Las presentes Directrices se centran en la prevención y la administración de los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y otros riesgos para la salud relacionados con el trabajo. Forman parte del concepto más amplio de prevención, que incluye enfoques proactivos y preventivos de la seguridad social, y abordan la prevención de riesgos profesionales, la promoción de la salud y el regreso al trabajo.
Los enfoques y los servicios de prevención varían según las regiones del mundo y reflejan diferentes niveles de desarrollo socioeconómico y diferentes políticas y marcos jurídicos. Los gobiernos suelen gestionar la prevención mediante la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, elaborada en consulta con los interlocutores sociales y aplicada por las autoridades competentes (mediante inspecciones de trabajo). Las instituciones de seguridad social de muchos países complementan estos servicios y contribuyen a la prevención de riesgos profesionales.
Dado que las instituciones de seguridad social son responsables de la indemnización de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, y, en algunos casos, de la rehabilitación de los trabajadores lesionados, estas deberían tener un interés estratégico en contribuir a una mano de obra más segura y saludable. Sin embargo, en muchos países, su objetivo principal sigue siendo proporcionar una indemnización en caso de lesiones profesionales, más que la prevención de las mismas.
Las instituciones de seguridad social son, en varios países, interlocutores muy valiosos para las autoridades competentes en seguridad y salud, ya que disponen de información detallada sobre los trabajadores asegurados. Esta información es de gran importancia para la preparación de los programas de prevención nacionales, en particular para definir los ámbitos de riesgo, establecer las prioridades y evaluar las repercusiones.
Además de complementar los servicios gubernamentales de seguridad y salud en el trabajo, las instituciones de seguridad social podrían ofrecer apoyo a las autoridades gubernamentales en los sectores profesionales que aseguran.
Estas Directrices proporcionan medidas para ayudar a las instituciones de seguridad social a realizar actividades de prevención con miras a reducir el número de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y las consiguientes solicitudes de indemnización. Al incluir a todas las partes interesadas pertinentes, como los interlocutores sociales, las autoridades gubernamentales y los expertos en prevención, las instituciones de seguridad social pueden promover de forma activa una cultura de prevención, mediante el fomento del desempeño de la prevención tanto a nivel empresarial como nacional.