En este artículo se analizan los factores que influyen en la extensión de la protección social a los trabajadores migrantes en la región del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG). Pese a las señales que indican que está surgiendo un nuevo impulso para las reformas, consideramos que históricamente las reformas para colmar las deficiencias en la cobertura legal de protección social se han visto obstaculizadas por el propio diseño del sistema de migración, por ejemplo porque se asume que la migración es a corto plazo o por la dependencia excesiva de las prestaciones que ofrece el empleador. Además, la economía política de la región da lugar a un mercado de trabajo segmentado, a derechos de protección social tanto para los trabajadores nacionales como para los migrantes, así como a la existencia de canales limitados para la representación de los trabajadores migrantes. Aunque se están creando nuevos mecanismos, los sistemas de solución de conflictos laborales y los sistemas judiciales suelen ser insuficientes para proteger a los trabajadores y a sus familias cuando no se abonan las prestaciones. En la práctica, los obstáculos burocráticos, financieros, lingüísticos y geográficos dificultan también el acceso de los trabajadores migrantes a la protección social. El artículo concluye con los principales efectos en materia de políticas, entre los que figuran medidas para: elaborar disposiciones legales exhaustivas, que estén en consonancia con las normas y principios internacionales, así como con el compromiso de no dejar a nadie atrás y de garantizar la protección social para todas las personas, según se prevé en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible; hacer frente a los obstáculos que surgen en la práctica, a los desequilibrios de poder y a las deficiencias en materia de divulgación, supervisión y aplicación; y fortalecer el diálogo y la colaboración entre todos los actores, incluido el CCG, los gobiernos del país de origen, los empleadores, los trabajadores y las demás partes interesadas que defienden los derechos de los trabajadores migrantes.