Las instituciones de seguridad social de todo el mundo suelen intervenir en una de las tres áreas generales de actividad como proveedoras de:
- apoyo al ingreso como último recurso para las personas con discapacidad;
- seguro de invalidez obligatorio para los accidentes y las discapacidades sin relación con el empleo;
- indemnización reglamentaria como consecuencia de accidentes y discapacidades sin relación con el trabajo.
Una prioridad organizativa coherente para las instituciones de seguridad social es el objetivo de reducir el número de personas con discapacidad “dentro del sistema” y los casos de invalidez temprana.
Por lo general, esto supone un enfoque simultáneo, a saber, la reducción del número de personas con discapacidad que perciben prestaciones por medio de diversas medidas de rehabilitación diseñadas para facilitar su reintegración en el mercado laboral y de otras medidas destinadas a reducir la tasa de afiliación al sistema mediante la optimización y el apoyo a las estrategias de mantenimiento del empleo que preservan el vínculo de la persona con su empleador pese a haber sufrido una afección invalidante.
Estas estrategias, si bien se asemejan claramente en sus objetivos económicos y sociales, requieren un enfoque individual y organizativo y de sistemas sustancialmente diferentes.
Las evidencias en todo el mundo muestran con claridad que si bien son deseables, los esfuerzos de renovación de los vínculos con el mercado laboral de las personas que perciben prestaciones de invalidez, son extremadamente costosos y su éxito suele ser limitado.
Por lo tanto, la mayoría de las estrategias deben estar encaminadas a mantener el vínculo con el mercado laboral de las personas que han contraído una enfermedad o sufrido un accidente y que corren el riesgo de perder su empleo, con las consecuencias económicas, sociales y psicológicas que esto supone.
El cambio de papel, de pagador a actor, en la seguridad social moderna podría llevarse a cabo recurriendo a las Directrices de la AISS sobre el Regreso al Trabajo y la Reintegración, no sólo como proveedor de prestaciones sino como empleador del personal de una institución de seguridad social. Este método mejora la sensibilización del personal sobre la pertinencia de que sus afiliados regresen al trabajo.
El regreso al trabajo para los empleados que contraen una afección invalidante, cualquiera sea la causa, y corren el riesgo de perder su empleo se rige por diversos enfoques en todo el mundo.
Entre estos enfoques se encuentran las obligaciones de reintegración para los empleadores, prescritas en la ley de indemnización de los trabajadores en beneficio de los empleados que sufren accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, las obligaciones de reintegración estatales y nacionales a menudo administradas de conformidad con los derechos del trabajo, los derechos humanos u otras disposiciones legislativas y obligaciones de empleo definidas mediante decisiones de la justicia.
Algunas jurisdicciones han introducido también modelos híbridos que, a falta de una obligación legal de reintegración para los empleadores, exigen que los lugares de trabajo cuenten con programas de regreso al trabajo destinados a incrementar el mantenimiento en el empleo de los empleados enfermos o lesionados.
Otro modelo, que se encuentra principalmente en los regímenes de indemnización de los trabajadores, incluye el uso de sanciones e incentivos financieros para motivar a los empleadores a obtener mejores resultados en materia de regreso al trabajo.
Un tema central en todos los enfoques reglamentarios aplicados para mantener el empleo de los trabajadores lesionados o enfermos es la responsabilidad y el papel del empleador.
Esto es fundamental por diversas razones. La principal es que los empleados que ingresan en un sistema de seguridad social y pierden el vínculo con el empleador después de la invalidez tienen, a largo plazo, probabilidades muy bajas de volver al mercado laboral y para los empleadores a menudo existe un importante interés financiero/organizativo en mantener la relación de empleo con los empleados que han contraído una afección invalidante.
Si bien en todas las jurisdicciones son los empleadores que realizan los esfuerzos decisivos para optimizar el mantenimiento de empleos y reducir consecuentemente el flujo de ingreso a diversos sistemas de seguridad social, la realización de estos esfuerzos por lo general exige la participación de profesionales de regreso al trabajo contratados directamente por el empleador, por proveedores externos en nombre del empleador (a menudo en empresas pequeñas y medianas) o puestos a disposición del empleador por las instituciones de seguridad social.