Resulta difícil individualizar los desarrollos y tendencias en la seguridad social en una región tan basta y diversa como las Américas. Las instituciones de la región actúan en contextos muy variados que presentan diferencias en los niveles de ingresos, las trayectorias políticas y demográficas, las ubicaciones geográficas y las capacidades generales de los Estados. A pesar de esta diversidad, las instituciones de seguridad social comparten el objetivo de ayudar a hacer efectivo el derecho universal a la seguridad social de manera progresiva, mediante el suministro eficaz de una protección integral y adecuada a la población a la que sirven.
Más de tres años después de que la pandemia de COVID-19 y la primera ola de confinamientos conmocionaran al mundo, las instituciones de seguridad social de las Américas han tratado tanto de estabilizar como de fortalecer sus servicios para responder a los desafíos presentes y futuros. Los retos a los que se enfrentan son sumamente complejos, a saber, el cambio climático y los desastres naturales, el envejecimiento de la población, los desafíos emergentes de salud pública, el aumento notable de la migración en algunas partes del continente, crisis geopolíticas y una rápida transformación del mundo del trabajo.
Estos desafíos pueden ejercer presiones contrapuestas sobre los gobiernos y las instituciones de seguridad social. Por ejemplo, la pandemia de COVID19 y las restricciones de movilidad , presionaron a los sistemas de protección social para ampliar su alcance al mismo tiempo que debían reducir la atención al público. Los nuevos riesgos económicos y sociales exigían una atención urgente, pero la crisis también puso a prueba los recursos mundiales y nacionales disponibles para responder, especialmente en los años posteriores a las respuestas de emergencia iniciales.
Asimismo, las instituciones de seguridad social de la región se han visto presionadas para mejorar el alcance, la adecuación y la accesibilidad de los sistemas en el contexto de mercados de trabajo cambiantes y una informalidad persistente, donde la presión demográfica debida al envejecimiento de la población restringe los recursos disponibles para realizar dichas mejoras. Por último, abordar un reto polifacético y multinacional como la migración exige prestar atención a las repercusiones en los sistemas de protección de los países de acogida y de origen. Como tal, requiere una compleja coordinación transfronteriza e institucional para resolver los problemas de forma colectiva, de manera que se satisfagan las necesidades de todas las partes al tiempo que se protege el derecho fundamental de los migrantes a la seguridad social.
La manera en que los sistemas de seguridad social responden a estos retos múltiples y superpuestos-ya sea mediante la adopción o la modificación de políticas y legislación o mediante la introducción de soluciones administrativas innovadoras-puede tener un impacto importante en las vidas de las personas a las que los sistemas deben proteger. En toda la región, las reformas de políticas se han centrado en lograr un equilibrio entre la extensión de la cobertura (incluyendo la mejora de la adecuación y el acceso) y la preservación de la sostenibilidad.
La cobertura sanitaria universal sigue siendo una prioridad fundamental en la región, al igual que garantizar que los lugares de trabajo sean entornos seguros y saludables.. El seguro de desempleo ha ocupado un lugar destacado en la agenda de varios países centroamericanos para proteger a los trabajadores en un nuevo mundo del trabajo, mientras que los esfuerzos por abordar las realidades específicas de los trabajadores de plataformas y otros grupos de difícil cobertura han ocupado un lugar central en países como Argentina, Chile y Canadá. Los esfuerzos para hacer frente a los retos financieros y fiscales actuales, ya sea mediante el aumento de la edad de jubilación, el aumento de las cotizaciones, o el desarrollo de herramientas y estrategias de gestión de riesgos financieros, se extienden de manera similar por toda la región.
Las Américas es también una región conocida por la innovación en el uso de tecnologías y la gestión de la información. Las instituciones de toda la región han capitalizado su capacidad para desarrollar soluciones tecnológicas, apoyadas en un mayor uso de Internet generado por las medidas para hacer frente a la COVID-19, para desarrollar soluciones prácticas que aceleren las transformaciones digitales en la seguridad social. Muchos de estos proyectos de transformación digital se han institucionalizado plenamente, proporcionando estrategias de gobernanza digital para mejorar la forma de trabajar de las instituciones y favorecer un enfoque de la protección social más “centrado en las personas”.
Además de hacer frente a los riesgos y oportunidades nuevos o emergentes, los sistemas e instituciones de seguridad social no deben perder de vista lo esencial: la labor fundamental de atender los riesgos cotidianos relacionados con el ciclo de la vida. Acompañar a las personas a lo largo de las transiciones vitales clave, “desde la cuna hasta la tumba” - garantizando que las prestaciones y los servicios adecuados se proporcionen sin fisuras, siempre que se necesiten- sigue siendo el principio organizativo más sólido y la motivación de las instituciones de seguridad social en las Américas. En definitiva, para construir instituciones de seguridad social resilientes y sostenibles en la región es necesario invertir continuamente en promover la resiliencia y la productividad de las personas y las sociedades, ofreciéndoles la seguridad de ingresos y de salud que les permita planificar, asumir riesgos y prosperar.
La publicación Desarrollos y tendencias de la seguridad social – Américas 2023 está compuesta por los capítulos siguientes:
La presente publicación es uno de los cuatro informes regionales publicados en el trienio 20232025 en los que se presenta una perspectiva regional de los desarrollos y tendencias en la seguridad social, se definen los desafíos y se destacan las innovaciones. A estos informes seguirá un informe mundial que se presentará en el marco del Foro Mundial de la Seguridad Social de 2025. Los informes se presentan en un formato web interactivo, que permitirá a los miembros de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) consultar el contenido con comodidad y facilitará el intercambio de conocimientos. También se publicará una versión en formato PDF a modo de apoyo.
Como sucede en muchas regiones, los sistemas de seguridad social de las Américas se enfrentan a un reto doble. Por un lado, la región deben mejorar el alcance, la suficiencia y la accesibilidad del sistema de protección social y, por el otro, deben hacer frente a los problemas de sostenibilidad que plantean el envejecimiento de la población y el aumento de la tasa de dependencia. Además, la región se está recuperando de la pandemia de COVID 19, que puso de relieve las fortalezas y debilidades de los sistemas de seguridad social existentes. A fin de gestionar las debilidades detectadas, muchos países de la región han iniciado reformas de sus políticas.
Las reformas pueden agruparse en seis tendencias principales: i) introducir las prestaciones de seguro de desempleo; ii) introducir las pensiones sociales o incrementar su valor; iii) extender la cobertura o mejorar la accesibilidad; iv) mejorar la sostenibilidad de las pensiones de seguro social; v) fomentar carreras profesionales más largas; y vi) mejorar la suficiencia y la sostenibilidad de las cuentas individuales obligatorias.
Algunas de estas reformas, como las aplicadas al seguro de desempleo y a las pensiones sociales, son una respuesta directa a los desafíos surgidos y a las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID 19. Los efectos económicos de la pandemia desencadenaron un aumento de los niveles de pobreza y de desempleo, por lo que muchas familias tuvieron dificultades para llegar a fin de mes. En algunos países, estas dificultades se agravaron por la elevada inflación subyacente y las débiles condiciones económicas. Mientras que algunos países han optado por prestar un mayor apoyo a las personas de edad avanzada con ingresos bajos y a los desempleados, otros han adoptado medidas para extender la cobertura a los grupos de difícil cobertura, y mejorar la accesibilidad y la suficiencia para la población general.
Otras reformas tienen el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social en vista del aumento de la longevidad y de las tasas de dependencia. Por ejemplo, al menos nueve países o territorios han incrementado las tasas de cotización correspondientes a las pensiones de vejez y cuatro han aumentado la edad de jubilación. También se han realizado esfuerzos para incentivar la prolongación de la vida laboral mediante la flexibilización de las restricciones relativas a la percepción conjunta de pensiones y ingreso laboral, y mediante el aumento de los derechos de pensión en función de cada año cotizado adicional.. También se han reformado los programas de cuentas de jubilación individuales, como en El Salvador y México, para fortalecer la sostenibilidad y la suficiencia del sistema.
En las Américas, el seguro de desempleo sigue siendo la rama de la seguridad social menos desarrollada. Hasta hace poco, solo dos países de la subregión del Caribe ofrecían dichas prestaciones. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de ellas, de modo que varios países y territorios se han planteado aplicarlas.
Las Islas de Turcos y Caicos y de Granada, en abril de 2022 y mayo de 2023 respectivamente, introdujeron una prestación por desempleo del seguro social de 13 semanas de duración para los desempleados que hubieran cotizado 13 semanas en las últimas 26 semanas (incluidas las 8 semanas en las 13 semanas inmediatamente anteriores a la solicitud). En las Islas Turcos y Caicos, la prestación cubre solamente a los trabajadores por cuenta ajena, mientras que Granada los trabajadores por cuenta propia también están cubiertos. El régimen de Granada está gestionado por el Régimen del Seguro Nacional (National Insurance Scheme – NIS) y el de las Islas Turcos y Caicos, por la Oficina Nacional del Seguro Social (National Insurance Board – NIB). Ambos programas se han financiado con la subida en 1 punto porcentual de las tasas de cotización (distribuida equitativamente entre empleadores y empleados; en Granada, la cotización es asumida por completo por los trabajadores por cuenta propia). En la actualidad, Dominica, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tabago están estudiando la creación de regímenes de seguro de desempleo, y muchos de estos países ya han iniciado consultas públicas o estudios de viabilidad.
Chile, el Ecuador y Jamaica establecieron programas nuevos para las pensiones sociales que sustituyen o complementan los programas existentes. La nueva pensión social casi universal de Chile reemplaza los programas de asistencia social actuales y ofrece prestaciones a todos los residentes legales mayores de 65 años, pero excluye al 10 por ciento con mayores ingresos de la población. En Jamaica se creó una pensión social financiada con cargo a los impuestos para las personas mayores de 75 años que no recibían una pensión contributiva ni otro ingreso regular. Ecuador sustituyó sus programas de asistencia social anteriores y duplicó el importe de las prestaciones para las personas mayores de 65 años en situación de pobreza y para las personas con discapacidad. Para poder acceder, los destinatarios no deben recibir ninguna pensión contributiva. En 2020, un año después de introducirla, México consagró como derecho constitucional su pensión social universal, denominada “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”.
Varios países han incrementado el importe de las pensiones sociales, como es el caso del Canadá, Cuba, los Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana y Suriname, donde se ampliaron las prestaciones. En el Canadá, la subida no sólo incluyó los ajustes derivados del aumento del costo de la vida, sino que se aplicó un incremento permanente del 10 por ciento a su pensión universal, llamada “Old Age Security” (seguro de vejez), para los mayores de 75 años, y, en la actualidad, el monto de la prestación aumenta según la edad.
Desde 2019, se han realizado varias reformas para extender la cobertura o mejorar el acceso a las prestaciones de seguridad social de los grupos de difícil cobertura o de la población en su conjunto.
Varios países han extendido la cobertura de las pensiones y de otras prestaciones a los grupos de difícil cobertura, como los trabajadores a tiempo parcial (Guatemala), los trabajadores domésticos (México), los trabajadores domésticos a tiempo parcial (Argentina), los trabajadores de plataformas (Chile) y los trabajadores de microempresas (Guatemala). Para fomentar la formalización y promover el pleno acceso a los derechos de seguridad social, Argentina ha ofrecido incentivos a los empleadores rurales que contraten a nuevos trabajadores incrementando la nómina. Con el objetivo de mejorar el acceso a la seguridad social de los grupos de difícil cobertura, muchos países han extendido el acceso en determinadas ramas: la Argentina amplió las prestaciones familiares y el seguro de desempleo a los trabajadores domésticos; Cuba extendió las prestaciones para el cuidado de hijos y de maternidad a los trabajadores del sector privado, incluidos los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores de cooperativas y los trabajadores sin cobertura de micros y pequeñas y medianas empresas; el estado de Washington en los Estados Unidos de América amplió la licencia de enfermedad y la indemnización por accidente de trabajo a los trabajadores de plataformas; y en las Bermudas, como parte de una reforma de mayor alcance, se amplió la pensión profesional obligatoria a los trabajadores migrantes, y también se modificó la definición de ingresos asegurables para incluir los bonos, se estableció la opción de retirar el 25 por ciento de los saldos de la cuenta en el momento de la jubilación y se redujo a un año el periodo de cotización exigido.
En cuanto a la cobertura de la población general, la Argentina y el Perú facilitaron el acceso a las prestaciones para las personas que no cumplieran los requisitos de cotización mínimos. La Argentina introdujo los créditos de pensión para las madres y ha permitido temporalmente que todos los asegurados adquieran las cotizaciones que les faltan mediante una moratoria. El Perú creó una pensión proporcional para quienes hubieran cotizado menos de 20 años y redujo la edad y los requisitos de cotización para las pensiones de vejez anticipadas. Además, para mitigar los efectos sobre la equidad de las reformas de mayor envergadura, Uruguay creó un nuevo suplemento solidario para los beneficiarios de pensiones con ingresos bajos, y Brasil estableció un nuevo sistema progresivo de tasas de cotización marginales, que en la práctica debería disminuir las tasas de cotización de la mayoría de trabajadores y, mientras que aumentan las de aquellos trabajadores que más ganan.
En los últimos tres años, varios países han puesto en marcha reformas de sus pensiones de seguro social para resolver los problemas de sostenibilidad. En muchos casos, como en el Brasil o en el Uruguay, las medidas adoptadas para abordar la sostenibilidad formaban parte de reformas más amplias que también trataban cuestiones como la suficiencia y los incentivos al trabajo.
Por ejemplo, muchos países aumentaron la tasa de cotización correspondiente a las pensiones. Si se compara con las tasas de 2019, la tasa total empleado-empleador se ha aumentado o se aumentará en los siguientes países: Belice (1,5 puntos porcentuales en abril de 2023); Costa Rica (0,67 puntos porcentuales y 0,67 puntos porcentuales adicionales antes de 2029); Dominica (0,5 puntos y 1 punto adicional antes de 2031); Ecuador (1,6 puntos en 2021); Granada (1 punto en febrero de 2023); Montserrat (2 puntos en abril de 2022 y 6 puntos adicionales antes de 2026): Suriname (2 puntos y 23 puntos adicionales antes de 2065); Islas Turcos y Caicos (2 puntos gradualmente antes de 2024); y Venezuela (2 puntos a partir de 2023).
Asimismo, la edad de jubilación se extenderá progresivamente en el Uruguay (a partir de 2030, hasta alcanzar los 65 años en 2040). En Aruba y en Antigua y Barbuda se aumentará la edad de jubilación progresivamente como parte de reformas realizadas anteriormente hasta llegar a los 65 años en 2024 y 2025, respectivamente. En el Brasil se introdujo la edad de jubilación (65 años para hombres y 62 para mujeres).
Otras reformas han tenido como objeto el cambio de la definición de ingresos utilizada para calcular las pensiones. Por ejemplo, a partir de ahora, Brasil tendrá en cuenta el total de los ingresos percibidos a lo largo de la vida en lugar del 80 por ciento más alto, y Uruguay ha eliminado la opción de elegir con respecto a la definición de la base de cálculo. Otras reformas se han centrado en reasignar los fondos de otros programas,como en Uruguay, donde se reasignaron 2,5 puntos porcentuales de las cotizaciones de las cuentas individuales al seguro social. A partir de agosto de 2022, Colombia permite la transferencia de cotizaciones desde las cuentas individuales voluntarias (BEPS) al régimen de pensiones general.
Aparte de aumentar la edad de jubilación, varios países tienen la intención de fomentar carreras profesionales más largas facilitando que se reciba una pensión mientras se sigue trabajando y ofreciendo incentivos por los años de servicio adicionales.
Uruguay ha posibilitado que los beneficiarios de pensiones perciban al mismo tiempo ingresos del trabajo y una pensión, y Cuba ha ampliado este derecho a quienes vuelven a trabajar para su empleador anterior, dado que esta posibilidad sólo se ofrecía a quienes accedían a puestos nuevos. Perú ha eliminado el límite de ingresos para los beneficiarios de pensiones que trabajan.
Como incentivo para alargar las carreras profesionales, Cuba ha eliminado la pensión máxima de vejez para quienes hayan trabajado 45 años. De esta manera, dichos trabajadores continuarán acumulando aumentos progresivos. Brasil ha modificado su fórmula para las prestaciones de jubilación, de forma que ha reducido el porcentaje base del 70 al 60 por ciento de los ingresos anteriores y ha aumentado el porcentaje progresivo del 1 al 2 por ciento por cada año adicional de cotización a partir de los 15 años en el caso de las mujeres y los 20 en el caso de los hombres. Por consiguiente, en virtud del nuevo sistema, quienes hayan cotizado más de diez años adicionales tendrán una tasa de sustitución más alta, y esta será más baja para quienes hayan cotizado menos años.
En los últimos tres años, El Salvador y México han emprendido importantes reformas de las cuentas individuales de jubilación a fin de mejorar la suficiencia y la sostenibilidad de las pensiones.
Con el objetivo de mejorar la sostenibilidad, El Salvador aumentó las tasas de cotización del empleador del 7,75 al 8,75 por ciento, y en México se crearon tasas de cotización progresivas que, una vez establecidas por completo, variarán entre el 6,202 y el 13,875 por ciento en función del salario de los empleados. México también eliminó las cotizaciones estatales para la mayoría de los trabajadores, aunque las ha subido para quienes menos ganen. El Salvador eliminó los retiros anticipados y fijó una pensión de ancianidad mensual máxima para todos los beneficiarios de pensiones, ya que con anterioridad algunos de ellos no estaban sujetos a un tope.
Para mejorar la suficiencia, El Salvador aumentó las pensiones de ancianidad actuales en un 30 por ciento, redujo las tasas administrativas del 1,9 al 1 por ciento, suprimió el límite de los ingresos mensuales utilizados para calcular las cotizaciones y aumentó el alcance de retribución utilizada para calcular las cotizaciones. México introdujo con carácter permanente un tope para las tasas administrativas y subió la pensión mínima garantizada.
Otros ejemplos de cambio incluyen el caso de México, donde se ha reducido el periodo de cotización mínimo que da derecho a prestaciones para las pensiones de ancianidad: de 1 250 a 750 semanas, aunque entre 2022 y 2031 irá aumentando gradualmente hasta alcanzar las 1 000 semanas.
En Honduras, el sistema de cuentas individuales obligatorias se suspendió en abril de 2022 por considerarse inconstitucional.
Los sistemas de seguridad social de las Américas están intentando mejorar su alcance, suficiencia y accesibilidad y, al mismo tiempo, afrontar los desafíos de sostenibilidad que plantean el envejecimiento de la población y el aumento de la tasa de dependencia. A estos desafíos se han sumado los retos socioeconómicos que trajo consigo la pandemia de COVID 19 y, en algunos países, la debilidad de las condiciones económicas subyacentes.
Las reformas recientes pueden agruparse en seis tendencias principales encaminadas a: i) introducir las prestaciones de seguro de desempleo; ii) introducir las pensiones sociales o incrementar su valor; iii) extender la cobertura o mejorar la accesibilidad; iv) mejorar la sostenibilidad de las pensiones del seguro social; v) fomentar unas carreras profesionales más largas; y vi) mejorar la suficiencia y la sostenibilidad de las cuentas individuales obligatorias.
Mientras algunos países dirigen el aumento de las ayudas a las personas mayores con rentas bajas y a los desempleados, otros tratan de ampliar la cobertura a grupos de difícil acceso. Otros buscan mejorar la accesibilidad y la adecuación de la seguridad social para la población en general.
Las reformas paramétricas de los sistemas de pensiones contributivos representan una parte importante de las medidas adoptadas para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social ante el aumento de la longevidad y de las tasas de dependencia.
La región de las Américas es reconocida por su liderazgo en la adopción de soluciones innovadoras dirigidas a implantar servicios digitalizados y estructuras de administración más eficientes. Recientemente, esta característica ha cobrado una importancia capital, ya que las instituciones de seguridad social han empezado a formalizar estrategias más resilientes y digitales en el marco de la evaluación de los efectos de la crisis de la COVID-19 en su organización. La gobernanza se ha fortalecido considerablemente en una región en la que los marcos de gestión de riesgos elaborados anteriormente en muchas instituciones se vieron puestos a prueba por la necesidad de responder rápidamente a la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios al público. La evolución de proyectos de transformación digital en estrategias de gobernanza digital institucional para dar continuidad a los servicios queda ilustrada por varios ejemplos, y sienta las bases para el fortalecimiento de las instituciones y su adopción de herramientas digitales en la era posterior a la pandemia.
El importante incremento del uso de Internet (banda ancha fija y móvil) en la región durante los periodos de distanciamiento físico durante la pandemia de COVID-19 consolidaron el uso de los canales digitales para acceder a los servicios. Antes de la crisis, los servicios digitales se consideraban como una forma diferente de implementar los procesos tradicionales basados en expedientes en papel. Luego de la misma, la tecnología se convirtió en un catalizador fundamental para que las organizaciones adoptaran nuevas formas de trabajar, así como para ampliar los canales de comunicación, profundizar en la relación con los usuarios en el marco de los servicios existentes y mejorar la calidad de los servicios prestados a los miembros, en particular en materia de salud. La necesidad de adoptar canales digitales puso de manifiesto la importancia, relacionada con la anterior, de prestar servicios centrados en el usuario, lo que contribuyó a la formulación de nuevas iniciativas para mejorar la prestación de servicios. En términos generales, las instituciones de la región reconocen que, para satisfacer las necesidades de la población cubierta por la seguridad social, deberán reforzar la capacidad del personal y centrarse en la accesibilidad y la inclusividad de los servicios. En las Américas, la tecnología se utiliza cada vez más para prestar servicios de seguridad social integrales y centrados en las personas.
La transformación digital ha acelerado los proyectos existentes impulsados por la tecnología en los cuales la organización apuntaba a mejorar la eficacia y eficiencia de la prestación de servicios, y a innovar en modalidades de servicios a distancia. Los proyectos de transformación digital en toda la región han adoptado distintas formas, que van desde aprovechar la tecnología para automatizar los procesos actuales a una transformación digital completa de las instituciones. Los proyectos de automatización robótica de procesos llevados a cabo en Argentina y Colombia, por ejemplo, permitieron mejorar enormemente la eficacia operativa de las instituciones, liberando entre el 65 y el 85 por ciento de los recursos, que ya no se dedican a tareas repetitivas. En el Canadá se llevó a cabo un proyecto de transformación digital para todo el ciclo de vida, aprovechando un proyecto de seis años de duración para diseñar y elaborar servicios de calidad centrados en el usuario a fin de garantizar que se satisfacen sus necesidades. Los proyectos de transformación digital de toda la institución han replanteado también la manera de prestar servicios. En la Argentina, por ejemplo, se han digitalizado considerablemente los servicios prestados a los pensionistas, y se ha reducido el tiempo de prestación de servicios de 535 días a 15.
Los países han desarrollado soluciones para presentar certificados de fe de vida sin necesidad de contacto. Estas soluciones consisten, por ejemplo, en un intercambio de datos entre distintas instituciones en el Brasil, o en procesos biométricos o por WhatsApp en el caso de Granada y el Uruguay, lo que también facilita que los miembros presenten un certificado de fe de vida mientras se encuentran fuera del país. Gracias a estas soluciones, millones de beneficiarios ahora no tienen que desplazarse hasta las oficinas locales, lo que reduce considerablemente los riesgos de salud, en particular en el caso de las personas más vulnerables a la COVID-19.
La crisis de la COVID-19 planteó problemas que obligaron a la actuación de los órganos rectores de las instituciones de seguridad social, incitándolos a mejorar aspectos clave de la gobernanza institucional, como la planificación estratégica, la responsabilidad, la transparencia y la gestión de riesgos. Se llevaron a cabo distintos procesos de planificación estratégica que impulsaron la cooperación entre diferentes actores. En Costa Rica, por ejemplo, tras un proceso de análisis, se estableció un marco de gestión de riesgos global basado en las Directrices de la AISS, las normas internacionales y las buenas prácticas.
Se utilizaron evaluaciones internacionales entre instituciones para establecer una visión clara y principios rectores. En Colombia, la institución se dotó de objetivos estratégicos para hacer frente a los problemas a los que se enfrentaban grupos de población específicos. En Paraguay, otros planes institucionales estratégicos constituyeron una amplia base para prestar servicios más ágiles y de mejor calidad a sus miembros, mientras que en Guatemala se impulsaron estrategias de digitalización centradas en la transparencia. Se desarrollaron numerosos portales de transparencia en la región, creando paneles de control, como en la República Dominicana, o herramientas de inteligencia empresarial, como en Guatemala, para mejorar la transparencia, incluido el acceso a datos abiertos para otras partes interesadas.
En la Argentina se desarrollaron iniciativas de gobernanza digital, las cuales aportaron a las instituciones una visión más completa de las implicancias de la digitalización de la organización en su conjunto, y de la institucionalización de una transformación digital ágil, incluyendo procesos de auditoría interna.
Las instituciones han reconocido que la tecnología por si sola no es suficiente para prestar servicios de calidad. Se han puesto en práctica distintas iniciativas para velar por que el personal cuente, no solo con las competencias y las herramientas adecuadas, sino también con la mentalidad propicia para ofrecer una experiencia centrada en el usuario. En Canadá se han creado nuevos programas culturales de excelencia en el servicio utilizando una estrategia de recursos comunitaria basada en la tecnología dirigida a rediseñar la experiencia. Algunas instituciones, por ejemplo, en México, han introducido procesos de contratación transparentes, mediante la creación de perfiles, funciones y responsabilidades claros para los puestos de las distintas sucursales. Las iniciativas de fomento de la capacidad de los recursos humanos han propiciado alianzas innovadoras con universidades. En Costa Rica, este empeño ha ayudado a ajustar valores estratégicos como la creatividad y la innovación, mientras que, en otros países, como el Brasil, se ha creado una base de conocimientos que proporciona información al personal sobre los problemas frecuentes que se plantean al orientarse en las normas y las operaciones institucionales. En algunos casos, como en el de México, el fomento de la capacidad ha reforzado la importancia de la no discriminación y ha contribuido a prestar servicios centrados en las personas por medio de nuevos programas institucionales.
En la Argentina, los parámetros de desempeño han ayudado a la institución a hacer un seguimiento y a reforzar los ejercicios de formación creados en portales web para mejorar las capacidades de los expertos.
En la región hay nuevos enfoques para crear una sensibilidad centrada en el usuario y profesionalizar los recursos humanos, como en El Salvador. Este tipo de enfoques hacen hincapié en la necesidad de prestar servicios humanizados acompañados de una metodología de gestión del cambio. El apoyo a la salud mental del personal y de los trabajadores sanitarios en primeria línea fue fundamental durante la pandemia de COVID-19. En México se utilizaron líneas telefónicas de ayuda para contribuir a este objetivo.
La salud digital se ha desarrollado considerablemente en la región. Las instituciones adoptaron medidas innovadoras para prestar servicios de salud digital y aportar nuevas soluciones de telemedicina. En El Salvador, por ejemplo, las aplicaciones de telemedicina ya existentes se ampliaron para ofrecer teleconsultas a distancia a los miembros, incluso a los que se encuentran fuera del país. Por su parte, en Brasil las personas tuvieron acceso a herramientas de teleevaluación durante la pandemia. Algunas instituciones, por ejemplo en el Perú, innovaron en el uso de las herramientas de inteligencia artificial para realizar chequeos y prestar una mejor atención a los pacientes, e implantaron un sistema de supervisión de la salud proactiva a distancia para los pacientes que presentaban mayor riesgo (por ejemplo, los que tienen diabetes o hipertensión).
La salud mental fue una de las principales preocupaciones durante la pandemia. En México, las instituciones ofrecieron distintos tipos de soluciones, como soluciones basadas en la tecnología para mejorar la salud mental de los pacientes sin necesidad de contacto humano. En Guatemala, los pacientes recibieron atención de salud mental por WhatsApp.
Se institucionalizaron los procesos ya iniciados, como el de la Historia Clínica Electrónica Nacional, por ejemplo en México y el Uruguay, gracias a lo cual los médicos tienen acceso a los expedientes médicos a distancia en todo el país. En algunos casos, como en Costa Rica, también se dio acceso a las radiografías digitales. En Chile se innovó en el uso de herramientas de inteligencia artificial en la salud, utilizando el reconocimiento de imágenes para ayudar a las instituciones y a los miembros a detectar patologías pulmonares en etapas tempranas.
Debido a las importantes limitaciones impuestas al contacto presencial debido a la pandemia, se recurrió a canales de comunicación digitales. El desarrollo de nuevos canales y la mejora de los ya existentes se tradujo en estrategias y servicios más completos, con campañas para garantizar que la información llegaba a los miembros.
Algunas instituciones de la región, como en Colombia, adoptaron estrategias de comunicación proactivas dirigidas a grupos específicos. Las estrategias de comunicación centradas en el usuario pasaron a una nueva fase al recurrir a herramientas de aprendizaje automático con inteligencia artificial para realizar un análisis y un asesoramiento más personalizados en favor del bienestar individual.
En la Argentina se llevaron a cabo campañas de comunicación digitales mediante sitios web, calculadoras, vídeos y pódcasts sobre eventos, e incluso un portal web con vídeos instructivos que ayudan a las personas a comprender las consecuencias de cambiar entre los programas y los regímenes de seguridad social. En el Perú se diseñaron una serie de eventos, así como herramientas y servicios para el móvil, a fin de ofrecer a los miembros acceso a sus saldos de cuenta y prestarles asesoramiento y apoyo. En México se utilizaron plataformas digitales para poner a disposición de las personas una serie de calculadoras con el objetivo de que pudieran calcular sus prestaciones en los distintos regímenes de pensiones, y también para promover el ahorro voluntario.
La capacidad tecnológica y en materia de gobernanza de la región, junto con unos recursos humanos de seguridad social ágiles y eficaces, constituyeron la columna vertebral de la respuesta para hacer frente a los desafíos de la pandemia y adaptar los modelos de prestación de servicios. Si bien las instituciones se encontraban en distintos niveles de resiliencia institucional y de capacidad de continuidad, muchas pudieron ampliar rápidamente la capacidad humana y tecnológica y adaptar sus modelos de prestación de servicios. Como consecuencia, pudieron seguir prestando servicios a la población, y en algunos casos, como en el Uruguay, hacerlo al tiempo que se reestructuraba la capacidad humana y tecnológica en sus organizaciones.
En algunos casos, como en el Brasil, se implantaron mecanismos de intercambio de datos entre instituciones para la identificación y el registro de las personas, y para pagar las prestaciones a aquellas que necesitaban ayuda. La región se caracterizó por un uso significativo de modalidades flexibles para el registro de solicitantes en los sistemas nacionales de seguridad social. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre las respuestas a la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe revela una importante mejora en el uso de nuevos mecanismos para identificar y registrar a las personas en los distintos programas sociales y para poner en marcha rápidamente nuevos mecanismos de pago, incluidas transferencias bancarias y dinero móvil.
Varias instituciones, por ejemplo en Guatemala, pudieron introducir rápidamente distintos tipos de mecanismos de registro y de pago, adaptando sus sistemas para administrar y pagar digitalmente las prestaciones. En el Perú se implantaron mecanismos de autorregistro en línea gracias a procesos de registro electrónico. Por su parte, en Guatemala, los procesos de solicitud también se adaptaron rápidamente incorporando mecanismos electrónicos.
Gráfico 1. Número de países americanos por grupo del EGDI y año
Nota: *El EGDI es un índice de referencia compuesto sobre el desarrollo del gobierno electrónico que está formado por el promedio ponderado de tres subíndices independientes: el Índice de Servicios en Línea (Online Services Index - OSI), el Índice de Infraestructura de Telecomunicaciones (Telecommunications Infrastructure Index - TII) y el Índice de Capital Humano (Human Capital Index - HCI).
Gráfico 2. Evolución del número de países que ofrecen servicios en línea a los grupos vulnerables
Gráfico 3. Personas que utilizan Internet y planes de banda ancha fija (por cable), banda ancha móvil activa y telefonía móvil por cada 100 habitantes (2012-2022)
La transformación digital en las Américas se aceleró y alcanzó un grado de madurez en el que las instituciones adoptaron estrategias de gobernanza digital, fortaleciendo su marco de gobernanza institucional.
Las instituciones de la región no se contentaron con la prestación de servicios centrada en el usuario, sino que fueron más allá y empezaron a resaltar la importancia de una protección social centrada en las personas.
La región siguió desarrollando servicios de salud digitalizados, los cuales probablemente evolucionarán ya que la innovación y las nuevas tecnologías contribuyen a la extensión de los servicios salud digital, particularmente en una era pos-COVID-19 que se apoya en estas tecnologías.
El fortalecimiento de la capacidad del personal permite que las organizaciones se adapten rápidamente a los cambios, pero estos esfuerzos deben estructurarse junto con una estrategia de gestión del cambio, y no como un proceso independiente.
La flexibilidad para introducir cambios utilizando tecnologías en procedimientos administrativos, así como de pago de prestaciones, ha sido un componente esencial en el desarrollo de la resiliencia institucional y la capacidad para garantizar la continuidad de los servicios.
La gobernanza, la transparencia y la planificación estratégica siguieron calando en la región, permitiendo a las instituciones detectar más fácilmente los riesgos y desarrollar soluciones para atenuar sus consecuencias.
Gracias a los esfuerzos constantes realizados en los últimos decenios para extender la cobertura de seguridad social, el 64,3 por ciento de la población de las Américas cuenta con una cobertura efectiva de al menos una prestación monetaria de protección social, una cifra muy superior a la del 46,9 por ciento del promedio mundial. Más de dos tercios de los niños, las mujeres embarazadas, las madres de recién nacidos y las personas de edad avanzada reciben prestaciones monetarias de protección social. La cobertura efectiva de protección de la salud ha alcanzado el 90 por ciento en la región, una cifra muy por encima del 66 por ciento mundial. Pese a las diferencias subregionales, un número considerable de países han logrado con éxito una cobertura universal o casi universal en el marco de los distintos regímenes.
Sin embargo, en algunos países todavía hay grandes deficiencias en la cobertura para las personas con discapacidad, y la protección contra el desempleo sigue siendo la rama menos desarrollada de la seguridad social. En América Latina y el Caribe, una de cada dos personas tiene un empleo informal, a menudo sin ningún tipo de protección social. Los efectos económicos negativos de la pandemia de COVID-19 han sido significativos y han acarreado unas tasas de desempleo elevadas y una fuerte caída del número de empleados y de las tasas de actividad.
En los últimos años, muchos gobiernos nacionales e instituciones de seguridad social, a través de un firme compromiso, medidas innovadoras y un enfoque proactivo, han redoblado sus esfuerzos para colmar las deficiencias en la cobertura, y mejorar los pisos de protección social y la suficiencia de las prestaciones. Asimismo, es fundamental mencionar que la combinación de un seguro de enfermedad contributivo con una atención de salud financiada con fondos públicos, así como la existencia de regímenes universales en algunos países, han impulsado drásticamente la tasa de cobertura sanitaria en la región. Tanto la ampliación de los programas actuales como la introducción de nuevos programas tras la pandemia, ya tengan o no carácter contributivo o sean permanentes o temporales, podrían contribuir de manera positiva a la extensión de la cobertura en la región en el futuro, pero solo si se aplican las enseñanzas y se mantiene el impulso.
Los gobiernos nacionales y las instituciones de seguridad social de las Américas han tomado conciencia de la urgente necesidad de extender una cobertura de seguridad social adecuada y sostenible. Todos los países de la región han puesto en marcha a escala nacional planes exhaustivos para desarrollar la seguridad social, en los que se establecen pilares estratégicos decisivos para avanzar hacia el desarrollo de sistemas integrales. En Jamaica, por ejemplo, la estrategia nacional se basa en un enfoque multisectorial para potenciar una protección social eficaz - esencial para el plan Vision 2030 Jamaica - mediante una interpretación optimizada que orientará el abordaje, las prioridades y los desarrollos concretos.
Incluso a pesar de la interrupción en 2019 del programa de referencia Prospera en México, es alentador que en muchos países de la región se sigan adoptando programas no contributivos para complementar los regímenes contributivos como parte de un “piso”. Varios países de la región han conseguido ofrecer una cobertura universal o muy alta para los niños o las personas de edad avanzada mediante una combinación de programas contributivos y no contributivos, como es el caso de muchos países del Caribe, de la Argentina, del Estado Plurinacional de Bolivia, del Brasil, de Chile y del Uruguay. En 20 países de América Latina y el Caribe hay en curso alrededor de 30 programas de transferencias monetarias condicionadas y en el Brasil se volvió a ofrecer Bolsa Família en marzo de 2023, después de haberse interrumpido y modificado en 2021. En el Canadá, todos los residentes disfrutan desde hace tiempo de un acceso universal a los servicios básicos de atención de salud y a un seguro de enfermedad, con independencia de su situación laboral.
En las Américas, los países se han comprometido claramente a alcanzar la cobertura sanitaria universal, para lo que han puesto en marcha varias estrategias para extender la cobertura de atención de salud, mejorar el acceso a los servicios y reducir los obstáculos financieros. En países como el Canadá, Costa Rica, Cuba y el Uruguay se han establecido sistemas de salud y regímenes de seguro social de salud nacionales para ofrecer una cobertura completa a sus habitantes.
Lograr la cobertura sanitaria universal en las Américas ha sido posible porque se ha hecho hincapié en la atención primaria de salud y se han propiciado reformas financieras en el ámbito de la salud. La Estrategia de Salud de la Família del Brasil y el sistema de atención primaria de salud de Cuba son ejemplos del fortalecimiento de los sistemas de atención primaria de salud en los que se presta especial atención a la atención preventiva, a la detección temprana de enfermedades, a la promoción de la salud y a la gestión de enfermedades crónicas. Asimismo, incrementar la financiación pública para la atención de salud, extender la cobertura del seguro y mejorar la puesta en común y la asignación de recursos es esencial para ampliar la cobertura, tal como pone de manifiesto el Fondo Nacional de Salud (FONASA) de Chile.
Los cambios demográficos trajeron consigo una mayor demanda de servicios de cuidados de largo plazo. Como respuesta, los gobiernos de la región están ampliando la cobertura de seguridad social, creando servicios especializados para las personas de edad avanzada y reforzando los sistemas de seguridad social para hacer frente a los problemas crónicos de salud que sufren los adultos mayores.
La tecnología digital, en especial la telemedicina, ha desempeñado un papel central en la mejora de la accesibilidad a la atención de salud, sobre todo durante la pandemia, tal como se ha observado en la Argentina, el Ecuador, México, el Perú y el Uruguay. No obstante, todavía hay obstáculos que impiden el acceso a los servicios de atención de salud y se sigue trabajando para reducir los pagos directos y aumentar las prestaciones.
En muchas de las reformas de la seguridad social que recientemente se han llevado a cabo en las Américas, se han adoptado medidas para extender la cobertura al “segmento intermedio invisibilizado” (missing middle), es decir, las personas que no están cubiertas ni por regímenes contributivos ni por regímenes no contributivos dirigidos a las personas en situación de pobreza.
Este año, la Argentina ha ampliado el acceso a la seguridad social a los trabajadores domésticos, incluidos los que trabajan menos de 16 horas a la semana. Además, en el país se han adoptado medidas de política, como Acuerdos de Corresponsabilidad Gremial y dos decretos (en 2020 y en 2021) para facilitar el acceso a la seguridad social de los trabajadores y de sus familias.
En Colombia, el programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) utiliza recursos de los impuestos municipales para extender la cobertura a trabajadores creativos, como artistas, actores y músicos, que normalmente operan en la economía informal, obtienen ingresos bajos y trabajan de manera irregular. En el Caribe, donde históricamente solo las Bahamas y Barbados disponían de un seguro de desempleo funcional, muchos países y territorios han introducido recientemente (por ejemplo, las Islas Vírgenes Británicas) o tienen previsto introducir (como Jamaica) un seguro de desempleo. En Canadá, los trabajadores por cuenta propia pueden participar voluntariamente en un seguro de desempleo para optar a una licencia de paternidad remunerada, a una licencia de cuidado o a una licencia a corto plazo por lesiones o enfermedad. Por último, en Paraguay, durante la maternidad, las trabajadoras reciben actualmente pagos mensuales en lugar de pagos únicos, lo que les aporta una mayor seguridad del ingreso y les permite planificar mejor su situación financiera.
La creciente importancia que están adquiriendo las “nuevas formas de empleo”, en especial el trabajo en plataformas en línea, ha propiciado que varios gobiernos nacionales de la región adopten un enfoque proactivo con respecto a la protección de seguridad social de los trabajadores de plataformas.
La Argentina ha comenzado a auditar a las empresas de plataformas digitales para garantizar que registran a sus trabajadores adecuadamente a fin de posibilitar la recaudación de cotizaciones a la seguridad social, a la vez que avanza en sus iniciativas legislativas para regular este sector emergente. En el Brasil, entre 2015 y junio de 2021, se presentaron ante el Congreso Nacional 126 proyectos de ley sobre las plataformas digitales. En dos decretos se ha previsto la obligación de los conductores de registrarse por su cuenta y cotizar a la seguridad social como cotizantes particulares para que puedan clasificarse como microempresarios particulares si cumplen los requisitos exigidos.
Chile puso en marcha campañas especiales para contactar con empresas de plataformas en línea y mejorar la protección social de los trabajadores de plataformas en línea. En el sistema de monotributo del Uruguay, los trabajadores por cuenta propia y las microempresas están cubiertos con arreglo a un régimen simplificado y unificado para la recaudación tributaria y de seguridad social, en virtud del cual disfrutan de una cobertura similar a la de los trabajadores con empleos formales.
En la provincia canadiense de Quebec es obligatorio que los contratistas dependientes, incluidos los trabajadores de plataformas, estén cubiertos por el régimen de seguro de desempleo y reciban las mismas prestaciones que los trabajadores por cuenta ajena.
Gráfico 1. Cobertura legal de seguridad social de la población en edad de trabajar por riesgo cubierto y tipo de programa (%), 2020
Gráfico 2. Cobertura efectiva por grupo de población (%), 2020
Gráfico 3. Evolución del índice de cobertura de los servicios de cobertura sanitaria universal (un indicador de la cobertura de los servicios básicos de salud) 2000-2019
Todos los países de las Américas han puesto en marcha estrategias nacionales de protección social y se han aplicado ampliamente programas de transferencias no contributivas.
Muchos países de la región han logrado una cobertura sanitaria universal o casi universal, bien mediante regímenes universales, bien con la combinación de regímenes contributivos y de atención de salud financiados con fondos públicos. La telemedicina ha cobrado más importancia en cada vez más países, lo que amplía el acceso a la atención en regímenes tanto públicos como privados.
En la mayoría de países y territorios del Caribe se ha planificado o se está planificando la puesta en marcha de regímenes de seguro de desempleo.
Es alentador el progreso alcanzado en muchos países en cuanto a la extensión de la cobertura de seguridad social a los trabajadores del “segmento intermedio invisibilizado”, como es el caso de los trabajadores domésticos, los trabajadores agrícolas, los trabajadores de pequeñas empresas o los trabajadores por cuenta propia.
Se han adoptado medidas innovadoras en muchos países para garantizar la protección social de los trabajadores en nuevas formas de empleo, en particular de los trabajadores de plataformas en línea.
El ciclo de vida, es decir, la progresión natural del nacimiento a la muerte tiene en cuenta la interacción entre el desarrollo individual, la familia y los factores sociales en la configuración de la trayectoria vital de cada persona. Desde el punto de vista conceptual, la perspectiva del ciclo de vida reconoce que las experiencias y los acontecimientos personales en las distintas etapas de la vida son consecuencia de las interacciones de cada persona con los diferentes contextos sociales y económicos.
Muchos países de las Américas afrontan el rápido envejecimiento de su población, el cambio de las estructuras familiares, un nivel persistente de informalidad en el mercado de trabajo y una transformación notable en el plano económico y social. En este contexto en constante evolución, todas las personas, ya sea de manera individual o como parte de una familia o de un hogar, deben hacer frente a sus propias transiciones, de por sí complejas, como comenzar y finalizar la etapa educativa, incorporarse al mercado de trabajo, formar una familia, sufrir un accidente o enfermedad relacionados con el trabajo, tener problemas de salud o económicos, migrar en búsqueda de seguridad o de oportunidades, o salir del mercado de trabajo temporal o permanentemente. Además, el momento en que una persona accede al mercado de trabajo y la relación que tiene con este son factores que pueden afectar de manera considerable los ingresos que va a poder percibir en el futuro, su trayectoria profesional y su nivel de ingresos cuando alcance una edad avanzada.
Por los motivos expuestos, para proteger y asistir a las personas sin interrupciones durante los cambios en su ciclo de vida se necesita cada vez más que las instituciones de seguridad social, los responsables de la formulación de políticas y los proveedores de atención de salud y de otros servicios sociales ofrezcan una atención integral. Para quienes se encuentren en las etapas iniciales de la vida, los sistemas de protección social, mediante una combinación de prestaciones monetarias y de servicios de cuidados, permiten acceder a una educación y a oportunidades de desarrollo de competencias para prepararse para la entrada al mercado de trabajo y mejorar su empleabilidad. Para las personas en edad de trabajar, los sistemas de seguridad social brindan un apoyo vital durante los periodos en los que no perciban ingresos u obtengan unos ingresos bajos, y garantizan el acceso a una atención de salud asequible a lo largo de su vida laboral. A medida que las personas envejecen, es fundamental garantizar el acceso a una pensión de ancianidad y a los servicios de salud para respaldar su estabilidad financiera, su inclusión social y su bienestar general. Por último, a lo largo del ciclo de vida, las prestaciones de invalidez, los servicios de rehabilitación y una atención de salud adecuada son factores indispensables para que los sistemas de seguridad social funcionen correctamente.
Las instituciones de seguridad social deben velar por que las personas tengan acceso a los recursos necesarios y ayudarles a transitar su ciclo de vida de manera satisfactoria. En este capítulo se explica cómo la organización de los sistemas de seguridad social en las distintas etapas del ciclo de vida proporciona las bases para ofrecer servicios cada vez más interconectados con los que acompañar a las personas desde la cuna hasta la tumba.
La protección social de los niños y las familias constituye una parte importante de los sistemas de protección social en las Américas. Según la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), en 2021, más del 57,4 por ciento de los niños de las Américas tenían acceso a por lo menos un tipo de prestación de protección social. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay conservan regímenes contributivos de prestaciones familiares que proporcionan apoyo a los afiliados con hijos. En la Argentina, estos regímenes se combinan con programas no contributivos para proporcionar una cobertura casi universal. Además, la región es conocida mundialmente por haber promovido novedosos programas no contributivos para ofrecer prestaciones a los hogares en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, aquellos en los que hubiera niños, como es el caso de Bolsa Familia en el Brasil y de Prospera en México, hasta su interrupción en 2019.
Las transferencias sociales, además de dar respuesta a la pobreza infantil, son cruciales para ayudar a las familias a afrontar los costos de la crianza, así como para mejorar la salud, la educación y la situación nutricional de niños y madres. Por ejemplo, la Caja Colombiana de Subsidio Familiar (COLSUBSIDIO) diseñó un programa para ayudar con el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento puntual de la desnutrición aguda en niños menores de cinco años.
La pandemia de COVID-19 expuso a las familias con niños a una mayor vulnerabilidad socioeconómica. Con el objetivo de gestionar estos nuevos tipos de riesgo a los que se enfrentan las familias con niños, en países como la Argentina, a través del trabajo de la Secretaría de Seguridad Social (MTEySS), se creó una nueva prestación para los familiares de los trabajadores que fallecieron como consecuencia de la pandemia.
En las Américas, los países siguen trabajando para instaurar sistemas de atención de salud universal y prestan especial atención a la maternidad, la salud y a los cuidados de larga duración. Para respaldar esta labor, las instituciones de seguridad social han puesto en marcha iniciativas políticas, actividades para el desarrollo de capacidades, mejoras de las infraestructuras y colaboración internacional. Asimismo, están fortaleciendo sus sistemas de atención primaria de salud, para lo que hacen hincapié en el papel de la atención preventiva y en mejorar el tratamiento de las enfermedades crónicas, como sucede en Argentina y en Perú.
A pesar de que se ha logrado avanzar en la mejora de la cobertura de las prestaciones monetarias de maternidad por medio de cambios legales, normativos y administrativos, por ejemplo, en Cuba, Panama y Paraguay, hay diferencias regionales notables con respecto a la duración de la licencia, a la remuneración y a los criterios de elegibilidad. Además de las prestaciones monetarias, algunas instituciones, como el Seguro Social de Salud (EsSalud) del Perú, han reforzado sus programas de salud materno infantil.
En las Américas se están produciendo rápidos cambios demográficos y epidemiológicos, como el envejecimiento de la población, que traen consigo una mayor demanda de servicios de cuidados de larga duración. Los sistemas de atención de salud se están adaptando para cubrir las necesidades de las personas de edad avanzada y para fomentar un envejecimiento activo y saludable, como es el caso del Perú. Sin embargo, en la región sigue habiendo disparidades importantes en cuanto al acceso a la atención de salud y a los cuidados de larga duración.
La pandemia de COVID-19 puso de relieve la importancia de contar con sistemas de atención de salud sólidos, de prepararse ante situaciones de emergencia, de coordinar entre países y de los posibles nuevos usos de la tecnología digital. Por su parte, la escasez de trabajadores en el sector de la atención de salud, así como su distribución desigual, plantean desafíos que deben abordarse con formación, contratación y retención, sobre todo en las zonas insuficientemente atendidas. Por último, el uso de la tecnología digital, como la telemedicina, ha mejorado considerablemente la accesibilidad a la atención de salud, en particular durante la pandemia de COVID-19, tal como se observó en la Argentina, el Ecuador, El Salvador, México, Perú y el Uruguay.
El 18 de abril de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución “Promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible”, en la que se reconoce que la economía social y solidaria, la cual se promueve y respalda por las mutualidades, contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Las mutualidades son un importante pilar de protección social en las Américas y con frecuencia ofrecen a los miembros niveles ampliados de protección. Si bien cubren muchas de las necesidades que surgen a lo largo del ciclo de vida, como las relacionadas con la salud, los cuidados de larga duración, la protección familiar, el desempleo, la salud y seguridad en el trabajo o la supervivencia, tradicionalmente se han centrado sobre todo en la atención de salud. En este sentido, la Argentina y el Uruguay destacan por sus elevados niveles de participación en las organizaciones basadas en la salud.
Los sistemas de salud de la región tuvieron que innovar a causa de los grandes retos que planteó la pandemia de COVID-19. Entre 2020 y 2022, el Círculo Católico de Obreros del Uruguay Mutualista estableció una organización interna y una política de comunicación nuevas para posibilitar una comunicación eficaz y efectiva durante la pandemia, que incluía el uso de las redes sociales como herramienta de comunicación interna y externa. En el Uruguay también se dio otro ejemplo de buena práctica con la puesta en marcha de una estrategia integral para prevenir los brotes de COVID-19 entre el personal de los establecimientos de larga estadía para personas mayores.
Una de las primeras respuestas de la Mutual de Seguridad (CChC) de Chile fue la realización de pruebas a gran escala con exámenes PCR de saliva. Se trata de un buen ejemplo de medida proactiva de detección de virus ofrecida por las mutualidades y, desde entonces, se ha adoptado por todo Chile.
Los sistemas de seguridad social son esenciales para garantizar que las personas en edad de trabajar cuenten con una seguridad del ingreso adecuada cuando no puedan obtener ingresos regulares, y puedan acceder a oportunidades laborales decentes y estar preparadas para cuando estas lleguen. En las Américas solo alrededor del 16 por ciento de los desempleados tienen acceso a prestaciones monetarias y una de cada dos personas de América Latina y el Caribe tiene un trabajo informal. Asimismo, los niveles de desempleo juvenil continúan siendo extremadamente altos en algunos países, en especial entre las mujeres más jóvenes.
Los países de la región han mejorado o ampliado las prestaciones de seguro de desempleo y los servicios correspondientes combinando dichas prestaciones con políticas activas del mercado laboral, mejorando el conocimiento de los derechos adquiridos y adaptando los servicios a grupos específicos. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la Argentina creó un servicio llamado “Mi trabajo”, que permite a los trabajadores acceder a la información relativa a su vida laboral y a la seguridad social. En la Argentina también se amplió el seguro de desempleo a los trabajadores domésticos, incluidos los que trabajan menos de 16 horas a la semana, y se adoptaron medidas innovadoras para formalizar la situación de los trabajadores de plataformas. En Barbados se ha acelerado la recalificación de los desempleados y se ofrecen incentivos a las personas que adquieren nuevas competencias. En el Canadá se han puesto en marcha programas encaminados a desarrollar las competencias, que incluyen programas especializados para jóvenes, aborígenes, inmigrantes, personas con discapacidad y trabajadores de edad avanzada. Por último, en los Estados Unidos de América, el sistema de seguro de desempleo fue determinante para mitigar los efectos de la pandemia, lo que ofreció pruebas contundentes para respaldar las propuestas de dar carácter permanente a algunas de las medidas temporales.
En las Américas, solo cuatro de cada diez trabajadores por cuenta ajena están asegurados frente a los accidentes de trabajo. Adoptar un enfoque del ciclo de vida implica la necesidad de detectar las oportunidades principales para minimizar los factores de riesgo y potenciar los factores de protección en las etapas clave de la vida, no sólo con medidas de prevención específicas, sino también apoyando a los trabajadores para que se reincorporen al trabajo después de haber sufrido un accidente.
Los sistemas de seguridad social de las Américas ya están poniendo en práctica dichas iniciativas centradas en la prevención. Por ejemplo, el Círculo Católico de Obreros del Uruguay Mutualista anunció el ambicioso objetivo de reducir la frecuencia y la gravedad de los accidentes de trabajo y consiguió reducir los accidentes en un 15 por ciento después del primer año. En la Argentina, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) ha puesto en marcha “Prevención 4.0”, una aplicación digital con herramientas para mejorar la prevención en el lugar de trabajo. También ha actualizado su sistema de notificación de riesgos del trabajo, el cual predice posibles accidentes e informa a las empresas al respecto para que adopten las medidas preventivas oportunas. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha puesto en marcha un programa que ofrece una lista de comprobación para ayudar a las empresas a mejorar la prevención en el lugar de trabajo y, por su parte, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) realiza actividades de fomento a la salud mental. La Mutual de Seguridad de Chile (CChC) ha digitalizado las inspecciones in situ con el envío en tiempo real de datos de seguridad y salud en el trabajo, lo que permite un mejor análisis de los accidentes. Asimismo, está desarrollando un programa de detección de patologías respiratorias relacionadas con el trabajo mediante inteligencia artificial. Por último, el Instituto Nacional de Seguridad Social (Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) del Brasil ha mejorado su programa de readaptación profesional para ayudar a regresar al trabajo a los trabajadores que han sufrido lesiones.
Mientras que los países de las regiones del norte y el sur de las Américas ya han ingresado en una fase avanzada de envejecimiento demográfico, los países de Centroamérica están por lo general en la fase inicial de este proceso. A fin de financiar las pensiones de la “generación silver” (generación de personas de edad avanzada), la formalización de la economía suele considerarse un aspecto clave, sobre todo si se tiene en cuenta que más de la mitad de los trabajadores de las Américas tienen un empleo informal.
Los países de la región han adoptado medidas para hacer frente a estos retos y para concientizar sobre el envejecimiento y sus consecuencias a lo largo del ciclo de la vida. Por ejemplo, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha realizado estudios sobre la “revolución silver”. Asimismo, instituciones de la Argentina han adoptado medidas para ampliar el trabajo formal, tales como la exigencia de tributación de las plataformas digitales o la formalización de los trabajadores rurales. En algunos países, la insuficiencia de las prestaciones que proporcionan los regímenes privados de ahorro para la jubilación obliga a aumentar el gasto público en solidaridad, a pesar de que los trabajadores hayan cotizado durante toda su carrera.
Otra posible respuesta es mejorar la gestión del ahorro económico, así como los conocimientos financieros, tal como se pone de manifiesto con el sistema de asistencia individual en la gestión de las cuentas de jubilación creado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) del Perú. En todos los casos, el incremento del número de personas de edad avanzada ha propiciado la formulación y adopción de políticas para facilitar su cuidado, por ejemplo, con centros adaptados a sus necesidades e intereses en el Canadá y el Perú.
Gráfico 1. Gasto público en protección social por grupo amplio de edad, evolución entre 2018 y 2020 o último año disponible (% del PIB)
Gráfico 2. Porcentaje de niños de 0 a 15 años que reciben prestaciones monetarias por hijo o familiares, 2020 o último año disponible
Gráfico 3. Número de países con protección por hijo y familiar (prestaciones monetarias) prevista en la ley, por tipo de régimen, 2020 o último año disponible
Gráfico 4. Número de países con protección en caso de enfermedad y de maternidad (prestaciones monetarias) prevista en la ley, por tipo de régimen, 2020 o último año disponible
Gráfico 5. Número de países con protección en caso de accidente de trabajo (prestaciones monetarias) prevista en la ley, por tipo de régimen, 2020 o último año disponible
Gráfico 6. Número de países con protección en caso de desempleo (prestaciones monetarias) prevista en la ley, por tipo de régimen, 2020 o último año disponible
Gráfico 7. Porcentaje de empleo informal con respecto al empleo total, con y sin el sector de la agricultura
Gráfico 8. Porcentaje de población en edad de trabajar mayor de 15 años cubierta por ley con pensiones de ancianidad, por tipo de régimen, 2020 o último año disponible
Gráfico 9. Número de países con programas de ancianidad en las Américas, por tipo de programa, 2019
Gráfico 10.Número de programas de ancianidad en las Américas por normas de cálculo de prestaciones, 2019
Gráfico 11. Gasto en protección de la salud: evolución de los gastos directos como porcentaje de los gastos en salud actuales y del gasto en salud de la administración pública nacional como porcentaje del producto interno bruto (PIB) de las Américas, 2000-2020
Gráfico 12. Porcentaje de personas con discapacidad severa que recibe prestaciones monetarias, 2020 o último año disponible
Gráfico 13. Porcentaje de personas vulnerables que reciben prestaciones monetarias (asistencia social), por subregión, 2020 o último año disponible
La perspectiva del ciclo de vida pone de relieve cómo las instituciones de seguridad social de las Américas pueden afrontar los desafíos que plantea la protección a lo largo de la vida. En la región, las instituciones proporcionan una gran variedad de programas desde el inicio hasta el final de la vida, incluidos los dirigidos a madres, niños, trabajadores formales e informales, desempleados y personas de edad avanzada.
A través de una combinación de programas contributivos y no contributivos para niños y familias, las instituciones de seguridad social de las Américas están activamente comprometidas con los retos de abordar la pobreza infantil, ayudar a las familias a cubrir los costes de criar a sus hijos y contribuir a mejorar la salud, la educación y los resultados nutricionales de niños y madres.
Los gobiernos e instituciones invierten en maternidad, salud y cuidados de larga duración para obtener mejores resultados a lo largo del ciclo de vida. La cobertura sanitaria es una cuestión de alta prioridad y los países de la región están fortaleciendo sus sistemas de atención primaria para que sus habitantes tengan un futuro saludable.
El empleo informal, el desempleo (especialmente en mujeres jóvenes) y la inestabilidad laboral impiden a muchos trabajadores el acceso a la seguridad social y a una protección en el lugar de trabajo, aunque se ve un claro avance en varios países.
En el caso de los trabajadores formales, las instituciones de seguridad social están recurriendo a estrategias innovadoras para prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales, de las que están obteniendo resultados tangibles, y están también impulsando la protección y las medidas destinadas a la reintegración
Los países de las Américas se encuentran en distintas fases en lo que respecta a la transición demográfica, y las instituciones de seguridad social están trabajando activamente para reforzar sus sistemas y preparar a las personas para la transición a la vejez.
Las instituciones de seguridad social de las Américas son cada vez más conscientes del papel fundamental que desempeñan para promover la resiliencia individual, económica y de la sociedad. Los sistemas de seguridad social –en particular los que ofrecen una cobertura integral–, tradicionalmente diseñados para gestionar los riesgos habituales del mercado de trabajo y del ciclo de vida, también pueden ofrecer una respuesta ágil y rápida para atenuar los impactos de shocks de gran escala, cuya frecuencia e intensidad ha aumentado. No cabe duda de que la capacidad de respuesta a las perturbaciones, que de forma innata tienen los sistemas de seguridad social, contribuye a fortalecer las sociedades.
Los importantes efectos de las crisis y shocks de las últimas décadas han planteado nuevos retos a los países de la región. Debe tenerse en cuenta que las crisis financieras, macroeconómicas o geopolíticas, el aumento repentino de los movimientos transfronterizos de personas, las emergencias de salud pública o de catástrofes naturales, pueden afectar repentinamente a un gran número de hogares. A fin de realizar su labor con eficacia y de una forma sostenible, los sistemas de seguridad social deben diseñarse para ser resilientes y tener capacidad de adaptación. Para ello, es preciso invertir en herramientas que permitan garantizar la continuidad de las operaciones en tiempos de crisis, y que los responsables de la formulación de políticas las perciban como momentos críticos que brindan oportunidades para mejorar y ampliar los servicios
Los efectos de la pandemia de COVID 19 todavía persisten en las Américas, al igual que sucede en el resto del mundo. Las instituciones de la región están utilizando mecanismos legislativos, reglamentarios y administrativos para fortalecer y consolidar las prestaciones existentes o desarrollar otras nuevas frente a los riesgos emergentes o recién identificados. Algunos países han aprovechado la tecnología para proporcionar soluciones rápidas e integrales con las que llegar a la población que anteriormente quedaba excluida, lo que ha permitido extraer un gran número de lecciones para gestionar mejor las crisis en el futuro.
La región también se ve cada vez más afectada por catástrofes naturales y crisis climáticas, así como por el aumento de los flujos migratorios. Los sistemas de seguridad social están evaluando su vulnerabilidad ante estas perturbaciones y elaborando herramientas de planificación para mejorar su preparación y capacidad de respuesta, así como para garantizar que las soluciones sean inclusivas y accesibles para la mayor parte de personas vulnerables cuando se produzca una situación de crisis. Esta postura proactiva también es necesaria en la medida en que los sistemas de seguridad social diseñan políticas y herramientas para hacer frente a la rápida evolución del panorama migratorio en la región. Las perspectivas financieras y fiscales de los sistemas de seguridad social de la región están estrechamente vinculadas con la salud de los mercados financieros de todo el mundo. Muchas instituciones demostraron su resiliencia durante las crisis financieras anteriores y han aplicado las lecciones aprendidas para responder con mayor eficacia a las fluctuaciones recientes del mercado relacionadas con la COVID-19 y con las crisis geopolíticas.
Aun cuando no se produzcan crisis, otros retos que avanzan lentamente, como el envejecimiento demográfico, precisan de medidas para gestionar adecuadamente los riesgos financieros. En el caso de los regímenes de seguridad social contributivos, estas medidas incluyen la elaboración permanente de modelos e informes actuariales.
Por último, para construir sistemas más resilientes y sostenibles para un futuro incierto, es necesario concientizar y fomentar la confianza y el compromiso a largo plazo con los valores y principios de seguridad social, para lo que las instituciones de seguridad social de la región están invirtiendo en campañas creativas y en materiales formativos con los que llegar a un público más amplio, incluidos los niños.
Los aspectos de gestión y de capacidad institucional relacionados con la resiliencia se tratan en el capítulo “Transformar la gestión de la seguridad social”.
Tras la pandemia del COVID-19, las instituciones de la región han seguido fomentando la resiliencia y, para tal fin, han mantenido e incrementado un acceso efectivo a la seguridad social. Algunas instituciones ofrecieron nuevas prestaciones y servicios para reducir la carga financiera de la crisis. En Costa Rica, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) presentó unas líneas de crédito nuevas para facilitar que los asegurados refinanciaran sus deudas y mantuvieran la cobertura ante la elevada inflación, la subida de los tipos de interés y la bajada de los salarios, mientras seguían generando ingresos para la institución. En el Brasil, DATAPREV - Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social, reforzó su capacidad de suministro de prestaciones a gran escala mediante la integración de las bases de datos existentes para poner en marcha el programa de Ayuda de Emergencia en 2020, con el que se pr-porcionó un ingreso mínimo a miles de personas vulnerables que anteriormente no estaban contempladas por el Estado.
En otros casos, se intensificaron las prestaciones existentes a fin de colmar las deficiencias o de posibilitar la continuidad de la cobertura. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) del Perú incrementó de forma drástica el número de beneficiarios de pensiones con cobertura, pues facilitó que las personas de edad avanzada en situación de vulnerabilidad tuvieran derecho a recibir una pensión. En el marco de las medidas para ampliar las condiciones de elegibilidad, se permitieron las pensiones proporcionales (para lo que se redujo eficazmente el periodo para tener derecho a una pensión), se igualaron los requisitos para mujeres y hombres, se permitió que los beneficiarios de pensiones trabajaran y se autorizó un mayor uso de las declaraciones juradas para quienes no hubieran cotizado o tuvieran cotizacionesincompletas. En la Argentina, los familiares de los trabajadores sanitarios y de otros trabajadores esenciales que fallecieron por una enfermedad relacionada con la COVID-19 pudieron acceder a prestaciones nuevas. En Guatemala a través de un cambio normativo y tecnológico se ampliaron las prestaciones de enfermedad después de que los beneficiarios agotaran sus derechos como consecuencia de las ausencias vinculadas con la COVID-19.
La región de las Américas afronta a menudo catástrofes naturales y fenómenos meteorológicos extremos, por lo que las instituciones de seguridad social deben prepararse no sólo para responder con rapidez, sino también anticiparse. Los países del Caribe están especialmente expuestos a estos fenómenos, ya que los desastres naturales son más frecuentes y conllevan más costos por término medio que en otras regiones.
Algunos gobiernos de la región están incorporando la protección social en las estrategias nacionales de gestión de riesgos de desastre, como es el caso de Santa Lucía, donde la protección social es un componente clave del marco integral de gestión del riesgo de catástrofes, mientras que algunas instituciones de seguridad social están desarrollando sus propios planes de acción climática, como en Estados Unidos de América.. En otros países, como Dominica, están probando fuentes de financiación alternativas, como la posibilidad de suplementar las primas estatales de los contratos de seguros paramétricos con fondos destinados a las transferencias de protección social en caso de emergencia. Por último, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha elaborado un formulario de autoevaluación para que los hospitales analicen su inclusividad con respecto a las personas con discapacidad, sobre todo en situaciones de emergencia. Este mecanismo combina la metodología para la gestión de riesgos de desastre de la Organización Panamericana de la Salud con una herramienta de evaluación de la accesibilidad y la inclusión, de modo que las instituciones pueden identificar los ámbitos de mejora y garantizar que nadie queda excluido en un contexto de desastre.
En las Américas, con más intensidad que en cualquier otra región del mundo, se ha producido un incremento drástico de la migración internacional desde 2010, dado que el número de migrantes que viven en la región se duplicó entre 2010 y 2022. Las crisis políticas y económicas que han tenido lugar tanto dentro como fuera de la región, así como el regreso de migrantes en algunos países, son factores que han modificado de manera considerable el panorama migratorio. Si bien en el pasado la emigración (sobre todo de América Latina a los Estados Unidos de América, el Canadá y Europa) fue la tendencia predominante, en la actualidad, la migración está marcada por una dimensión intrarregional más potente.
Aunque gestionar la incorporación de los migrantes a los sistemas de seguridad social nacionales ha supuesto siempre un desafío, ciertos aspectos de la migración pueden ser positivos para estos sistemas de seguridad social si se abordan adecuadamente. Por ejemplo, en algunos estudios de los Estados Unidos de América se concluye de manera sistemática que la inmigración repercute positivamente en la solvencia de la seguridad social. Asimismo, muchos países de la región se benefician desde hace tiempo de marcos formales bilaterales y multilaterales de portabilidad de derechos de la seguridad social entre distintos sistemas, en especial los relacionados con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad y Mercado Común del Caribe (CARICOM) o la Comunidad Andina.
Sin embargo, las nuevas presiones migratorias de carácter urgente, como el aumento del número de refugiados y de solicitantes de asilo, exigen cada vez más que se creen con rapidez herramientas adaptadas para informar a los no nacionales acerca de sus derechos y facilitarles el acceso a la protección, por ejemplo con la eliminación de los obstáculos regulatorios y administrativos cuando sea posible. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo de Colombia ha elaborado una guía práctica como apoyo de la gran afluencia de migrantes que llegan desde la República Bolivariana de Venezuela. En los Estados Unidos de América, la Administración del Seguro Social (Social Security Administration – SSA) publica sistemáticamente en español información sobre recursos para los inmigrantes, así como recursos adicionales en 15 idiomas.
Las perturbaciones económicas y políticas de la región complican aun más la labor, ya de por sí compleja, de gestionar adecuadamente los riesgosfrente a cambios demográficos y del mercado de trabajo en constante evolución.
Muchas instituciones de las Américas están incrementando su resiliencia ante los riesgos de corto y largo plazo, para lo que están elaborando estrategias, herramientas y normas apropiadas para la gestión de los riesgos financieros. Algunas medidas surgen directamente de iniciativas de planificación estratégica más amplias, como en el caso de Costa Rica, el Paraguay y el estado mexicano de Guanajuato. En los Estados Unidos de América, se publicaron nuevas normas actuariales para las pensiones públicas con el fin de garantizar una mayor transparencia, reforzar los requisitos de divulgación para las evaluaciones de riesgo en las carteras de activos y proporcionar un marco más sólido para derivar las tasas de contribución determinadas actuarialmente.La mejora de la gestión de los riesgos financieros por medio de inversiones más adecuadas y diversificadas sigue siendo una prioridad. Entre las estrategias se encuentran la creación de nuevas normas en materia de inversión, como en el marco de la JUPEMA de Costa Rica; la adopción de métodos de inversión en consonancia con la realidad de los regímenes de prestaciones definidas, como en el estado de Guanajuato, en México; y la certificación de administradores de fondos, como en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) de México. Algunas instituciones han adoptado medidas para efectuar inversiones responsables desde un punto de vista ambiental y social, como en México y en la provincia del Neuquén, en la Argentina, con las que pretenden fomentar su resiliencia y sostenibilidad, y resolver también otros problemas sociales y ambientales más amplios.
Si se dispone de sistemas sólidos en tiempos normales, las instituciones pueden hacer frente a los cambios repentinos e imprevistos, con independencia de su causa. Por ejemplo, en el Uruguay, tras la disolución de otra organización, el Círculo Católico de Obreros del Uruguay Mutualista (Círculo Católico) tuvo que incorporar rápidamente un 20 por ciento de miembros adicional y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de sus operaciones y el equilibrio financiero.
Las instituciones de toda la región siguen invirtiendo en actividades para fomentar la concienciación, la confianza y el compromiso a largo plazo con los valores y principios de la seguridad social entre la comunidad en general, contribuyendo a garantizar sistemas más resilientes y sostenibles para el futuro.Varias instituciones han utilizado campañas mediáticas para crear conciencia. Por ejemplo, la ONP del Perú puso en marcha la campaña “Yo tengo un futuro”, con contenido adaptado a los distintos grupos de edad, para animar a los miembros de la comunidad a contar sus propias historias relacionadas con la seguridad social en distintos canales multimedia. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) emprendió una campaña mediática dirigida a los jóvenes y a los trabajadores más jóvenes que trajo consigo mejoras cuantitativas, tanto en lo que respecta a la concientización como a la afiliación.
En algunos casos, las instituciones han creado herramientas y cursos formativos integrales para impulsar la seguridad social. El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) del Brasil sigue reforzando su programa de educación en seguridad social (Programa de Educação Previdenciária – PEP), disponible desde hace tiempo, a través de la Escola PEP, en la que se ofrecen oportunidades gratuitas de aprendizaje en línea a través de aplicaciones de fácil acceso para los usuarios. En Panamá, la Caja de Seguro Social (CSS) puso en marcha en 2022 el curso en línea “Seguridad Social para Todos”, que se pretende ampliar a todos los asegurados en 2023. Con frecuencia, estas iniciativas promueven explícitamente la solidaridad intergeneracional, la igualdad y la lucha contra la discriminación, principios básicos para mantener los sistemas de seguridad social, como se ha visto en los casos de JUPEMA en Costa Rica o el IMSS en México.
El Índice de Resiliencia Estatal (State Resilience Index – SRI) es un índice compuesto (entre 1 y 10) que mide siete pilares de resiliencia: inclusión, cohesión social, capacidad estatal, capacidades individuales, medioambiente/ecología, economía y espacio cívico.
Cada pilar está formado por varios subpilares. Los gráficos presentados muestran datos sobre los pilares de inclusión, cohesión social y capacidad estatal.
El pilar relativo a la inclusión tiene como objetivo medir la inclusión social, económica y política, para lo que se tienen en cuenta, entre otros elementos, el acceso de las personas a un empleo y la protección frente a la precariedad. Además de la inclusión, para que una sociedad sea resiliente, es fundamental que tenga sentido de solidaridad. El pilar relativo a la cohesión social tiene como objetivo evaluar la confianza institucional e interpersonal, así como la fortaleza de las redes de apoyo de la comunidad. En lo que respecta a la evaluación de la capacidad estatal, se presta atención a la eficacia gubernamental y a la capacidad de las instituciones gubernamentales de evitar los nuevos riesgos de desastre y de reducir los existentes.
Gráfico 1. Indice de Resiliencia Estatal (State Resilience Index - SRI): Pilares de inclusión, cohesión social y capacidad estatal en las Américas, por subregión
Nota: El SRI es un índice compuesto (entre 1 y 10) que mide siete pilares de resiliencia: inclusión, cohesión social, capacidad estatal, capacidades individuales, medioambiente/ecología, economía y espacio cívico.
Gráfico 2. Componentes del pilar de capacidad estatal: Eficacia gubernamental y reducción de los riesgos de desastre en las Américas
Gráfico 3. Países que cuentan con legislación sobre protección de datos, con medidas de notificación de infracciones y con legislación sobre acceso ilegítimo, 2020 o año disponible más reciente
El fomento de la resiliencia siempre ha sido una misión fundamental de las instituciones de seguridad social, pero para responder de manera eficaz y sostenible al aumento de las crisis covariantes, las instituciones de seguridad social están invirtiendo en herramientas que garanticen la continuidad de las actividades en tiempos de crisis, al tiempo que mejoran y amplían los servicios.
La pandemia de COVID-19 impulsó a instituciones de toda la región a ofrecer nuevas prestaciones y productos financieros o a consolidar las prestaciones existentes y la capacidad de prestación, incluso aprovechando las capacidades de big data, para mitigar los impactos de la crisis y garantizar la continuidad del servicio.
Las instituciones de seguridad social de las Américas se están preparando para responder con rapidez e incluso tomar medidas anticipatorias ante desastres naturales y crisis relacionadas con el clima, desarrollando herramientas de planificación, mecanismos de financiación innovadores y evaluando su capacidad para garantizar la accesibilidad en tiempos de crisis.
Muchas instituciones de las Américas están aumentando su resiliencia ante riesgos de corto y largo plazo por medio de la elaboración de estrategias, herramientas y normas apropiadas para la gestión de los riesgos financieros, por ejemplo, diversificando sus carteras y explorando inversiones responsables desde un punto de vista ambiental y social.
A raíz de la rápida transformación del panorama migratorio en la región, los gobiernos y las instituciones de seguridad social trabajan para garantizar la portabilidad de los derechos entre las fronteras y para mejorar el acceso de los migrantes a la protección social.
Las instituciones de la región reconocen el valor a largo plazo de la inversión en campañas creativas y en materiales formativos para llegar a un público más amplio, incluidos los niños, con el fin de crear sistemas más sostenibles y resilientes.
El presente informe es el resultado de la labor colectiva del personal profesional del Departamento de Desarrollo de la Seguridad Social (SSD) de la Secretaría General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS). Se encargó a dicho personal que redactara capítulos y secciones específicos para este informe.
Deseo expresar mi agradecimiento a Shea McClanahan por la Introducción, el capítulo “Fomento de la resiliencia y de la sostenibilidad en tiempos de incertidumbre” y la coordinación general de la redacción del informe; a Ernesto Brodersohn, por el capítulo “Transformar la gestión de la seguridad social”; a Yukun Zhu y Nathalie De Wulf, por el capítulo “Cobertura de seguridad social para todas las personas”; y a Bernd Treichel, Nathalie De Wulf, Guillaume Filhon, Dmitri Karasyov, Paul Mondoa Ngomba y Yukun Zhu, por el capítulo “Protección social durante las distintas etapas del ciclo de vida”. El capítulo titulado “Puntos destacados de las reformas jurídicas” fue elaborado por Megan Gerecke y Claudia Ambrosio, con las aportaciones de Mariano Brener y Harry Kirkman. Claudia Ambrosio elaboró los “Datos & tendencias” de cada uno de los capítulos.
El informe contiene valiosas observaciones de Marcelo Abi-Ramia Caetano, Jens Schremmer y Sigve Bjorstad, entre otros.
Raúl Ruggia-Frick
Director del Departamento de Desarrollo de la Seguridad Social
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