Las instituciones competentes desarrollan y aplican una estrategia integrada para la inclusión activa de las personas excluidas del empleo formal en la que se combinan un apoyo de ingresos mínimos y el acceso a servicios sociales y de empleo de calidad. Las políticas de inclusión activa deberían facilitar la integración a un empleo duradero y de calidad de todas las personas capaces de trabajar, y proporcionar unos ingresos suficientes para aquellos que no puedan hacerlo de manera sostenida. Por ello, las instituciones competentes aseguran que la integración en el empleo no sea obstaculizada por el goce de beneficios de la asistencia social, de modo tal que no se perpetúe la situación de exclusión del mercado de trabajo formal.
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