International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
Durante el período 1998-2007, la mayoría de los gobiernos de Europa central y oriental promulgaron leyes que obligaban a los trabajadores a ahorrar para la jubilación en cuentas individuales de gestión privada. Los gobiernos financiaron estas cuentas asignándoles parte de los ingresos de las pensiones públicas, lo que generó o incrementó el déficit de los regímenes públicos. Tras el inicio de la crisis financiera y económica mundial de 2008, la mayor parte de estos países de Europa central y oriental redujeron estas transferencias de fondos y, por lo tanto, el importe de las cuentas. Una década después de la crisis, este artículo analiza las prestaciones que estas cuentas comienzan a pagar a los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación. Muestra que, en general, estas prestaciones son menos favorables que las pensiones públicas. En algunos casos, las prestaciones se pagan en forma de una única suma de cuantía fija en lugar de pensiones mensuales. La mayoría de ellas no se ajustan periódicamente a la inflación. También se da el caso de que las mujeres perciben prestaciones inferiores a las de los hombres, si bien el saldo de las cuentas es idéntico. En muchos países, los pensionistas titulares de una cuenta individual perciben prestaciones inferiores a las de aquellos que no poseen una cuenta de este tipo. Para no perjudicar a los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación, algunos países de Europa central y oriental les ofrecen la posibilidad de reembolsar el saldo de su cuenta para que puedan percibir la totalidad de la pensión pública. Si bien esta estrategia incrementa la insatisfacción de los trabajadores, también ejerce presión en las finanzas de los regímenes de pensiones públicas. Para ayudar a los titulares de cuentas de pensiones de segundo pilar sin debilitar los regímenes de pensiones públicas, los gobiernos deberían plantear la posibilidad de que el ahorro en una pensión privada sea de carácter voluntario y separar su financiación de la de las pensiones públicas, es decir, garantizar dicha financiación mediante las cotizaciones de los trabajadores y los empleadores, y, de ser posible, mediante la ayuda directa del Estado.
Las estimaciones de la edad efectiva de jubilación utilizadas en los análisis actuariales y para la formulación de políticas suelen basarse en la tasa de actividad de la población de un país. Sin embargo, la transición del empleo a la jubilación, así como el entorno socioeconómico, han evolucionado a lo largo de los años, debido a la creciente importancia de la jubilación progresiva y a las repercusiones de la crisis de 2008 en el mercado de trabajo. En lugar de centrarse exclusivamente en edades de jubilación basadas en las tasas de actividad, este artículo presenta estimaciones complementarias de las edades de jubilación, a fin de evaluar mejor la edad efectiva de jubilación del empleo. También introduce el concepto de la edad de transición de un empleo a tiempo completo a la jubilación parcial a efectos de demostrar que dicha edad es sistemáticamente inferior a la edad de transición del empleo a la jubilación completa. Los resultados revelan que al analizar el empleo efectivo de los trabajadores de edad, se observa que la situación económica ha influido en el incremento de la edad de jubilación. Los resultados se presentan para diferentes países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos durante el período 2005-2015.
En la mayor parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la diferencia de ingresos entre ricos y pobres ha aumentado durante los últimos decenios. En este artículo se analiza en qué medida los impuestos sobre la renta y las transferencias sociales han contribuido a esta tendencia. ¿Ha cambiado con el tiempo el efecto redistributivo de los diferentes programas sociales? Se han utilizado microdatos publicados por el LIS Cross National Data Center (Centro de Datos Transnacional LIS) en Luxemburgo para el período 1982-2014 y se ha estudiado la población total y la población en edad de trabajar. A diferencia de los resultados obtenidos por otros estudios, realizados en particular por la OCDE, no se ha llegado a la conclusión de que la redistribución haya disminuido. Los sistemas fiscales y de prestaciones de alrededor de 2013 lograban reducir de forma más eficaz la desigualdad de ingresos que los sistemas de mediados de los decenios de 1980 y 1990, especialmente en lo que respecta a la población total. Los cambios en los programas sociales no impulsan el aumento de la desigualdad de ingresos en los países objeto de este estudio.
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La cobertura de las pensiones en la Argentina está distribuida de forma desigual entre los diferentes niveles de ingresos, tanto durante los años de trabajo como durante la jubilación. El objetivo de este artículo es estudiar la evolución de la desigualdad de acceso al sistema de pensiones de la Argentina teniendo en cuenta la condición socioeconómica de las personas durante el período 1994–2017. El artículo ofrece una evaluación de cómo variables tales como el sexo, la edad y el nivel educativo influyen en esta desigualdad. Se llega a la conclusión de que, si bien el nivel de cobertura media ha aumentado, la desigualdad de acceso creció de forma considerable en los años posteriores a la reforma de 1994, tanto en lo que respecta a la población activa como a la inactiva. Sin embargo, la desigualdad de acceso de las personas activas no mejoró sustancialmente con la vuelta al sistema de pensiones en base al reparto, aunque sí se redujo de forma considerable para la población inactiva. Si bien se considera que la población activa se ve más afectada en términos de cobertura como resultado de la tendencia que se observa en este grupo a tener un mejor nivel de educación, los resultados relativos a la población inactiva parecen ser consecuencia directa de los planes transitorios de inclusión en sistemas de pensiones, tras lo cual se reanudaría la tendencia ascendente de la desigualdad.
En este artículo se analiza la repercusión de la migración de reemplazo en la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones de vejez del Portugal, país europeo más afectado por el envejecimiento de la población. El análisis se basa en previsiones demográficas y ejercicios de prospección de la evolución de la economía portuguesa. Durante el período 2015-2060, los resultados del estudio muestran los efectos positivos de la migración internacional en el equilibrio financiero de los sistemas de pensiones de vejez, que se sitúa por encima del 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) después de 2045. Por otra parte, aun teniendo en cuenta el poco dinamismo de la economía portuguesa, la migración de reemplazo es una contribución importante a la mejora de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
Si bien las personas con discapacidad suelen ser el objetivo central de la protección social, se sabe poco acerca del acceso de estas personas a los programas existentes. En este artículo se utilizan métodos combinados para estudiar la participación tanto en los programas de protección social centrados en las personas con discapacidad como en los programas sin destinatarios específicos en Viet Nam, en particular en el distrito de Cam Le. En este distrito, el 53 por ciento de las personas con discapacidad tienen acceso a la asistencia social y el 96 por ciento cuenta con un seguro de enfermedad. Sin embargo, pocas personas pueden acceder a un seguro de enfermedad vinculado al empleo o a prestaciones destinadas específicamente a personas con discapacidad (por ejemplo, formación profesional, descuentos en el precio del transporte). Entre los factores que dificultan el acceso se encuentran la accesibilidad al proceso de afiliación, los procedimientos de evaluación de la discapacidad, el conocimiento de los beneficios y la percepción de utilidad de los programas, y la actitud frente a la discapacidad y la protección social.
En este artículo se utiliza un modelo de microsimulación basado en una cohorte compuesta solo de hombres para analizar los efectos intrageneracionales y distributivos de la transición en Estonia de un régimen de pensiones de prestaciones definidas financiadas en base al reparto a un régimen basado en varios pilares con elementos de seguro basados en las cotizaciones y un régimen financiado por capitalización. Este análisis contribuye a la literatura sobre microsimulación al demostrar cómo la introducción de elementos de seguro basados en las cotizaciones y de regímenes de cotización definida obligatorios puede incrementar la desigualdad en el ámbito de las pensiones. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, cuando se observa un alto nivel de desigualdad en los ingresos laborales y un incremento de las tasas del desempleo de larga duración, como en el caso en Estonia, la introducción de una estrecha vinculación entre las cotizaciones y las prestaciones futuras genera un aumento de la desigualdad de los ingresos procedentes de las pensiones, como lo demuestra el coeficiente de Gini. Los resultados de la simulación en el caso de Estonia sugieren que la desigualdad de los ingresos procedentes de las pensiones de vejez es más del doble cuando la reforma se consolida. Sin embargo, la desigualdad disminuye en relación con la tasa de sustitución.
La Agencia Sueca de Seguro Social (SSIA - Försäkringskassan) y su personal de primera línea, desempeñan un papel crucial en la aplicación de las políticas de activación. Sobre la base de la investigación etnográfica realizada en las oficinas locales, este artículo investiga cómo el ideal de transparencia, que forma parte integral de la gobernanza institucional de las políticas de activación, se negocia y pone en práctica en el funcionamiento cotidiano de una oficina de servicios sociales. El análisis muestra el papel central que desempeña el ideal de transparencia en la conformidad del personal de primera línea con las normas de la Agencia. Si bien el ideal de transparencia es fundamental para la vida institucional interna de la SSIA, el análisis muestra que la transparencia es mucho menos relevante en la relación con los afiliados y con el mundo exterior.
Desde adopción de la Estrategia Europea de Empleo en 1997, la asistencia personalizada para el empleo es una prioridad central de la Unión Europea y sus Estados miembros. Sin embargo, hasta la fecha, la investigación empírica sobre la prestación de servicios personalizados a los desempleados ha avanzado poco. En este artículo, se examina cómo las agencias de empleo locales de tres ciudades europeas adaptan el asesoramiento y los servicios a las necesidades de cada solicitante de empleo. Se comprueba que los presupuestos limitados para los servicios y el escaso desarrollo de puntos de contacto institucionales con los proveedores de servicios sociales, tienden a restringir la verdadera personalización de los servicios en la práctica, lo que perjudica a los solicitantes de empleo vulnerables. El asesoramiento personalizado está más extendido, al menos para ciertos grupos de destinatarios. Sin embargo, la capacidad institucional para ofrecer asesoramiento y consejos personalizados para la resolución de problemas varía considerablemente en los diferentes “mundos” existentes en Europa.
A fin de aumentar las posibilidades de integración de los jóvenes en los mercados laborales de las sociedades europeas contemporáneas fundamentadas en los conocimientos, muchas políticas se orientan hacia la inversión en el capital humano que representa la juventud. Habida cuenta de que se da por sentado que los sistemas de aprendizaje facilitan la transición de la escuela al empleo, esta vía parece particularmente prometedora. No obstante, la investigación demuestra que las políticas sociales a menudo no llegan a los miembros de la sociedad más desfavorecidos. El objetivo de este artículo es elucidar los motivos y los mecanismos que provocan este fenómeno, denominado efecto Matthew, a través de un estudio de caso único e integrado de un programa de educación y formación profesional para jóvenes desfavorecidos en Suiza. Los hallazgos resaltan las prácticas de cribado como estrategia de afrontamiento que permite a los trabajadores satisfacer criterios de evaluación estrictos. Una lógica político administrativa impulsada por la asignación presupuestaria, promueve dichas prácticas como medio para generar resultados sólidos, a fin de salvaguardar el apoyo político, y por lo tanto financiero.
Este número temático constituye un aporte a la investigación europea sobre el papel de los servicios de primera línea en la aplicación de las políticas de transición de la asistencia social al empleo. Varios factores ponen de relieve la pertinencia de un estudio de este tipo. En primer lugar, el enfoque de activación y disciplina de los desempleados observado en muchos países, puede parecer similar a primera vista. Sin embargo, un análisis más profundo de estas políticas y de la manera en que se ponen en práctica en diferentes contextos, revela muchas e interesantes diferencias. Si bien todas contienen ciertos elementos disciplinarios y coercitivos, también incorporan, en distinto grado, elementos destinados a mejorar las competencias, construir el capital humano y proporcionar otros tipos de apoyo para promover la participación en el mercado laboral. A su vez, estas políticas se aplican a tanto a las técnicas de procesamiento de personas como a las de cambio de personas, utilizadas para diferentes aspectos de su puesta en práctica. Además, la evolución de las políticas ha extendido gradualmente el grupo de clientes afectados por las mismas, por ejemplo, los desempleados de difícil inserción en el mercado laboral, y lo ha tornado más heterogéneo. Por último, se ha observado una sólida convicción política en el hecho de que el uso de sanciones punitivas genera efectos positivos. La investigación corrobora este argumento en el caso de los clientes con alta empleabilidad y escasos problemas más allá del desempleo pero no es tan concluyente en el caso de los clientes de difícil colocación y con graves problemas. El recurso a sanciones punitivas u otras medidas disciplinarias o coercitivas en el trabajo de primera línea ha provocado controversias y resistencia. Con el fin de comprender mejor las políticas de transición de la asistencia social al empleo, se deben analizar más detenidamente los lugares donde estas políticas se han convertido en realidad para el grupo destinatario.
Si bien los responsables de las políticas y los académicos han prestado cada vez más atención a la innovación y al desarrollo de conocimientos basados en la colaboración entre organismos y trabajadores de primera línea y otros interesados, como ciudadanos e investigadores, la investigación empírica no se ha centrado en la evaluación (variable), por parte de los colaboradores, sobre qué conocimientos conviene desarrollar a este respecto. En este artículo, se examinan dichas evaluaciones de los conocimientos recurriendo a un estudio de caso comparativo sobre dos proyectos locales de innovación realizados por la Administración Noruega del Trabajo y Bienestar Social (NAV) en el marco de un programa cuadrienal de innovación de servicios. Aunque respondieron a la misma convocatoria, los proyectos supusieron el desarrollo de dos tipos de conocimientos muy distintos: uno basado en la práctica y otro en los resultados de la investigación. En el artículo se demuestra que, si bien el primer tipo de conocimientos era controvertido y difícil de traducir en la práctica, el segundo generó pocas dificultades (o ninguna) y se aplicó a una escala relativamente grande. Estos dos proyectos apuntan a la posible existencia de una jerarquía de conocimientos en los servicios sociales y de empleo, donde las formas de los conocimientos y los métodos basados en los resultados de la investigación, se consideran más legítimas y apropiadas que las formas de conocimientos que ocupan un lugar inferior en la jerarquía. Se examinaron en el artículo los motivos y las consecuencias de esta aparente jerarquía de conocimientos para el trabajo de primera línea en los servicios sociales y de empleo.
El Reino Unido, en tanto que Estado de bienestar liberal ejemplar, se considera como un país a la vanguardia de las políticas de activación con el programa de empleo "Work First" (“El trabajo primero”), por su alto grado de obligatoriedad y sus servicios de empleabilidad normalizados que tienen como objetivo el paso de las personas beneficiarias de la asistencia social al empleo con la mayor rapidez posible. Sin embargo, a pesar de la extensión de los programas de prestaciones sociales condicionales a grupos excluidos como las familias monoparentales, los programas de empleo basados en “Work first”, administrados por el gobierno, a menudo no han ayudado eficazmente a los más vulnerables a salir de la pobreza o simplemente a progresar en el mercado laboral. Argumentamos que otros enfoques fundamentados en la coproducción y en la innovación social, pueden ser más exitosos. Nos basamos en un estudio de los servicios locales destinados a las familias monoparentales y establecidos gracias a alianzas entre el sector público y el sector terciario en cinco localidades de Escocia. Nuestra investigación constata un vínculo entre la gobernanza y la gestión del programa (resultante de la gobernanza común y del trabajo colaborativo) y la coproducción de servicios sociales sobre el terreno que generan beneficios en materia de innovación social y de empleabilidad. Nos basamos en 90 entrevistas con familias monoparentales y más de 100 entrevistas con proveedores y trabajadores sobre el terreno, para determinar los factores relacionados con resultados sociales y de empleabilidad positivos. En conclusión el artículo extrae posibles lecciones para la gobernanza y la prestación de servicios a grupos vulnerables en el futuro.
Los Estados miembros de la Unión Europea cuentan con sistemas de pensiones de la seguridad social muy diversos en cuanto a los tipos de regímenes y prestaciones ofrecidos, las características redistributivas, el método y las fuentes de financiación adoptadas. Además, el papel del Estado como garante de la jubilación en la vejez varía considerablemente en toda la UE. De acuerdo con el marco del Sistema Europeo de Cuentas 2010, las obligaciones en materia de pensiones de los regímenes de pensiones de la seguridad social de la UE, se comunican ahora en la tabla 29, usando el método de los pasivos acumulados hasta la fecha. Este método no permite evaluar la sostenibilidad financiera de los regímenes de seguridad social, generalmente financiados por el reparto o por la capitalización parcial, ni la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, si bien los regímenes de pensiones contributivos de la seguridad social, con o sin elementos no contributivos, están incluidos en la tabla 29, los regímenes de seguridad social no contributivos, en principio, están excluidos. Este artículo sugiere cómo mejorar la transparencia y la comparabilidad de los resultados de la tabla 29 entre países de la UE, gracias a la divulgación de información adicional que permite evaluar la situación financiera de los regímenes de pensión contributivos de seguridad social, teniendo en cuenta no sólo el método de financiación adoptado, sino también el tipo de prestaciones otorgadas. Desde una perspectiva de políticas, esa información adicional garantizaría que no se promuevan ciertos tipos de regímenes de seguridad social en la UE y que se aclare y mejore la eficacia del papel del Estado en la financiación de los regímenes de pensiones de la seguridad social.
Este artículo presenta informaciones sobre las consideraciones y los desafíos metodológicos y de estimación desde una perspectiva actuarial y de políticas de seguridad social y remite a los trabajos recientes de valuación actuarial. El objetivo es contribuir a la discusión mundial para mejorar la transparencia de la información sobre los pasivos financieros de los regímenes contributivos de seguridad social vinculados con el empleo, ya que el Estado suele garantizarlos siguiendo las normas de financiación de la seguridad social, como los enfoques del reparto y de la capitalización parcial. El artículo respalda el compromiso de la profesión actuarial y de los expertos en contabilidad nacional y estadísticas de finanzas públicas a favor del suministro de una orientación más clara a los gobiernos nacionales para presentar una descripción justa y precisa de la situación financiera de sus regímenes de seguridad social con el debido reconocimiento imparcial del enfoque de políticas de seguridad social adoptado por el país en cuestión. Si bien el reflejo de la situación financiera de los regímenes de seguridad social que garantizan prestaciones de larga duración pagaderas de por vida es más importante en lo relativo a sus posibles repercusiones en las finanzas públicas, al adoptar una metodología de valuación e indicadores se deberá velar por que carezcan de sesgos o distorsiones en la interpretación de la situación financiera. A este respecto, persisten los desafíos y existe un amplio margen para perfeccionar las metodologías y adoptar enfoques contables coherentes que abarquen decisiones de políticas relativas a la financiación.
El artículo describe el papel del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB), en el establecimiento de normas contables para el sector público y el debido proceso aplicado a tal efecto. El artículo explica el alcance del proyecto actual del IPSASB sobre prestaciones sociales y cómo se compara con el alcance de las prestaciones sociales en las estadísticas de finanzas públicas o en el sistema de cuentas nacionales y los proyectos de prestaciones sociales anteriores al IPSASB. Su alcance va más allá de las pensiones y de la seguridad social ya que también incluye a la asistencia social. Se examinan los principios de contabilidad subyacentes al proyecto actual del IPSASB, que incluyen la definición de pasivo del IPSASB y el papel decisivo que desempeña un "evento pasado" en la definición, y se comparan con algunos enfoques actuariales. A continuación, el artículo describe los eventos pasados potenciales que el IPSASB ha considerado hasta la fecha en el proyecto, y la incidencia que tendrían los pasivos de estos eventos pasados en los estados financieros. Esta comparación hace referencia a las pensiones, en las que la incidencia financiera de diferentes eventos pasados será la más importante. El artículo describe las propuestas del IPSASB en su reciente Proyecto de Norma ED 63, Prestaciones Sociales, y examina la opinión divergente de tres miembros en lo relativo al reconocimiento y la evaluación. El artículo concluye con un análisis de la orientación actual de las Directrices de Práctica Recomendada 1 del IPSASB, Información sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de una entidad, y señala que el IPSASB busca opiniones sobre si cabe seguir trabajando en este ámbito.
Los procesos utilizados para evaluar la sostenibilidad financiera del Plan de Pensiones de Canadá (CPP) y los informes correspondientes son reconocidos internacionalmente como "mejores prácticas". En el contexto del debate internacional y multidisciplinario sobre la metodología más apropiada para evaluar los activos y las obligaciones de la seguridad social e informar sobre ellos, la experiencia y las prácticas de Canadá ofrecen importantes lecciones en materia de políticas. El artículo analiza los activos y las obligaciones del CPP utilizando diferentes metodologías de balance actuarial, a saber, de grupo abierto y de grupo cerrado. Concluye que los balances de grupo cerrado, con y sin metodologías de acumulación de prestaciones futuras, no reflejan la naturaleza del enfoque de capitalización parcial del CPP, según el cual las cotizaciones futuras representan una importante fuente de financiación de los gastos futuros. Así, no es apropiado llegar a una conclusión con respecto a la sostenibilidad financiera del Plan considerando sólo los déficits de activos determinados de acuerdo con la metodología de grupo cerrado con y sin balances de acumulación futura. El artículo afirma que el cálculo de los activos y obligaciones del Plan utilizando el enfoque de grupo abierto proporciona información que refleja adecuadamente cómo los entornos demográficos y económicos cambiantes inciden en la sostenibilidad a largo plazo del CPP. Por el contrario, el enfoque de grupo cerrado sin balances de acumulación futura puede proporcionar información incompleta o incluso engañosa. Por último, el artículo examina los enfoques utilizados, incluidos los informes actuariales y financieros, para dar cuenta de la situación financiera del CPP y destaca el enfoque de divulgación exhaustiva adoptado para los informes anuales del CPP y las cuentas públicas de Canadá.
La comunidad estadística internacional muestra un interés creciente por los pasivos de los sistemas de pensiones y de seguridad social. El Sistema de Cuentas Nacionales 2008, incentiva a los países a proporcionar información detallada en una tabla complementaria sobre las pensiones. El Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI, también alienta a informar sobre los balances del sector público como parte de la deuda pública y la Unión Europea ha conferido el mandato para que todos los Estados miembros compilen estimaciones de los pasivos acumulados hasta la fecha por todas las pensiones, incluidas las pensiones del sector público y de los regímenes de seguridad social. Los pasivos acumulados por las pensiones del sector público, que a menudo son de prestaciones definidas y financiadas por el reparto o por la capitalización parcial, pueden ser muy grandes en algunos países, estar sujetos a un importante escrutinio del público y/o ser mal interpretados o usados equivocadamente. El artículo comienza revisando los requisitos actuales, la disparidad y la ambigüedad en las normas actuariales y contables existentes. Luego, menciona las oportunidades de "arbitraje contable", en virtud del cual los países pueden proporcionar prestaciones similares de forma diferente para no colocar estos pasivos de las pensiones en el balance público o evitar la divulgación requerida de los pasivos de las pensiones. El artículo indica que los pasivos acumulados por la seguridad social y los programas públicos de pensiones tienen poco o ningún significado, no proporcionan información sobre la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones de un país, ni información útil para comparar planes de pensiones entre países. Afirma que la mejor manera de estimar la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones financiados por el reparto o por la capitalización parcial es la brecha financiera y que esta estimación de la sostenibilidad fiscal mediante un "grupo abierto" debe publicarse junto con los pasivos acumulados hasta la fecha y con información sobre las tasas de cobertura, los índices de sustitución y los gastos en porcentaje del PIB. El artículo concluye señalando que los gastos en pensiones como porcentaje del PIB probablemente sean la mejor medida para la comparación entre países.
Este artículo se basa en el documento de principios del Comité de Seguridad Social de la Asociación Actuarial Internacional (IAA) y contiene comentarios sobre las obligaciones de evaluación y comunicación de los sistemas de jubilación de la seguridad social, así como propuestas de los requisitos de divulgación apropiados, para que las organizaciones nacionales e internacionales las consideren al elaborar normas de divulgación de información sobre los sistemas de jubilación. El artículo argumenta que el método para evaluar y comunicar las obligaciones debe estar en consonancia con el método de financiación de los sistemas de jubilación. En particular, los sistemas de jubilación financiados por el reparto o por la capitalización parcial, deben aplicar un método de grupo abierto para evaluar y comunicar las obligaciones actuariales. Sólo los sistemas de jubilación que aspiran a una capitalización plena deben recurrir a un método de grupo cerrado ya que no son análogos a los grandes planes de pensiones del sector privado. En la mayoría de los sistemas de jubilación financiados por el reparto y por la capitalización parcial, la contabilización de las obligaciones sobre una base de grupo cerrado denotaría enormes pasivos actuariales no capitalizados que el público general podría no entender y que lo incitaría equívocamente a pasar a sistemas de capitalización plena. Las metodologías utilizadas para la elaboración de informes contables y/o estadísticos deberían permitir la evaluación precisa de la sostenibilidad financiera a largo plazo de cualquier sistema de jubilación sin sesgos a favor o en contra de un enfoque de financiación particular. El artículo expresa una preferencia por la evaluación de la sostenibilidad de un sistema de jubilación, más que por la evaluación de su nivel de financiación. Un sistema de jubilación financiado por la capitalización plena en la actualidad puede no ser sostenible, mientras que un sistema financiado en su totalidad por el reparto puede ser sostenible. Cuando exista el requisito de divulgar obligaciones sobre una base de grupo cerrado, la información deberá completarse con un análisis de grupo abierto, conciliaciones y explicaciones apropiadas (es decir, un enfoque de divulgación múltiple).
En un contexto de creciente transparencia en el diseño y la financiación de los regímenes de seguridad social, la evaluación de las consecuencias financieras de las promesas hechas a los jubilados actuales y futuros de los sistemas de pensiones de la seguridad social, se ha convertido en una cuestión decisiva. El papel central que desempeñan los actuarios en la evaluación financiera de los sistemas de seguridad social significa que el debate sobre los métodos y las hipótesis aplicables en ese ejercicio es de interés para todos los actuarios, tanto para quienes utilizan su trabajo como para quienes toman decisiones basadas en el mismo. Este debate parece más bien técnico en teoría pero su incidencia es en realidad mucho más amplia. La discusión sobre cómo evaluar las consecuencias de las promesas hechas por los sistemas de seguridad social a las poblaciones presentes y futuras, afectará las decisiones relativas a las principales características de los sistemas, en particular el contrato social entre generaciones. Esta discusión también alimenta el debate sobre la sostenibilidad, la equidad generacional e intergeneracional, la idoneidad de las prestaciones y la solidez de los sistemas, es decir, la manera en que los futuros cambios en el entorno económico y demográfico los afectarán. Este artículo introductorio analiza la importancia de este tema, teniendo en cuenta las consecuencias para los actuarios, los responsables de las políticas y otras partes interesadas, y resume a continuación los siete artículos sustantivos que integran el número especial. Estos artículos reflejan distintos puntos de vista y diferentes experiencias y entornos, lo cual les confiere más valor como contribución a este importante debate. Por último, esta introducción define el contexto para el lector: garantizar que los aspectos técnicos de los artículos se consideren dentro del marco más amplio del suministro y la financiación de la seguridad social.