Muchos países se están esforzando por cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la creación de un sistema de cobertura sanitaria universal (CSU). La CSU tiene por objetivo desarrollar servicios de salud básicos, de calidad y accesibles, independientemente de la capacidad de las personas para pagar las cotizaciones.

Este enfoque horizontal y vertical para extender la cobertura debe generar confianza en la población por medio de un proceso continuo de diálogo social y estrategias concertadas en las que participen diversas partes interesadas (el Estado, las instituciones públicas de seguridad social y de asistencia social, los interlocutores sociales, la sociedad civil, las aseguradoras privadas), con el fin de prestar servicios pertinentes a las personas de cualquier edad, teniendo en cuenta el contexto sanitario, económico y social cambiante, y garantizar la continuidad de los derechos. La confianza de la población es fundamental, ya que mejora la aceptación del pago de las cotizaciones y refuerza el apoyo en favor de las políticas de salud pública.

La cobertura también debe tener en cuenta las limitaciones medioambientales cada vez mayores y poder hacer frente a las crisis.

Además, debido a la importante repercusión que tienen las crisis sanitarias y a lo complejo que es gestionarlas, resulta importante crear algún tipo de sistema estructurado de vigilancia de la salud para procesar los mensajes provenientes de los diferentes interlocutores. Tras desarrollar una pericia multidisciplinaria a nivel nacional o internacional, las autoridades públicas toman a menudo el testigo de los administradores de la cobertura y aportan respuestas inmediatas, en ocasiones alejándose de procedimientos clásicos (suministro de mascarillas, vacunación, adaptación de las prestaciones, etc.).

La cobertura sanitaria suele servir de punto de acceso a la protección social, ya que, para la población, las prestaciones de atención de salud resultan más tangibles que las prestaciones de jubilación. De ahí que inscribir a sectores de la población (trabajadores rurales, trabajadores por cuenta propia, trabajadores del sector informal) que tradicionalmente se han visto excluidos de la cobertura sanitaria sea una buena manera de ayudarles a extender su protección social en última instancia, gracias a un mejor conocimiento de sus necesidades.

En este contexto, resulta necesario proteger y garantizar la sostenibilidad de la cobertura movilizando mecanismos de regulación, que van desde un marco jurídico y presupuestario y la diversidad de la financiación hasta el control de los gastos, la buena gobernanza y la lucha contra el fraude.

Más que en el caso de otros riesgos, en los que la cobertura es fundamentalmente financiera, la regulación de la cobertura sanitaria debe fomentar también la calidad y la accesibilidad de los procedimientos y los productos de atención de salud, velando por la estabilidad financiera del sistema en un contexto de gastos cada vez mayores relacionados con las enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población, promoviendo la innovación y gestionando los episodios pandémicos. Estos objetivos múltiples van más allá del mero control del gasto en salud y generan la necesidad de formular políticas de regulación que establezcan continuamente un equilibrio entre la oferta y la demanda de atención de salud. Por este motivo, y habida cuenta de la naturaleza específica de determinadas estrategias de regulación en el ámbito de la cobertura sanitaria, ha resultado evidente la necesidad de redactar nuevas directrices específicas. Servirán para ayudar a los países en sus esfuerzos por brindar a todos sus ciudadanos una atención de calidad, sin grandes obstáculos financieros o sociales.

En el siguiente esquema sobre la regulación se muestran las distintas funciones reguladoras, las partes interesadas y sus atribuciones (gráfico 1). Las distintas partes interesadas desempeñan un papel fundamental en los diversos procesos, en particular al consolidar, poner en práctica y evaluar estrategias colaborativas (entre profesionales de la salud, políticos, grupos destinatarios y otros interlocutores de este ámbito).

Gráfico 1. Interlocutores y herramientas de regulación