International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
En este artículo se analizan las prácticas actuales para proporcionar protección social a los refugiados y los migrantes, y la atención se centra sobre todo en los países de destino de ingreso bajo y mediano. Se estudian los proveedores formales de protección social, como las instituciones estatales, los organismos de desarrollo y las organizaciones humanitarias. En los últimos años ha aumentado la financiación de donantes multilaterales, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19, lo que ha traído consigo el establecimiento de programas de asistencia nacional en los países de ingreso bajo y mediano que también incluyen a los refugiados y, en menor medida, a los trabajadores migrantes. Los organismos internacionales desempeñan un papel crucial para proporcionar asistencia humanitaria en efectivo a los refugiados, dado que se encuentran amparados por la protección internacional prevista en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y los protocolos relacionados. El acceso al seguro social sigue vinculado al empleo formal. Los derechos de seguro social de los migrantes suelen estar limitados y, por lo general, en los países de ingreso bajo y mediano se excluye a los refugiados de los trabajos formales. En lo que respecta a las intervenciones en el mercado de trabajo, los refugiados y los migrantes suelen quedar fuera de los programas nacionales, y los permisos de residencia de los migrantes dependen a menudo del empleo. En cuanto a los refugiados, los organismos internacionales desempeñan un papel importante en el suministro de programas de medios de vida encaminados a mejorar las oportunidades de generación de ingresos y a contribuir a la inclusión económica y a la independencia financiera. Sin embargo, la eficacia de estas intervenciones sigue sin estar clara, ya que no hay pruebas rigurosas, y con frecuencia se llevan a cabo a corto plazo debido a la cobertura limitada.
La migración es un fenómeno complejo que tiene consecuencias notables para el acceso de los trabajadores migrantes a una protección social, así como para los sistemas de seguridad social de los países de origen y de destino. A medida que el número de migrantes continúa creciendo en todo el mundo, los responsables de la formulación de políticas se enfrentan a multitud de desafíos a la hora de adaptar los programas de protección social para satisfacer las necesidades de una población cada vez más diversa. En este artículo se analiza la relación entre la migración y la protección social, y se presentan las cuestiones y tendencias principales que han surgido en los últimos años. Asimismo, se estudia la repercusión de la migración en los sistemas de seguridad social, tanto de los países de origen como de los de destino, y se señalan las formas en las que los modelos migratorios pueden crear oportunidades y desafíos para estos sistemas. También se presenta un resumen sobre las medidas y las deficiencias en materia de protección social en los países seleccionados y se considera la necesidad de que los responsables de la formulación de políticas tengan en cuenta las necesidades y circunstancias particulares de la población migrante. Además, se analiza el papel de la cooperación internacional para abordar dichos desafíos y oportunidades de protección social que plantea la migración, y se examinan algunas de las tendencias e innovaciones que han surgido para respaldar la gobernanza de los regímenes de protección social, que pueden ser de ayuda para resolver parte de los desafíos jurídicos y prácticos a los que se enfrentan los trabajadores migrantes y las instituciones de seguridad social. En el artículo se destaca la necesidad de comprender la compleja relación entre la migración y la protección social de cara a redactar políticas y programas que respondan a las necesidades de todos los miembros de la sociedad, con independencia del país de origen o de la situación migratoria, así como la importancia de que haya una administración de calidad y una buena gobernanza para poder adoptar con eficacia las medidas de protección social. Para respaldar los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos en la Agenda 2030, se hace un llamamiento para mantener un diálogo y una colaboración constantes entre los responsables de la formulación de políticas y las partes interesadas, a fin de garantizar que los sistemas de seguridad social sean equitativos, eficaces, inclusivos y sostenibles en un mundo cada vez más globalizado.
En la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño se recogen los derechos de todos los niños, como el derecho a beneficiarse de la seguridad social y el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es el tratado de derechos humanos que más se ha ratificado hasta la fecha. Sin embargo, se sigue privando de sus derechos a millones de niños, quienes también se enfrentan a una situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, simplemente por estar desplazados a nivel interno o transfronterizo. Sobre los niños recae la mayor carga de los desplazamientos, pese a no ser responsables de sus causas. Esta realidad pone de manifiesto que hay una gran parte de la población que “se está dejando atrás”, lo que supone una amenaza para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que forman parte de las iniciativas internacionales encaminadas a terminar con la pobreza y conseguir que todas las personas disfruten de paz y prosperidad. En este artículo se aboga por unos sistemas de protección social inclusiva para los niños desplazados, para lo que se ponen de relieve las dificultades a las que se enfrentan, se resaltan los posibles beneficios de la protección social y se evalúa el estado actual de la protección social inclusiva de este grupo vulnerable. A partir de las enseñanzas extraídas de la experiencia de UNICEF en distintos contextos de refugiados y de desplazamientos internos en el Brasil, Etiopía, Eslovaquia y Turquía, en este artículo también se ofrecen recomendaciones para reforzar los sistemas de protección social inclusiva diseñadas específicamente para cumplir las necesidades humanitarias y de desarrollo de los niños desplazados.
En este artículo se analizan los factores que influyen en la extensión de la protección social a los trabajadores migrantes en la región del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG). Pese a las señales que indican que está surgiendo un nuevo impulso para las reformas, consideramos que históricamente las reformas para colmar las deficiencias en la cobertura legal de protección social se han visto obstaculizadas por el propio diseño del sistema de migración, por ejemplo porque se asume que la migración es a corto plazo o por la dependencia excesiva de las prestaciones que ofrece el empleador. Además, la economía política de la región da lugar a un mercado de trabajo segmentado, a derechos de protección social tanto para los trabajadores nacionales como para los migrantes, así como a la existencia de canales limitados para la representación de los trabajadores migrantes. Aunque se están creando nuevos mecanismos, los sistemas de solución de conflictos laborales y los sistemas judiciales suelen ser insuficientes para proteger a los trabajadores y a sus familias cuando no se abonan las prestaciones. En la práctica, los obstáculos burocráticos, financieros, lingüísticos y geográficos dificultan también el acceso de los trabajadores migrantes a la protección social. El artículo concluye con los principales efectos en materia de políticas, entre los que figuran medidas para: elaborar disposiciones legales exhaustivas, que estén en consonancia con las normas y principios internacionales, así como con el compromiso de no dejar a nadie atrás y de garantizar la protección social para todas las personas, según se prevé en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible; hacer frente a los obstáculos que surgen en la práctica, a los desequilibrios de poder y a las deficiencias en materia de divulgación, supervisión y aplicación; y fortalecer el diálogo y la colaboración entre todos los actores, incluido el CCG, los gobiernos del país de origen, los empleadores, los trabajadores y las demás partes interesadas que defienden los derechos de los trabajadores migrantes.
Este artículo sobre la extensión de la cobertura de protección social se centra en los refugiados, según la definición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Nuestro enfoque con respecto a esta cobertura se basa en los pilares de la asistencia de salud y de la protección social, que combinados proporcionan el fundamento y la base jurídica de la cobertura. Las prestaciones de protección social que deben cubrirse son los servicios de salud integrales, cuyo acceso está garantizado sin condiciones; se trata, por ejemplo, del pago de cotizaciones previas o de la duración de la residencia. Los refugiados son personas vulnerables, que han huido de zonas de conflicto o han sufrido persecución o amenazas personales. Están conmocionados por la pérdida de miembros de su familia, de amigos, de propiedades, de medios de vida y del apoyo social y cultural que tenían. Algunas de estas personas también han sufrido daños antes de ser rescatadas y evacuadas, y necesitan una asistencia adicional. Algunas pueden tener enfermedades crónicas y necesitar medicamentos a los que ya no tienen acceso; otras, pueden tener enfermedades transmisibles, como la tuberculosis, y es posible que los niños no hayan recibido las vacunas previstas en el calendario de vacunación obligatorio. Los refugiados son vulnerables a contraer infecciones nuevas y reemergentes, tal como se observó con la pandemia de COVID-19. Si bien este artículo se centra en la prestación de atención de salud, se analizan también los determinantes sociales de la salud, como el acceso a la educación, un empleo con unas condiciones de trabajo decentes y la existencia de un entorno seguro. Se presta especial atención a la cobertura que ofrecen las autoridades y las instituciones nacionales, y a las modificaciones legislativas para poder otorgar derechos a los no ciudadanos, y se presentan ejemplos nacionales. La experiencia ha demostrado que la cobertura es factible con el apoyo y el asesoramiento de organizaciones y asociaciones internacionales y locales, así como con la aceptación por parte de las instituciones de protección social existentes de las ventajas de extender la cobertura a nuevos miembros. Este artículo está en consonancia con el principio y el compromiso de “no dejar a nadie atrás” previstos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2023 de las Naciones Unidas.
ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, tiene el mandato de salvar la vida de millones de personas desplazadas por la fuerza y de personas apátridas, así como de construir un futuro mejor para ellas. En este artículo se detallan las funciones encomendadas a ACNUR en lo relativo a los grupos de población desplazada y la naturaleza de los desafíos humanitarios y de desarrollo humano a los que se enfrenta la comunidad internacional. En este aspecto tan importante, resultan fundamentales los objetivos que se incluyen en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en la Alianza Mundial para la Protección Social Universal para extender la cobertura de protección social y no dejar a nadie atrás.
Este número especial de 2023 de International Social Security Review contribuye al importante debate sobre el propósito de la comunidad internacional de no dejar a nadie atrás, que se consagra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible las Naciones Unidas, y analiza esta cuestión desde la perspectiva de la extensión de la cobertura de seguridad social. En particular, en este número especial se examinan los derechos a la seguridad social de determinados grupos de población a los que el programa de trabajo actual de la Asociación Internacional de la Seguridad Social da prioridad, como las poblaciones desplazadas, en las que los niños representan un porcentaje significativo, y los trabajadores migrantes internacionales. La elección de este tema refleja el deseo de recopilar, analizar, enriquecer y divulgar conocimientos que permitan forjar un consenso más sólido a fin de contribuir de forma eficaz a la consecución de una cobertura de seguridad social para todos.