En este artículo se analizan las prácticas actuales para proporcionar protección social a los refugiados y los migrantes, y la atención se centra sobre todo en los países de destino de ingreso bajo y mediano. Se estudian los proveedores formales de protección social, como las instituciones estatales, los organismos de desarrollo y las organizaciones humanitarias. En los últimos años ha aumentado la financiación de donantes multilaterales, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19, lo que ha traído consigo el establecimiento de programas de asistencia nacional en los países de ingreso bajo y mediano que también incluyen a los refugiados y, en menor medida, a los trabajadores migrantes. Los organismos internacionales desempeñan un papel crucial para proporcionar asistencia humanitaria en efectivo a los refugiados, dado que se encuentran amparados por la protección internacional prevista en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y los protocolos relacionados. El acceso al seguro social sigue vinculado al empleo formal. Los derechos de seguro social de los migrantes suelen estar limitados y, por lo general, en los países de ingreso bajo y mediano se excluye a los refugiados de los trabajos formales. En lo que respecta a las intervenciones en el mercado de trabajo, los refugiados y los migrantes suelen quedar fuera de los programas nacionales, y los permisos de residencia de los migrantes dependen a menudo del empleo. En cuanto a los refugiados, los organismos internacionales desempeñan un papel importante en el suministro de programas de medios de vida encaminados a mejorar las oportunidades de generación de ingresos y a contribuir a la inclusión económica y a la independencia financiera. Sin embargo, la eficacia de estas intervenciones sigue sin estar clara, ya que no hay pruebas rigurosas, y con frecuencia se llevan a cabo a corto plazo debido a la cobertura limitada.