Los enfoques y los servicios de prevención varían en todo el mundo y reflejan diferentes niveles de desarrollo socioeconómico, distintas políticas y diversos marcos jurídicos.
Debido a que las instituciones de seguridad social son responsables del suministro de prestaciones de desempleo, estas tienen un interés estratégico en contribuir al empleo y a la eficiencia de los mercados laborales. Sin embargo, con demasiada frecuencia, su principal preocupación sigue siendo el suministro reactivo de una prestación en lugar de prevenir activamente en primer lugar la necesidad de prestación.
Un recurso fundamental de las instituciones de seguridad social y de los servicios públicos de empleo, son los datos detallados sobre los desempleados. Estos datos pueden desempeñar un papel importante en la preparación de medidas específicas y activas a nivel sectorial o regional, o para ciertos grupos de trabajadores más vulnerables. Hacen posible señalar las tendencias en áreas de crecimiento de la demanda que pueden fundamentar la disponibilidad de una formación para incrementar la oferta de mano de obra. A la inversa, pueden alertar tempranamente sobre las áreas debilitadas y los trabajadores cuyos puestos de trabajo están en peligro, a los que habrá que prestar una atención especial.
Mediante la inclusión de todos los actores pertinentes, como los interlocutores sociales, los asociados en el ámbito de la educación y la formación, las autoridades públicas y los especialistas en empleo, las instituciones de seguridad social pueden promover una cultura proactiva y el desarrollo de medidas que buscarán mejorar los resultados para el individuo y la empresa, reducir la dependencia y contribuir al crecimiento económico a escala nacional.
Las presentes directrices harán que las instituciones competentes tomen medidas preventivas para evitar el desempleo que permitan reducir la necesidad de prestaciones económicas y servicios de reintegración a largo plazo, y que promuevan carreras más sostenibles y un mercado laboral más inclusivo.