Cuando una persona fallece fuera del territorio nacional no existen mecanismos automatizadas que permitan al organismo hacerse de esta información. Por esta razón, los beneficiarios que residen fuera del país están obligados a realizar una prueba de vida para evitar que se les suspenda el pago de sus beneficios.
La prueba de vida se realizaba de forma presencial, asistiendo al consulado cada seis meses. La iniciativa que se presenta como buena práctica del Banco de Previsión Social (BPS) del Uruguay se basa en la aplicación de tecnología para lograr una autenticación biométrica de los beneficiarios. Esto permite realizar la prueba de vida en forma remota y sin asistencia de un funcionario, lo que evita que las personas tengan que trasladarse y, al mismo tiempo, descongestiona la atención en los consulados.
Estas facilidades hicieron posible que la frecuencia con la que se exige la prueba de vida sea mensual; por lo tanto, se logra una mayor eficacia en la suspensión de los pagos y se reduce el riesgo de abonar a beneficiarios ya fallecidos.