La seguridad social es un derecho humano fundamental de tal importancia que cualquier Estado responsable debe establecer mecanismos que permitan garantizar este derecho a cualquier persona.
El Estado puede garantizar dicho derecho por sector de actividad. En lo que respecta a los agentes públicos de la República Democrática del Congo, existía una categoría de agentes públicos, denominados agentes de carrera de los servicios públicos del Estado, que disfrutaban de un buen sistema de protección social en el marco de un régimen contributivo. No obstante, el resto de agentes públicos, como el personal militar, los miembros de las fuerzas de policía, los profesores y los magistrados, no estaba cubierto.
Con arreglo a las Directrices de la AISS sobre Soluciones Administrativas para la Extensión de la Cobertura, en particular, la Directriz 2. Garantía de la autoridad necesaria para la extensión de la cobertura, la Ley núm. 22/031, aprobada en julio de 2022, extiende la cobertura de seguridad social legal a todos los agentes públicos del Estado que anteriormente no estaban incluidos.
De conformidad con el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) de la Organización Internacional del Trabajo, esta ley extiende verticalmente las prestaciones de seguridad social de los asegurados: i) la rama de las pensiones, que abarca las prestaciones de vejez, de invalidez y de supervivencia; ii) la rama de los riesgos profesionales, en la que se incluyen las prestaciones por accidente de trabajo y las enfermedades profesionales; y iii) la rama de las prestaciones familiares.