Las instituciones de seguridad social son un aspecto importante de la administración pública. Las personas recurren a la seguridad social cuando necesitan ayuda, en particular cuando se enfrentan a dificultades en distintas etapas de la vida. Si bien la sostenibilidad financiera de los programas es una preocupación constante para las administraciones de la seguridad social, satisfacer la demanda pública de prestaciones y servicios a diario requiere una mayor atención y una actuación más rápida. Los ciudadanos esperan cada vez más que las prestaciones y los servicios de seguridad social se predecibles y oportunos, tanto en circunstancias normales como en situaciones muy perjudiciales y extremas, como ha puesto de manifiesto la experiencia reciente de la pandemia de COVID-19.
Las crisis imprevistas y los eventos extremos pueden llevar al límite y saturar la capacidad de las instituciones de seguridad social, lo que puede dar lugar a importantes interrupciones en el suministro de prestaciones y servicios y, en última instancia, a la pérdida de confianza de la población. La pandemia ha demostrado claramente que la población cuenta con las administraciones de la seguridad social para mantener la promesa de proporcionar servicios de seguridad social sin demora, incluso en condiciones adversas. Las instituciones de seguridad social son conscientes de que las disrupciones pueden provocar fácilmente crisis sociales, por eso deben contar con la capacidad necesaria para aumentar y desplegar los recursos rápidamente, y colaborar con otros organismos públicos para ofrecer una respuesta nacional coordinada.
La labor de las instituciones de seguridad social se ve afectada por una variedad cada vez mayor de crisis y eventos extremos. Las crisis socioeconómicas y humanitarias exigen medidas sociales excepcionales para proteger a los grupos de población afectados. Las catástrofes naturales afectan a los servicios de seguridad social y requieren medidas específicas de apoyo social. Otros tipos de incidentes físicos, como los incendios, pueden destruir la infraestructura institucional y provocar graves interrupciones de los servicios. Asimismo, la creciente digitalización de la administración de la seguridad social expone a las instituciones a nuevas amenazas y riesgos cibernéticos, como se describe en el informe de la AISS titulado Mejorar la protección y la ciberresiliencia de las administraciones de seguridad social – Introducción a la ciberseguridad (2021) y en el informe de la AISS titulado Resiliencia operativa digital: Estrategias y enfoques para proteger los datos y las operaciones de la seguridad social.
Una crisis puede sumirlo todo en el caos, en particular los recursos humanos e informáticos, los procesos operativos, la ejecución de programas y la prestación de servicios. Las instituciones de seguridad social deben estar preparadas para hacer frente a estas interrupciones y ser capaces de restablecer la normalidad y la continuidad de las operaciones con facilidad y resiliencia. Es importante identificar los puntos fuertes de la organización y, en particular, corregir los puntos débiles, ya se deban a deficiencias en la organización o a la adopción de decisiones, los procesos operativos, la infraestructura, los activos o las actividades. Para combatir las crisis, es necesario corregir y fortalecer lo que hasta el momento han sido los vínculos débiles, con el fin de asegurar que toda la estructura institucional pueda resistir ante cualquier futuro acontecimiento perturbador.
La preparación institucional para hacer frente a acontecimientos adversos proporciona a la población y al personal de la institución un alto nivel de confianza y de estabilidad. Sistemas y recursos que han sido pasado por pruebas de estrés y han sido sujetos a una evaluación y mitigación de riesgos permiten a la institución actuar desde una posición de fuerza para atender con prontitud las necesidades de los ciudadanos con una interrupción mínima de las operaciones. Independientemente de la etapa de desarrollo en la que se encuentre la institución, los últimos años han puesto de manifiesto la importancia de considerar la continuidad de las operaciones y la resiliencia como un elemento clave de gobernanza en la administración de la seguridad social. En caso de producirse un acontecimiento adverso sin que se hayan establecido planes de contingencia, las medidas reactivas podrían ser insuficientes o tardías, y sería necesario adoptar soluciones provisionales de último momento y más costosas con las que no se podría preservar la reputación de la institución o la confianza de la población.
Para que las instituciones sean resilientes, es imprescindible que éstas establezcan planes de continuidad de servicios que se anticipen a las crisis imprevistas. Estos planes permitirán a los sistemas y los recursos de la institución ser parte de la solución, en lugar de complicar más aún el desafío a resolver, y ayudan a la institución a ser más ágil al gestionar una crisis y más proactiva al proteger a los beneficiarios y a la población cubierta.
La naturaleza impredecible de las crisis y los eventos extremos destaca la necesidad de establecer marcos que permitan a las instituciones identificar y responder con rapidez a ellos para ser resilientes. El objetivo de las Directrices de la AISS sobre la Continuidad y la Resiliencia de los Sistemas y Servicios de Seguridad Social es brindan a las instituciones una orientación sobre cómo prepararse, fortalecerse y seguir suministrando prestaciones y servicios en caso de acontecimientos imprevistos, elaborando un enfoque que permita aunar esfuerzos en diferentes ámbitos.
Aunque existen marcos y normas para la continuidad de servicios, estos son amplios y generales, y no están adaptados a las necesidades específicas de los programas y las instituciones de seguridad social. Las presentes Directrices complementan dichos marcos y normas y abordan las especificidades de la administración de la seguridad social, en particular la necesidad de resiliencia y preparación ante eventos extremos imprevistos. Las Directrices de la AISS sobre la Continuidad y la Resiliencia de los Sistemas y Servicios de Seguridad Social complementan las demás Directrices de la AISS, así como las normas internacionales aplicables, con el fin de reducir la brecha de falta de orientaciones específicas para la administración de la seguridad social.