En los últimos años, un pequeño número de programas de protección social contributivos en América Latina se ha extendido a los trabajadores migrantes de forma voluntaria, cuya afiliación se financia gracias a las remesas de estos trabajadores. La posibilidad de financiar los programas de protección social mediante remesas pone de manifiesto las oportunidades que ofrece la migración internacional, no solo para mejorar la cobertura de protección social, sino también para contribuir a la consecución de la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En este artículo se examinan los programas de seguro voluntarios que se han puesto en marcha en el Ecuador, Guatemala y México para los nacionales que trabajan en el extranjero, gracias a los cuales sus familias también pueden acceder a la atención de salud y a prestaciones en sus países de origen. A cambio, los trabajadores migrantes internacionales pueden tener derecho a recibir una pensión de jubilación contributiva y prestaciones de invalidez al regresar a su país de origen si cumplen los requisitos y las condiciones en materia de cotización.