En muchas regiones del mundo, las instituciones de seguridad social son responsables del suministro de apoyo financiero y de servicios “de último recurso” a las personas con discapacidad. Con frecuencia, las personas con discapacidad llegan a este punto tras haber agotado otras vías de apoyo económico y de servicios, pasando por un largo y arduo proceso de elegibilidad que genera un desgaste físico, psicosocial y económico. Las consecuencias de este proceso son, que en todo el mundo, los beneficiarios tienen una muy baja tasa de salida del sistema de seguridad social. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ha documentado que las personas casi nunca salen del sistema de prestaciones de invalidez de larga duración para retomar un empleo (OCDE, 2009). Una vez que la persona con discapacidad se ha afiliado en el sistema de seguridad social, a las instituciones de seguridad social le quedan escasas opciones reactivas en el marco de los programas y las políticas destinadas a los afiliados.

Por lo general, se reconoce que una proporción relativamente pequeña de solicitudes representa una cuantía enorme de los costos de invalidez de larga duración. Este hecho se relaciona claramente con la importante disminución de los resultados del regreso al trabajo cuando la ausencia laboral excede los seis meses de duración. A fin de hacer frente a este importante desafío, las instituciones de seguridad social, en especial los consejos de indemnización de los trabajadores, han introducido medidas especiales como la selección de las solicitudes de indemnización como parte de sus procesos de funcionamiento.

En otras palabras, el único enfoque viable para que una institución de seguridad social aborde de modo proactivo este enigma fiscal y social es influyendo en el entorno del mercado laboral de su competencia de manera que se garantice que la persona víctima de una enfermedad o accidente invalidante, relacionado o no con el trabajo, que le hace correr el riesgo de perder su vínculo con el lugar de trabajo (y muchas consecuencias negativas asociadas), conserve un empleo económicamente viable y sostenible. El camino de las prestaciones sociales al empleo Las personas que han tenido un accidente o padecen una enfermedad y que, por consiguiente, viven con una discapacidad temporal o de larga duración tienen la oportunidad de regresar al mercado de trabajo y de contribuir a la economía por medio de programas de regreso al trabajo. La discapacidad no es una situación estática de larga duración, sino un proceso dinámico que puede cambiar y mejorar si se adoptan las medidas adecuadas. En este sentido, cada institución de seguridad social debe vincular su programa de regreso al trabajo a las estrategias de prevención y los programas de promoción de la salud para ayudar a las empresas a determinar los motivos de las licencias por enfermedad de larga duración y colaborar con ellas para encontrar soluciones que mejoren las condiciones de salud de los trabajadores en una fase temprana, antes de la indemnización. Los seguros de protección social, administrados por instituciones autorizadas por el Estado, deben respetar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). En virtud de la sección 1(k) del Artículo 27, los Estados que han ratificado la Convención deben adoptar programas de regreso al trabajo para mantener la empleabilidad de los trabajadores, evitar la discapacidad de larga duración y garantizar el empleo. Los responsables de las decisiones de las instituciones de seguridad social están bien encaminados si adoptan una iniciativa (o plan de acción) en su organización para disponer de programas de regreso al trabajo eficientes que contribuyan al mismo tiempo al proceso de aplicación de la CDPD en su país.