Es esencial que las instituciones de seguridad social que intervienen en la promoción, la defensa y el apoyo a los programas efectivos de regreso al trabajo incluyan a una amplia variedad de actores institucionales e individuales en el proceso. Si bien, a menudo deben atenerse a los límites de sus marcos legislativos respectivos que a veces no fomentan los procesos de regreso al trabajo, pueden intentar obtener mejores resultados de regreso al trabajo aprendiendo de diversas experiencias nacionales e internacionales que han llevado a resultados estructurales sostenibles. Muchas instituciones de seguridad social han logrado modificar estratégicamente los resultados de regreso al trabajo, sea por medio de influencias en las estructuras legislativas dentro de su área de competencia o de medidas organizativas personalizadas para el suministro de servicios específicos de apoyo.

Se presentan cinco directrices esenciales para las instituciones de seguridad social sobre esta cuestión:

• las partes interesadas;
• la base legal y de políticas;
• el trabajo dentro del marco jurídico;
• la comprensión y aprendizaje de las buenas prácticas internacionales;
• la influencia en el sistema.

El consejo de administración y la dirección desempeñan un papel decisivo en el establecimiento de un sistema de regreso al trabajo formal y efectivo.

Las directrices deben seguirse usando un enfoque vertical que fomente la apropiación de sus valores inherentes para ser aceptados simultáneamente en toda la organización.

Un principio general esencial para el éxito del regreso al trabajo es que la persona afectada tenga acceso a los derechos definidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El regreso al trabajo siempre debe ser un proceso transparente para generar aceptación y confianza. Sin este tipo de acuerdo a nivel individual e institucional, en particular en las organizaciones de discapacitados y sindicatos, los programas de regreso al trabajo no serán eficientes ni efectivos.