Para las instituciones de seguridad social que tienen un mandato de inversión, la ley, la política o el decreto estipulan la orientación general de las políticas de inversión, la observancia del principio de prudencia, en concordancia con los principios de sostenibilidad. El consejo de administración y la dirección cuentan con la pericia técnica para decidir los tipos de instrumentos de inversión permitidos, la necesidad de diversificación para mitigar los riesgos y los méritos y los riesgos de una propuesta de inversión, priorizando los principios de seguridad y rentabilidad de las inversiones. La ley, la política o el decreto definen la responsabilidad legal del consejo de administración, de la dirección y de sus agentes designados en caso de inversiones fraudulentas.