La institución contribuye a regular el gasto destinado a los productos sanitarios y a mejorar su utilización mediante la evaluación del valor médico de los productos sanitarios, la regulación de los precios y el fomento del buen uso.

Estas medidas son importantes, puesto que los productos sanitarios representan una parte importante de los gastos destinados a la salud y de las herramientas directamente disponibles. La regulación de este gasto es compleja porque se deberán conciliar los objetivos de accesibilidad de los tratamientos, sostenibilidad financiera, remuneración de una cadena de distribución (que garantice la seguridad sanitaria y el suministro (véanse las Directrices 29 y 31)) y apoyo a la innovación y a la industria nacional, si existe una en el país.