Los regímenes de protección contra el desempleo no están suficientemente desarrollados en la región de Asia y el Pacífico, ni en cualquier otra parte del mundo. Ahora bien, se están produciendo avances para extender y mejorar la cobertura, y la pandemia de COVID-19 ha acelerado algunos de ellos. En el presente artículo se presentan tendencias generales y buenas prácticas concretas de las instituciones miembros de la región.

Los sistemas de seguridad social de la región de Europa tienen un historial de promoción del crecimiento inclusivo y la cohesión social. Además del seguro social de los trabajadores, los sistemas suelen abordar la pobreza económica y sus causas profundas por medio de transferencias de ingresos y asistencia social financiadas con cargo a los impuestos. En cuanto a la protección social, resulta prioritario adoptar un enfoque que abarque toda la vida, especialmente para los sistemas integrales de la región. En términos generales, la protección social en Europa mitiga los riesgos desde el nacimiento hasta el inicio de la vida laboral, además de en el trabajo y durante los periodos de desempleo, incapacidad para trabajar o cuando ya no se puede seguir trabajando.

El acceso efectivo a una protección social adecuada desempeña un papel fundamental en la promoción del desarrollo sostenible, la cohesión social y la resiliencia socioeconómica. Partiendo de esta constatación, a lo largo de los últimos decenios, los gobiernos africanos han reiterado su compromiso con la ampliación del alcance y la extensión de la cobertura de seguridad social a la gran mayoría de la población del continente. Sin embargo, las tasas de cobertura efectivas siguen siendo generalmente bajas y varían de un país a otro, y entre las distintas ramas de la seguridad social, debido al bajo porcentaje de la fuerza de trabajo que forma parte de la economía formal (OIT, 2017).

Más de un año después del inicio de la pandemia de COVID-19, la puesta en marcha de medidas para colmar las brechas en la cobertura de la seguridad social tanto nuevas como existentes, debidas a importantes perturbaciones en el mercado de trabajo, sigue ocupando un lugar central en las políticas de los gobiernos para minimizar los efectos negativos de la crisis y proteger los medios de vida de las personas.

Desde hace más de un año, el brote de COVID-19 desestabiliza las economías y los sistemas de seguridad social de todo el mundo. El presente artículo se centra en las medidas adoptadas para garantizar los medios de subsistencia de las personas cuya relación laboral se ha visto interrumpida.

El cierre de los centros de cuidado infantil y las escuelas a causa de las medidas de confinamiento adoptadas a raíz de la pandemia de COVID-19 ha supuesto una carga importante para las familias, tanto para los niños como para sus progenitores, y especialmente para las madres. La pandemia ha vuelto a poner de manifiesto que las mujeres se ocupan mayoritariamente del cuidado de los niños y de las tareas domésticas, lo que plantea de nuevo las importantes cuestiones de la igualdad de género, los derechos de las mujeres a la seguridad social y su seguridad financiera y bienestar general (Doucet, Mathieu y McKay, 2020, p. 277).

La inversión de los fondos de reserva de la seguridad social, cuyo propósito inicial era salvaguardar el valor de los activos financieros y garantizar la viabilidad financiera y la sostenibilidad a largo plazo de los regímenes de pensiones, se ha convertido en una de las operaciones más importantes de la administración de la seguridad social. Originalmente, las decisiones en materia de inversiones dependían principalmente de la búsqueda de capitales por parte de los inversores y se guiaban por los principios fundamentales de seguridad, liquidez y rendimiento, prestando especial atención a los instrumentos y los mercados financieros (Cichon y otros, 2004).

En todo el mundo, la pandemia de la COVID-19 revela las deficiencias de la cobertura de seguridad social. Los efectos de la crisis son particularmente graves en los países de ingresos bajos y medios, donde muchos trabajadores, en especial los del sector informal, no tienen acceso a ningún tipo de protección social. La crisis ha llevado a los gobiernos a establecer nuevas prestaciones de seguridad social con carácter de emergencia dirigidas a los grupos sin cobertura y a adoptar medidas rápidas de ampliación de los regímenes de seguridad social existentes para proteger a los grupos de población que están cubiertos, pero se consideran particularmente vulnerables.

En Europa, debido a la segunda ola del coronavirus, se han vuelto a introducir medidas de distanciamiento físico, restricciones de la actividad económica, el teletrabajo, toques de queda y confinamientos desde el mes de septiembre. Sin saber a ciencia cierta cuánto durará la crisis sanitaria y qué efectos colaterales tendrá en la economía, los gobiernos han evaluado de nuevo la situación de las prestaciones y medidas de seguridad social introducidas desde el inicio de la pandemia.

Los regímenes de desempleo parcial, también llamados en ocasiones regímenes de trabajo de jornada reducida, son uno de los principales mecanismos para reducir tanto el nivel de desaceleración económica brusca como sus repercusiones sociales y del mercado de trabajo. Tal y como indicó la AISS en marzo, estos regímenes, que permiten a los empleadores reducir de manera flexible los horarios de trabajo y la pérdida de ingresos se compensa con un seguro de desempleo, se ampliaron o se aplicaron por primera vez a gran escala poco después de la irrupción de la crisis del coronavirus. En muchos casos, resultaron  una medida esencial para amortiguar la crisis económica derivada de las restricciones impuestas por el confinamiento.