevivientes.

Los progresos tecnológicos dan pie al surgimiento de nuevas oportunidades para crear cuentas digitales de la seguridad social, si bien en los estudios sobre esta cuestión todavía no se ha analizado plenamente el grado de eficacia de estas cuentas para resolver los problemas de accesibilidad y de elegibilidad a los que se enfrentan los trabajadores de plataformas. El potencial de las cuentas digitales de la seguridad social radica en su capacidad para tener en cuenta las diferentes fuentes de ingresos que pueden tener los trabajadores atípicos y para mejorar el acceso efectivo de estos trabajadores a la seguridad social. Las agencias tributarias y las oficinas de la seguridad social ya pueden compartir de inmediato información sobre los ingresos de los trabajadores de plataformas, lo que ofrece la promesa de formalizar las relaciones laborales de los trabajadores por cuenta propia, hasta ahora informales. En este artículo se analiza el caso de la cuenta de empresario de Estonia como una solución digital híbrida para mejorar el acceso efectivo de los trabajadores de plataformas a la seguridad social. Las cuentas digitales portátiles sientan las bases para la mejora estructural que se necesita para responder adecuadamente a las necesidades de seguridad social de los trabajadores atípicos, las cuales están en constante evolución. No obstante, también es necesario que las políticas se diseñen cuidadosamente, a fin de evitar que las cuentas digitales portátiles sean simplemente un facilitador digital de soluciones desactualizadas.

Este artículo es una contribución al debate acerca de la financiarización de las pensiones y de la forma en que los países están adaptando su sistema de pensiones para responder al envejecimiento demográfico. Para ello se han analizado los sistemas públicos de pensiones del Canadá y de Finlandia, que se alejan de forma interesante de las tendencias internacionales actuales. Los regímenes públicos de pensiones del Canadá y de Finlandia reflejan dos tendencias que a menudo se asocian con la financiarización de las pensiones, a saber, la dependencia cada vez mayor de los mercados financieros y unas políticas de inversión en las que se prevé una asignación de activos diversificada. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otros muchos países, este enfoque no ha traído consigo un aumento de los riesgos individuales para la seguridad del ingreso en la vejez debido al paso de un régimen de pensiones de prestación definida a un régimen de pensiones de cotización definida, otra tendencia también frecuente a nivel internacional.

El envejecimiento acelerado de la población en Argelia supone una amenaza para la sostenibilidad financiera de su sistema de jubilación de reparto. Es necesaria una reforma, que puede consistir en acometer reformas paramétricas sencillas o en llevar a cabo cambios sistémicos importantes. Antes de efectuar cambios sistémicos, es conveniente investigar si las reformas paramétricas pueden situar al sistema en una posición de sostenibilidad financiera. En este artículo se ha utilizado un análisis de diversas hipótesis que relaciona las posibles medidas de reforma con las posibles hipótesis socioeconómicas. Los resultados ponen de manifiesto que, si se utilizan las hipótesis más favorables, el equilibrio financiero del sistema de Argelia continuará siendo negativo a corto y largo plazo. Poner en marcha reformas paramétricas significativas solo puede contribuir a reducir el déficit y estabilizarlo a lo largo del tiempo. En consecuencia, se tendrán que acometer reformas sistémicas.

La arquitectura institucional en la que se fundamenta la protección social de la salud varía según los países, al igual que los actores y las organizaciones implicados. En algunos países, las mutualidades y las organizaciones de seguros de enfermedad comunitarios desempeñan un papel importante en este ámbito. En el decenio de 1990, estas organizaciones se promovieron sobre todo como medio para extender la cobertura de seguridad social, en particular en el África Subsahariana. En el contexto actual, a raíz de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y debido a la renovada voluntad política de conseguir la cobertura universal, se pone en duda el papel de las mutualidades y de las organizaciones de seguros de enfermedad comunitarios. Sin embargo, no hay muchas publicaciones que aborden el papel que desempeñan en los sistemas nacionales de seguridad social. Para este estudio exploratorio se analizaron 49 documentos que incluían 18 países de todo el mundo, en los que se abordaba la delegación de funciones a las mutualidades y a las organizaciones de seguros de enfermedad comunitarios en los sistemas nacionales de protección social de la salud. Los resultados arrojan información sobre la dinámica de la delegación de funciones dentro de los sistemas de protección social a lo largo del tiempo y sobre sus procesos de puesta en práctica. Asimismo, proporcionan temas de reflexión que pueden ayudar a fundamentar los procesos de elaboración de políticas.

En este artículo, en el que se compara la situación de México y el Uruguay, se analiza el historial laboral de los trabajadores y los desafíos a los que se enfrentan para cumplir el periodo de cotización mínimo requerido para poder recibir una pensión de vejez contributiva. Se usan datos administrativos sobre los historiales laborales para elaborar un modelo de supervivencia destinado a estimar las tasas de riesgo de entrada y salida de un estado contributivo determinado. Posteriormente se utiliza este modelo para realizar una simulación Monte Carlo para proyectar historiales de cotización. Los resultados parecen indicar que la tasa de riesgo tiene una correlación negativa con la duración del estado en el que se encuentra actualmente el trabajador y advierten de que, tanto en México como en el Uruguay, un número considerable de trabajadores tendrá dificultades para obtener el derecho a recibir una pensión de vejez contributiva. La diferencia tan amplia que se observa entre los resultados relativos a la cobertura de ambos países puede explicarse por la manera en que cada sistema nacional ha abordado los desafíos relacionados con la baja densidad de cotizaciones.

En este artículo se facilitan datos empíricos sobre los efectos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), prestación que se puso en marcha en la Argentina en 2020. Se investiga cómo afecta el IFE al papel que desempeña la mujer en la contribución al ingreso del hogar y a la distribución de las funciones en los hogares para saber cómo se refleja en el empoderamiento de la mujer. A partir de una serie de encuestas de hogares, en el estudio se comparan a las mujeres elegibles para percibir la transferencia de la prestación con las que no lo son. Se utiliza para ello una metodología de diferencias en diferencias (DD) para medir los efectos mencionados. Los resultados sugieren que, tras la puesta en marcha del IFE, la contribución de las mujeres al ingreso de la pareja y al ingreso del hogar aumentó alrededor de un 8 y un 11 por ciento, respectivamente, y la probabilidad de que las mujeres sean las únicas responsables de las tareas del hogar se redujo un 4 por ciento.

En este artículo se evalúan los posibles efectos que tendría la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social (núm. 19 de 2016), actualmente suspendida, en el Territorio Palestino Ocupado (Ribera Occidental y Gaza). Se utiliza un modelo de equilibro general computable para simular diferentes situaciones hipotéticas para el periodo entre 2020 y 2030 en relación con la puesta en marcha del sistema de seguridad social y en lo relativo a variables macroeconómicas clave como el PIB, el consumo privado, el gasto público, la inversión y el empleo. Se evalúan los efectos que tendría en la economía la introducción de un sistema de seguridad social para trabajadores del sector privado, tal como se dispone en la ley de 2016, y se comparan los resultados de la simulación de cada situación hipotética con los valores de referencia. En cada situación se consideran diferentes opciones de duración de la indemnización de despido y diferentes opciones para la estrategia de inversión de las cotizaciones a la seguridad social. No obstante, en este artículo no se consideran las indemnizaciones de despido de los empleados en Gaza, dadas las dificultades económicas y la política de cierre de Israel.

Para los servicios públicos de empleo de muchos países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el uso de herramientas de creación de perfiles de los solicitantes de empleo tiene cada vez más importancia. En este contexto, ha aumentado también la preocupación sobre los riesgos que conlleva la dependencia excesiva a estas herramientas, preocupación que surge en parte por la falta de transparencia con respecto a su funcionamiento. El objetivo de este artículo es abordar esta cuestión mediante una investigación detallada de la herramienta Work Profiler, que utiliza el Organismo Gestor del Régimen de Prestaciones para Asalariados (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen – UWV) en los Países Bajos para predecir las probabilidades de reinserción profesional y proporcionar un diagnóstico de los principales factores que dificultan la reincorporación al trabajo de los solicitantes de empleo. Los profesionales utilizan esta información para conocer en profundidad la situación de los solicitantes de empleo y deciden junto con estos la manera de conseguir volver a trabajar. El UWV decidió mantener y revisar la herramienta Work Profiler mediante un estudio a gran escala en el que participaron 53 238 personas. Work Profiler 1.0 se desarrolló entre 2007 y 2010 y se utiliza a nivel regional desde 2011 y a nivel nacional desde 2015. En este artículo se explica cómo funciona la nueva herramienta (versión 2.0, puesta en práctica en 2018) y, lo que es más importante, se presentan las decisiones adoptadas para garantizar que funcione adecuadamente y que los profesionales la utilicen con eficacia, dos cuestiones que casi nunca se tratan en las publicaciones sobre el tema.

Las características sociodemográficas de los repartidores que trabajan a través de plataformas digitales en México revelan que más del 85 por ciento de estos trabajadores han finalizado la educación secundaria a tiempo completo y que el 83 por ciento son jóvenes (con edades comprendidas entre los 14 y los 44 años). Sin embargo, solo el 25 por ciento de ellos cuenta con una cobertura de servicios de salud y prestaciones de seguridad social. En este contexto, y teniendo en cuenta la experiencia internacional, en este artículo se presenta una propuesta para proporcionar a estos trabajadores un paquete de prestaciones de seguridad social adaptado. La propuesta requeriría categorizar a los repartidores que trabajan a través de plataformas digitales como “trabajadores digitales”, introducir un régimen especial para dichos trabajadores basado en la afiliación voluntaria y ofrecer una cartera específica de prestaciones.

La mayor parte de las jurisdicciones conceden un trato diferenciado y más beneficioso a los trabajadores que realizan trabajos penosos o peligrosos, normalmente en forma de jubilación anticipada y, por lo general, en el marco de regímenes especiales de pensiones. Se han alegado varias justificaciones para este trato, entre las que se encuentran: i) compensar al trabajador por las dificultades; ii) proteger al trabajador del peligro; y iii) materializar el principio de igualdad en la distribución de los costos y los beneficios en el sistema de seguridad social. En este artículo se analizan estas funciones desde una perspectiva socioeconómica y se insiste en que la jubilación anticipada de los trabajadores que trabajan en condiciones penosas y peligrosas es necesaria para garantizar la igualdad al tratar “a los que no son iguales de forma desigual” y en función de las desigualdades que sufren. Además, se presenta una fórmula precisa para calcular el momento en que se debe permitir la jubilación, de modo que los trabajadores de ámbitos profesionales con una menor esperanza de vida no disfruten sistemáticamente de menores prestaciones del sistema de pensiones habiendo cotizado la misma cantidad. Asimismo, se analizan las implicaciones para el diseño y la conveniencia de las prestaciones especiales de pensiones.

La prestación de cuidados de larga duración y su financiación son cuestiones cada vez más importantes en todas las economías con un elevado índice de envejecimiento. Es por ello que uno de los principales desafíos para los responsables de la formulación de políticas es lograr un equilibrio entre unos cuidados adecuados y una financiación sostenible. En este estudio se evalúa la propuesta de un denominado factor de sostenibilidad para el seguro de cuidados de larga duración en Alemania. Teniendo en cuenta los cambios en la relación entre beneficiario y cotizante, la propuesta pretende incorporar normas en la dinámica demográfica con la finalidad de disminuir la presión sobre la financiación de los cuidados de larga duración. Mediante el marco de la contabilidad generacional se demuestra que esta propuesta puede tener un efecto de mitigación de la presión sobre las finanzas, en función de la cuota de participación de las generaciones actuales y futuras. Además, puede ser una buena opción para los sistemas de cuidados de larga duración basados en el reparto de todo el mundo que necesitan reducir los efectos del envejecimiento de las sociedades. Por lo tanto, este artículo está dirigido a los responsables de la formulación de políticas encargados de elaborar un modelo de financiación sostenible para el seguro de cuidados de larga duración. De igual forma, en este artículo se demuestra que el factor de sostenibilidad representa un avance hacia las finanzas sostenibles y, por consiguiente, podría ser uno de los componentes de un paquete de reformas más amplio.

En 2022, tras un decenio de austeridad sin precedentes, Grecia ha cambiado bruscamente la forma de reforzar su sistema de pensiones y ha adoptado la controvertida financiación por transferencia de las pensiones (carve-out pension funding). De acuerdo con este enfoque, una parte de las cotizaciones al régimen de reparto se desvía para financiar los ahorros para la jubilación de las personas, lo que pone en peligro la financiación de las pensiones de reparto actuales. La reforma griega de 2022, si bien se inspira en el plan de privatización de las pensiones del Banco Mundial de 1994, supone un importante cambio de política, puesto que se confía la gestión de los ahorros para la jubilación de las personas a un organismo gubernamental específico, con el objetivo de intentar corregir los fallos del mercado en cuanto a la prestación de las pensiones privadas. Tal como ocurrió con las reformas que se realizaron anteriormente en Europa Oriental, en Grecia se han subestimado enormemente los costos de transición hacia la financiación por transferencia de las pensiones, que tardará varios decenios en materializarse. Esta situación generará dificultades presupuestarias en los próximos años cuando los costos de transición anuales sean considerables y las condiciones de financiación internacional, actualmente favorables, comiencen a cambiar. A menos que se establezca un compromiso político firme para aplicar las medidas necesarias a fin de financiar los costos de transición, es posible que Grecia tenga que abandonar su reforma, como ya se ha hecho en toda Europa Oriental.

Este año se conmemora el 75º aniversario de la que, desde enero de 1967, se conoce como International Social Security Review (Revista Internacional de la Seguridad Social), publicada por primera vez en abril de 1948 bajo el título Bulletin of the International Social Security Association (Boletín de la Asociación Internacional de la Seguridad Social). Con motivo de esta importante efeméride, se presenta este número especial doble titulado “El derecho humano de las personas de edad avanzada a los cuidados de larga duración: Ampliación de la función de los programas de seguridad social”, en el que se recogen los debates actuales sobre la extensión de la cobertura de seguridad social en un contexto de envejecimiento de la población. Existen motivos de peso para revisar las normas internacionales de seguridad social a fin de que los cuidados de larga duración de las personas de edad avanzada gocen de reconocimiento oficial, por ejemplo, como una rama específica de la seguridad social. Este debate se articula en torno a las cuestiones que deben abordar todos los países, a saber, las funciones que los sistemas de seguridad social pueden y deben desempeñar para ayudar a satisfacer las necesidades de las personas de edad avanzada en materia de asistencia médica y social de larga duración.

Debido a la aceleración del envejecimiento de la población, el envejecimiento saludable se está convirtiendo en una necesidad para todos. Los sistemas de protección social pueden desempeñar un papel importante a este respecto. Mediante un enfoque basado en el ciclo de vida, estos sistemas pueden contribuir a: i) prevenir la discapacidad entre las personas de edad avanzada (esto es, gestionando los determinantes sociales de la salud y la rehabilitación), ii) ofrecer un acceso efectivo a cuidados de larga duración que no conlleven dificultades para las personas que los precisan, y iii) proporcionar un trabajo decente en la economía del cuidado. Para ello, será necesario adoptar un enfoque transformador en materia de género. Sin duda, la representación de las mujeres es desproporcionadamente alta entre el conjunto de personas de edad avanzada y de proveedores de cuidados de larga duración. Además, para fomentar de forma adecuada el envejecimiento saludable y el acceso efectivo a los cuidados de larga duración sin dificultades, los sistemas de protección social han de establecer una estrecha coordinación entre las políticas de atención de salud, de atención social y las políticas sociales de otra índole. En el artículo se destacan los principales puntos de entrada mediante los cuales los sistemas de protección social pueden contribuir al Decenio de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable a partir de un enfoque basado en los derechos humanos y las normas internacionales en materia de seguridad social.

Actualmente, la familia ocupa un lugar central en el actual sistema de cuidados de larga duración de la India. Sin embargo, los arreglos familiares informales no serán suficientes para dar respuesta a las necesidades cada vez mayores de la India en materia de cuidados de larga duración debido al aumento de la longevidad y la movilidad geográfica, la prevalencia de las enfermedades crónicas, la discapacidad entre las personas de edad avanzada y el hecho de que los miembros de la familia extensa viven cada vez menos juntos. Para hacer frente a la creciente demanda de cuidados de larga duración, será necesario mejorar de forma significativa el actual sistema de cuidados de larga duración, sobre todo sus componentes no familiares. Esta reforma precisará inversiones en infraestructuras, recursos humanos y marcos jurídicos y reguladores. El estudio tiene los siguientes objetivos: i) proporcionar un resumen y un análisis descriptivos del sistema de cuidados de larga duración de la India en los que se preste especial atención a la heterogeneidad interestatal y a los factores financieros, sociales y culturales que obstaculizan el funcionamiento de este sistema; ii) calcular y evaluar las necesidades actuales y futuras de cuidados de larga duración y sus contribuciones financieras y humanas fundamentales; y iii) analizar y debatir, desde una perspectiva crítica, las instituciones y las políticas, las tecnologías y los comportamientos necesarios para ajustar la capacidad a las necesidades de cuidados de larga duración.

En este artículo se presenta un panorama general de los cuidados de larga duración en países de ingresos bajos y medios a partir de un análisis y una síntesis de los resultados de diferentes revisiones bibliográficas. El artículo empieza con una breve evaluación de las necesidades en el ámbito de los cuidados de larga duración desde la perspectiva de la demanda, y luego se comparan los servicios formales de cuidados de larga duración disponibles con la prestación de cuidados informales desde el punto de vista de la oferta. A continuación se describe y se aborda el papel que las políticas gubernamentales desempeñan en la prestación y gobernanza de los cuidados de larga duración. Por último se destacan y se ofrecen consideraciones prácticas para la formulación de políticas en materia de cuidados de larga duración para los países de ingresos bajos y medios, las cuales se han extraído de las experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas de países de ingresos altos.

Los cuidados de las personas de edad avanzada constituyen uno de los problemas socioeconómicos más importantes que se derivan del envejecimiento de la población. Debido a la disminución de la mano de obra en los sectores de los cuidados y de la salud, ya se observan dificultades a la hora de satisfacer plenamente las necesidades de atención. Asimismo, la desinstitucionalización, que implica una transición de la atención institucional a la atención comunitaria, precisa que se dediquen más recursos humanos a los sectores de los cuidados y de la salud. El artículo aborda los sistemas de cuidados de larga duración a disposición de las personas de edad avanzada y los factores que condicionan la posibilidad de que los países de Visegrad (Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia) pasen de un modelo postsocialista (familiarismo por defecto o familiarización sin asistencia) a un modelo de atención europeo basado en la desinstitucionalización. Otro de los objetivos del artículo consiste en poner de relieve algunas de las diferencias existentes en Europa Central en lo relativo a la prestación de cuidados de larga duración a personas de edad avanzada, así como enfatizar que es preciso considerar sus características específicas al planificar y formular políticas públicas y directrices en materia de política social en la Unión Europea.

La pandemia de COVID-19 ha afectado de forma desproporcionada a las personas de la tercera edad y sus proveedores de cuidados. Muchos países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han adoptado medidas encaminadas a evitar que la infección se propague y aumentar el número de proveedores de cuidados. A pesar de ello, la crisis sanitaria está poniendo de relieve y agravando los problemas estructurales existentes en el sector de los cuidados de larga duración. En muchos países miembros de la OCDE, la contratación de un número suficiente de proveedores de cuidados de larga duración sigue constituyendo un desafío y las condiciones de trabajo de dichos proveedores son complejas. Incluso en circunstancias normales, se registran hospitalizaciones evitables debido a competencias inadecuadas y a la escasa integración con el resto del sistema de atención de salud. Habida cuenta de la velocidad a la que envejece la población, es probable que estos problemas se agraven si no se adoptan medidas al respecto. Se precisan políticas que tengan por objetivo mejorar la contratación y abordar la retención mediante programas de formación, mejoras en materia de coordinación y de productividad, e iniciativas de aprovechamiento de las tecnologías digitales.