El objetivo de estas directrices es proporcionar un punto de referencia de alto nivel para la administración de las actividades de recaudación y cobranza de cotizaciones en las instituciones que ejercen funciones de seguridad social. Su principal finalidad es apoyar a las instituciones a hacer frente a los desafíos que plantea una buena gobernanza y administración, y promover la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y cobranza de cotizaciones de seguridad social. Las Directrices tienen la intención de ser aplicadas a los diversos modelos organizativos utilizados para recaudar cotizaciones, incluidos aquellos donde la autoridad fiscal se encarga de esta labor. Se centran en los aspectos comunes fundamentales, así como en la coordinación interinstitucional y en la promoción de los procedimientos de integración. Asimismo, pretenden sensibilizar a la población sobre las complejidades de los sistemas de recaudación y cobranza de cotizaciones y de su impacto en la seguridad social en general e indicar el modo de tratarlos. Las instituciones deberán utilizar estas Directrices como punto de partida para elaborar sus propios planes y políticas.

Estas Directrices están destinadas a todas las instituciones que desempeñan funciones de recaudación y cobranza de cotizaciones de seguridad social. Están dirigidas a los ejecutivos y administradores responsables de estas tareas, así como a los altos directivos. También pueden ser de utilidad para los administradores generales y para los miembros de los consejos de administración de las instituciones. Las unidades dedicadas a la recaudación y cobranza de cotizaciones son responsables de la implementación y la ejecución de estas funciones.

Estas orientaciones se basan en principios bien reconocidos y en buenas prácticas acreditadas, así como en informes de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), y de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial. Se ha contado también con la información aportada por los profesionales de la seguridad social que participaron en su elaboración.