La institución realiza un análisis en profundidad del marco jurídico nacional, incluida la normativa en materia de seguridad y salud, con el fin de determinar su función en la prevención y elaborar actividades de prevención en consonancia con la legislación aplicable. Si no existe un marco jurídico que permita prestar servicios de prevención, la institución iniciará un proceso para aportar un marco jurídico de prevención adecuado. Esto mismo se aplica al reconocimiento de las enfermedades profesionales.