En las Américas, los sistemas de cuidados de larga duración reflejan las distintas necesidades y capacidades regionales. En este artículo se analizan los sistemas de cuidados de larga duración de la Argentina, el Canadá, Chile, Costa Rica y el Uruguay, y se ofrece una descripción detallada de los servicios de salud y de asistencia social a disposición de la población de edad avanzada.
En las Américas, el envejecimiento de la población avanza a un ritmo más rápido que en cualquier otra región. En el año 2050, en América Latina y el Caribe, el porcentaje de población de 65 años o más se habrá duplicado con creces y superará el número de niños menores de 15 años (OPS, 2021a). Asimismo, la tasa de fecundidad no solo no se ha estabilizado en torno a los 1,75 hijos por mujer en promedio, tal como predijeron los expertos, sino que ha seguido disminuyendo con rapidez. En algunos países, este indicador ya ha alcanzado niveles extremadamente bajos (alrededor de 1,3 hijos por mujer), cifra que solo se había observado en unos pocos países fuera de esta región (Constance, 2024). La situación en América del Norte es similar. En el Canadá, la población de 65 años o más se ha triplicado con creces en los últimos 40 años y se prevé que crezca un 68 por ciento en los próximos 20 años (CIHI, 2017). En los Estados Unidos, en el año 2060, casi un cuarto de la población tendrá 65 años o más y el número de personas de 85 años o más se triplicará (Vespa, 2018).
Al mismo tiempo, la “carga de enfermedad por edad” va en aumento. Pese a los importantes avances en el ámbito de la atención de salud, la esperanza de vida ha superado a la esperanza de vida sana, por lo que existe, en promedio, una diferencia de diez años entre ambas. Cabe destacar que esta diferencia es incluso mayor en los países en que se ha avanzado considerablemente en la mejora de la esperanza de vida. La creciente prevalencia de la discapacidad entre la población de edad avanzada ha impulsado la demanda de cuidados de larga duración (OPS, 2021b, según se menciona en AISS, 2021a). Ocho de cada diez personas de 65 años o más precisan este tipo de cuidados, lo que pone de manifiesto la necesidad imperiosa de contar con los servicios pertinentes para proporcionarlos. En el contexto actual de transición epidemiológica en las Américas, se está produciendo un incremento de las enfermedades crónicas y, en consecuencia, de la dependencia de los cuidados (BID, 2019; Villalobos Dintrans y otros, 2021).
Definición de los cuidados de larga duración
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “los cuidados de larga duración incluyen un amplio abanico de servicios y de asistencia personal, social y médica, que garantizan que las personas que han sufrido una pérdida importante de la capacidad intrínseca (a causa de una enfermedad o discapacidad mental o física), o corren el riesgo de sufrirla, puedan mantener un nivel de capacidad funcional conforme con sus derechos básicos y con la dignidad humana” (OMS, 2022).
La necesidad de recibir cuidados de larga duración puede surgir de manera repentina o seguir una evolución gradual. Con frecuencia, aparece cuando se produce un problema de salud grave, como un infarto, un ictus o una fractura de cadera, que trae consigo consecuencias crónicas. Sin embargo, también puede darse de manera paulatina como consecuencia de enfermedades progresivas y crónicas, como la demencia o la debilidad (OMS, 2021). Los cuidados de larga duración pueden necesitarse de manera continua o intermitente durante un largo periodo de tiempo y deben estar encaminados a cumplir el objetivo principal de “permitir que las personas de edad avanzada que sufran una disminución considerable de su capacidad reciban la atención y la asistencia necesarias para poder vivir de una manera conforme con sus derechos básicos, sus libertades fundamentales y la dignidad humana” (ibid.).
En términos prácticos, los cuidados de larga duración deben cubrir de manera integral las necesidades de atención de salud, de cuidado personal y sociales de las personas, así como las relacionadas con las actividades de la vida cotidiana, como bañarse, vestirse, moverse, comer o ir al baño (Addati y otros, 2022).
Además, los cuidados de larga duración abarcan una gran variedad de servicios, como las medidas de prevención y la asistencia al final de la vida, que se prestan en los sectores de salud y de asistencia social (OMS, 2021). La naturaleza compleja e interconectada de los cuidados de larga duración plantea un reto importante para los sistemas de seguridad social. No obstante, si se aprovechan con eficacia los recursos existentes en el ámbito de la salud y la asistencia social a lo largo de todo el proceso, los sistemas de seguridad social pueden evolucionar adecuadamente y mejorar el sistema de cuidados de larga duración (ibid.).
Los sistemas de cuidados de larga duración en las Américas
En la actualidad, los sistemas de atención de salud de la región suelen priorizar el tratamiento de enfermedades específicas en lugar de la pérdida de capacidad funcional. Dado este orden de prioridades, los cuidados de larga duración se han integrado de manera incompleta en la atención primaria de salud (OMS, 2021), lo que afecta tanto a los destinatarios de los cuidados como a la propia sostenibilidad del sistema de atención de salud. Mientras los servicios de cuidados de larga duración no estén dentro del marco de la atención de salud en su conjunto, existe el riesgo de que se utilicen los recursos de atención de salud de manera ineficiente, lo que se traduce en un elevado gasto en atención de salud (OPS, 2021b, AISS, 2021a; Lloyd-Sherlock y otros, 2022).
A lo largo de la historia, sobre todo en América Latina y el Caribe, las necesidades de cuidados de larga duración se han cubierto principalmente con la asistencia prestada por la familia y la comunidad. A pesar de que en la mayor parte de la región la prestación formal de cuidados de larga duración sigue sin disponer de un marco regulatorio estructurado y continúa siendo esporádica y fragmentada en su gran mayoría, el cambio demográfico ha provocado que en varios países se haya ampliado la oferta de servicios de atención institucional. Además, aunque la prestación de servicios de cuidados de larga duración en la región tiene lugar sobre todo a nivel municipal y local, y en colaboración con organizaciones privadas y con los gobiernos locales, la necesidad de emprender reformas sistémicas es cada vez más apremiante (Panadeiros y Pessino, 2018; BID, 2022).
Cabe destacar el caso de Costa Rica, país en el que el 14 de junio de 2022 entró en vigor la Ley 10192 por la que se establece el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en Situación de Dependencia (Sinca). En la misma línea, en Chile se ha presentado el ambicioso plan de poner en marcha un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) (Gobierno de Chile, 2022). En la Argentina también se ha propuesto un proyecto de ley para crear el Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (Casa Rosada Presidencia, 2022). Tanto en Chile como en la Argentina se hace especial hincapié en cumplir los requisitos de los trabajos de cuidados, para lo que se centra la atención en el bienestar de las personas que cuidan, en su gran mayoría mujeres (Manzanas del Cuidado, s.f.).
Si bien las necesidades de asistencia son una parte importante de los cuidados de larga duración, los países también se centran en la atención preventiva y en promover un envejecimiento saludable y activo, así como en la mejora de los cuidados paliativos y del final de la vida. En la Argentina, por ejemplo, se ha iniciado un programa integral de cuidados paliativos a nivel nacional, que incorpora la atención interdisciplinaria, las terapias y los servicios médicos asistenciales, tal como se describe en la Ley 27678 y en el Decreto 311/2023 correspondiente (Ministerio de Salud (Argentina), 2023, 2022). En el Uruguay se ha aprobado legislación para garantizar el acceso universal a los cuidados paliativos, que anteriormente solo estaba disponible en la mitad de las provincias del país (Parlamento del Uruguay, 2023). En Chile también se ha promulgado una ley para garantizar la cobertura universal (Ley 21375), la cual entró en vigor en marzo de 2022 (Ministerio de Salud (Chile), 2022). Asimismo, en países como el Brasil y el Ecuador, se han establecido marcos regulatorios para las iniciativas de envejecimiento activo y saludable por medio de programas específicos. En Colombia, por otro lado, se han puesto en marcha iniciativas similares en el marco de las políticas nacionales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022).
Tanto la sanidad privada como la pública, además de los proveedores de servicios sociales, han desempeñado un papel fundamental en esta transformación (OPS, 2021b, según se menciona en AISS, 2021a). A pesar de que solo unos pocos países cuentan con un sistema formalizado de cuidados de larga duración, son varios los países en que se han adoptado medidas para crear instituciones y programas dirigidos sobre todo a la población de edad avanzada, con el objetivo de afrontar mejor las necesidades crecientes de cuidados de larga duración. Asimismo, las medidas encaminadas a crear una visión común y a adoptar un enfoque multidisciplinar, así como a reconocer la función de los distintos proveedores de servicios, tienen el propósito de prestar los servicios de cuidados de larga duración de una manera más sostenible.
En América del Norte ha cobrado relevancia el concepto de “envejecimiento en el hogar” y existe una clara preferencia por la atención a domicilio, en comparación con los cuidados prestados en establecimientos de salud. Llama la atención que, en el Canadá y en los Estados Unidos, el 78 y un 77 por ciento de la población encuestada, respectivamente, manifestaron con claridad su preferencia por la atención a domicilio, lo que pone de relieve la necesidad de invertir en la adaptación de los domicilios y en las tecnologías de asistencia pertinentes (March of Dimes Canada, 2021; AARP, 2022). En la práctica, en estos dos países, los servicios de cuidados de larga duración ya se prestan por medio de los sistemas de salud existentes (OCDE, 2023). Estos servicios incluyen una gran variedad de prestaciones de atención de salud, como las visitas a domicilio por parte de los equipos de atención primaria de salud, la atención de salud basada en la comunidad, el suministro de productos de asistencia y el uso de la telemedicina (OMS, 2021; AISS, 2021b). Servicios como la atención preventiva, los cuidados a personas con enfermedades crónicas y los cuidados paliativos se prestan, por lo general, en hospitales o en residencias asistidas, mientras que los servicios de asistencia social y las actividades de apoyo, a los que se recurre cuando se reduce la capacidad intrínseca, suelen prestarse a domicilio o en la comunidad local. En situaciones en las que haya requisitos específicos, como en el caso de demencia o de rehabilitación, los cuidados pueden facilitarse tanto a domicilio como en una institución. Asimismo, la asistencia financiera se amplía para incluir prestaciones monetarias que subvencionan servicios y bienes, como los dispositivos de asistencia. Estas prestaciones pueden pagarse directamente a los proveedores de servicios o bien a los beneficiarios (Tessier, De Wulf y Momose, 2022).
Entre los proveedores de servicios hay varios tipos de entidades, como organizaciones públicas, organizaciones privadas con fines de lucro o entidades sin fines de lucro, como mutualidades, cooperativas y asociaciones que operan en los sectores de los servicios de salud y de asistencia social. Tanto los proveedores de cuidados que no reciben remuneración como los que sí están en una situación formalizada, desempeñan un papel esencial. En este último grupo se encuentran el personal que presta asistencia a domicilio, las enfermeras, los trabajadores sanitarios de la comunidad, los trabajadores sociales, los médicos, los fisioterapeutas o los ergoterapeutas, entre otros.
El funcionamiento eficaz de los sistemas de cuidados de larga duración depende de la coordinación y de la colaboración entre las distintas partes interesadas, como los diferentes ministerios, las organizaciones de la sociedad civil, los sectores público y privado, y los propios usuarios de los servicios. De conformidad con la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2021b), para poder optimizar los servicios de cuidados de larga duración es fundamental concebir la coordinación desde esta perspectiva integral.
En lo referente a los criterios de elegibilidad, la mayoría de los países de la región evalúan el grado de dependencia e incorporan requisitos relacionados con la edad en su evaluación de los cuidados de larga duración. Si bien existe una preferencia por evaluar la elegibilidad en función de la dependencia funcional y no de la edad, a menudo, como consecuencia de las limitaciones financieras que surgen en la práctica, se imponen restricciones que hacen referencia a la edad (BID, 2022; Matus-López y Francisco Terra, 2021). Además, habida cuenta de la importante repercusión que tiene el envejecimiento sobre las necesidades de cuidados de larga duración, es primordial abordar dichos cuidados de larga duración en un contexto de envejecimiento más amplio, empezando por el establecimiento de una cobertura sanitaria eficaz adaptada a las necesidades de las personas de edad avanzada.
En este artículo se ofrece un panorama general de los sistemas de cuidados de larga duración en las Américas y se examinan los enfoques adoptados en cinco países para prestar servicios de salud y de asistencia social integrales, a fin de atender las necesidades de cuidados de larga duración. Además, se ofrece una descripción de los servicios de salud y de asistencia social a disposición de la población de edad avanzada en la Argentina, el Canadá, Chile, Costa Rica y el Uruguay.
La Argentina
Cobertura sanitaria
En la Argentina, tanto los beneficiarios de pensiones como las personas en edad de jubilación que no reciban una pensión tienen derecho a cobertura sanitaria. El acceso a servicios médicos gratuitos se ofrece en hospitales públicos y en instituciones de atención primaria de salud. Las personas que hayan acumulado derechos en el marco del seguro social disponen de un paquete de prestaciones médicas básico que incluye servicios como los cuidados paliativos y de rehabilitación (Argentina – Decreto 492/95, 1995). Además, se facilitan productos farmacéuticos de manera gratuita a las personas hospitalizadas y a las personas con enfermedades crónicas (AISS, 2019a).
En la Argentina también existe un programa de telesalud federal en el que se da prioridad a la atención de las personas vulnerables, entre las que se encuentran las personas adultas de 65 años o más (Ministerio de Salud (Argentina), (s.f.) a, (s.f.) b).
Asimismo, las personas con discapacidad que no están cubiertas por un seguro de enfermedad o reciben una pensión no contributiva tienen derecho a un subsidio para equipos que faciliten su movilidad, su cuidado personal y su comunicación (Agencia Nacional de Discapacidad, 2023).
Servicios de cuidados de larga duración
La Dirección Nacional de Políticas Sociales (DINAPAM) de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) desempeña un papel decisivo en la creación de residencias de larga estadía y de centros de día, para lo que ofrece formación y asistencia financiera para la adquisición de equipos. Los proveedores de servicios de estos establecimientos suelen ser centros públicos avalados por las autoridades provinciales y por organizaciones no gubernamentales (ONG). Las condiciones de elegibilidad y los servicios varían en función de la ubicación y del proveedor, si bien, por lo general, se dirigen a personas adultas mayores de 60 años de ingresos bajos y diversos grados de dependencia. En la actualidad hay ocho residencias de larga estadía financiadas con una combinación de subsidios, donaciones e ingresos obtenidos a partir de las tasas de servicio (Ministerio de Desarrollo Social (Argentina), 2023). Hay otras residencias y centros de día que funcionan a nivel municipal (Ministerio de Salud (Argentina), 2023). La prestación de servicios de teleasistencia por parte de organizaciones sin fines de lucro y de gobiernos locales es más bien esporádica y suele organizarse a escala municipal (OPS y BID, 2023).
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se basa en un enfoque integrador de los servicios de salud y de asistencia social y se utiliza en entidades tanto públicas como privadas. En el marco de este programa, se proporcionan subsidios a personas jubiladas y a beneficiarios de pensiones afiliados, y se les brinda acceso a servicios de atención a domicilio para ayudarles con las actividades de la vida cotidiana. El derecho a recibir estas prestaciones se determina según el nivel de dependencia, la edad y la situación socioeconómica. Para ello, la institución realiza una evaluación médica exhaustiva (PAMI, 2023). Asimismo, en algunos municipios se ofrecen servicios de atención a domicilio gratuitos a los residentes de edad avanzada que se encuentran en situación de extrema pobreza (Ciudad de Buenos Aires, 2023).
El Canadá
Cobertura sanitaria
En virtud de la Ley de Salud del Canadá (Canada Health Act) del año 1985, la cobertura sanitaria está a disposición de todas las personas que estén en situación de residencia legal en el país. Si bien hay un nivel de servicios obligatorio, las distintas provincias y territorios tienen flexibilidad para proporcionar “prestaciones adicionales” en el marco de los planes de seguro de salud correspondientes, los cuales se financian y administran de conformidad con sus propias condiciones. Estas prestaciones complementarias, ya estén cubiertas total o parcialmente, se dirigen, por lo general, a grupos de población específicos, como las personas mayores (seniors). Por ejemplo, en Ontario, los proveedores de atención primaria de salud y los hospitales locales de los distintos ámbitos asistenciales se encargan de prestar los servicios de cuidados paliativos. Este tipo de atención, que se suministra en todas las fases de la enfermedad (además de en la valoración y la gestión de los síntomas), se amplía para incluir servicios de apoyo personal y de actividades domésticas, así como fisioterapia, entre otros servicios (Gobierno de Ontario, 2023a). En el marco del Programa de Dispositivos de Asistencia se asignan fondos para los productos de asistencia personalizada diseñados para personas con discapacidad física de larga duración, entre los que se encuentran dispositivos de ayuda para la movilidad, aparatos auditivos, dispositivos de comunicación, equipos de respiración y material para personas diabéticas. Este programa cubre el 75 por ciento del total de los costos de estos productos, lo que pone de manifiesto el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas que lo necesitan (Gobierno de Ontario, 2023b).
Servicios de cuidados de larga duración
Los cuidados de larga duración prestados en establecimientos de salud, no incluidos en el seguro público previsto en la Ley de Salud del Canadá, se gestionan a nivel provincial. En el caso de los cuidados de larga duración prestados en establecimientos de salud, los servicios médicos y de cuidado personal están subvencionados, mientras que los gastos relativos al alojamiento y a los servicios relacionados con este, como la comida o la lavandería, se suelen cobrar al paciente en sus aportaciones económicas, que se calculan según sus recursos económicos. Además de realizar una comprobación de los ingresos, se pueden evaluar las necesidades según el grado de dependencia (Gobierno de Nueva Escocia, 2021). Los servicios incluyen la asistencia con las actividades de la vida cotidiana u otros servicios más especializados, como la fisioterapia. Algunos centros de día o comunitarios subvencionados con fondos públicos son gratuitos. No obstante, las autoridades sanitarias pueden cobrar una cuota diaria nominal con un límite máximo de 10 dólares canadienses (CAD) al día, si bien se pueden aplicar excepciones en caso de graves dificultades económicas (Gobierno de la Columbia Británica, 2023).
En la misma línea, las provincias, los territorios y los municipios son los principales encargados de gestionar los servicios de atención a domicilio y de atención comunitaria en el Canadá. El Gobierno Federal ofrece financiación por medio de pagos por transferencia para servicios de salud y sociales. La prestación de los servicios de atención puede gestionarse bien directamente por la autoridad sanitaria o bien por un tercero. En el caso de los pacientes con necesidades de asistencia evaluadas, estos servicios están subvencionados y los copagos del paciente se determinan en función de su nivel de ingresos. Asimismo, las personas tienen la posibilidad de recibir financiación pública para adquirir sus propios dispositivos de cuidado personal o de asistencia domiciliaria o para sufragar la necesidad de cuidados temporales (Alberta Health Services, 2017). En cuanto a la teleasistencia, en algunas provincias y gobiernos locales se han puesto en marcha iniciativas para aprovechar la tecnología para ofrecer asistencia a distancia (Gouvernement du Québec, 2023). Estas medidas reflejan el compromiso de mejorar la accesibilidad y el apoyo a los servicios de atención a las personas.
Chile
Cobertura sanitaria
En Chile, los beneficiarios de pensiones en situación de residencia legal en el país, las personas que carecen de fuente de ingresos y los beneficiarios de la asistencia social, tienen derecho a cobertura médica. Las prestaciones que se ofrecen en el marco de dicha cobertura, proporcionada por instituciones públicas y privadas, incluyen exámenes periódicos, hospitalización, servicios de rehabilitación y cuidados paliativos (Ministerio de Salud (Chile), 2023a). Los servicios adicionales incluyen el tratamiento de enfermedades crónicas, la cirugía de reemplazo de cadera y la prestación de ayudas técnicas. En el marco del programa de telesalud, los proveedores públicos y privados también tratan enfermedades que afectan a las personas de edad avanzada (Ministerio de Salud (Chile), 2018). Los adultos de 65 años o más pueden beneficiarse de ayudas para dispositivos de asistencia, como sillas de ruedas y muletas (Ministerio de Salud (Chile), 2010). Estas medidas ponen de relieve el compromiso de prestar un amplio abanico de servicios de atención de salud adaptados a las necesidades específicas de las personas de edad avanzada en Chile.
Servicios de cuidados de larga duración
La atención en institución que se presta en Chile se basa en un modelo de cofinanciación en el que participan el gobierno central y los gobiernos locales, siendo las organizaciones sin fines de lucro las encargadas de la prestación de los servicios de atención (OPS y BID, 2023). El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) delega la operación de los establecimientos de larga estadía a los municipios y las organizaciones sin fines de lucro (SENAMA, 2023). Además, la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI) debe autorizar la puesta en funcionamiento de estos establecimientos (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023). Estas residencias están especializadas en los servicios de cuidados a las personas de 60 años o más en situación de dependencia física o cognitiva, que necesitan asistencia para realizar las actividades de la vida cotidiana. Los beneficiarios deben pertenecer al 60 por ciento de los hogares con ingresos más bajos (Ministerio de Salud (Chile), 2023b). La gestión de los centros de día y de los centros comunitarios se realiza principalmente a nivel municipal. Si bien el SENAMA proporciona directrices para el funcionamiento de dichos centros, la financiación corre a cargo principalmente de los municipios y las organizaciones sin fines de lucro. Las personas de 60 años o más con demencia leve o moderada también cuentan con centros de atención comunitaria especializados (Ministerio de Salud (Chile). 2023b). Algunos municipios también ponen a disposición centros de día de manera gratuita, y contratan a empresas privadas para la prestación de los servicios (OPS y BID, 2023).
Existen dos programas de atención a domicilio, uno dirigido a las personas adultas en situación de dependencia severa, y otro, a nivel municipal, para adultos en situación de dependencia moderada. El servicio de salud local se encarga de administrar las prestaciones, junto con el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, que supervisan el programa (Ministerio de Salud (Chile). 2023b). También hay otros programas destinados a las personas de edad avanzada, entre los que figuran una iniciativa de reparto de comida del Ministerio de Salud, así como muchas otras a las que contribuye el SENAMA. Los programas de teleasistencia que ofrecen las entidades privadas o los municipios son más bien escasos, si bien algunos municipios ofrecen estos servicios gratuitamente (OPS y BID, 2023).
Costa Rica
Cobertura sanitaria
En Costa Rica, los beneficiarios de pensiones que residen en el país están amparados por el régimen de seguro social obligatorio. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ofrece una amplia variedad de servicios médicos, incluida la atención médica general y especializada, la hospitalización, los medicamentos, los audífonos y varios dispositivos médicos, a un precio reducido. Asimismo, los residentes que se encuentran en situación de necesidad, en particular los que cuentan con recursos limitados, reciben las mismas prestaciones por medio de programas de asistencia social. (AISS, 2019b).
Con el fin de garantizar el bienestar de las personas de edad avanzada, el país ha establecido redes comunitarias que realizan evaluaciones médicas exhaustivas. Los voluntarios que participan en estas redes se centran en diversos aspectos, como la atención geriátrica, la atención comunitaria integrada y la atención a domicilio (Presidencia de la República de Costa Rica, 2022). Además, el programa de telesalud de Costa Rica cuenta con una rama especializada en los cuidados paliativos (Presidencia de la República de Costa Rica, 2016). Además de los servicios de atención de salud, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) ofrece prestaciones monetarias para cubrir los gastos que entrañan los dispositivos de asistencia o la asistencia personal. El CONAPDIS ofrece esta ayuda a todas las personas, sin restricciones de edad, con una discapacidad reconocida y con ingresos bajos (Viceministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 2022).
Servicios de cuidados de larga duración
En el país, las organizaciones privadas, que actúan bajo la autoridad del Ministerio de Salud y sus municipios correspondientes, son las principales encargadas de prestar los servicios de cuidados de larga duración. Algunas organizaciones pueden optar a subsidios estatales si cumplen los criterios necesarios para ser reconocidas como Organizaciones de Bienestar Social (OBS), que prestan servicios a personas adultas de bajos ingresos (CONAPAM, 2023). Por otra parte, las ONG tienen flexibilidad para crear programas que integren sistemas de pago compartido (Costa Rica – Ley 10192, 2022).
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) desempeña un papel fundamental en la prestación de servicios de atención a domicilio a los residentes legales en Costa Rica de 65 años o más (Viceministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 2022). La red asistencial para personas de edad avanzada está formada por personas, familias, grupos comunitarios organizados, ONG y organismos gubernamentales, los cuales colaboran para prestar una atención de calidad a este grupo de población. Suelen solicitan ayudas estatales para financiar la atención a domicilio, los centros de día y las residencias. Los servicios de atención a domicilio incluyen tanto la atención básica como la especializada. Además, existe un subsidio temporal para facilitar el traslado de las personas de edad avanzada en situación de dependencia a instituciones certificadas (Viceministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 2022). Tanto la CCSS como los proveedores privados ofrecen servicios de teleasistencia, lo que pone de manifiesto el compromiso de ofrecer un amplio abanico de servicios de apoyo a las personas de edad avanzada (AISS, 2021a).
Uruguay
Cobertura sanitaria
En el marco del Seguro Nacional de Salud, los beneficiarios de pensiones en situación de residencia legal y las personas que reciben prestaciones de vejez por medio de la asistencia social se benefician de una amplia cobertura en el Uruguay. Las mutualidades de salud son las principales encargadas de prestar servicios médicos. Ofrecen una amplia variedad de servicios de atención de salud, que incluyen asistencia médica, intervenciones quirúrgicas, productos farmacéuticos y subsidios para artículos esenciales, como gafas, prótesis, sillas de ruedas, entre otros. Entre los proveedores de servicios autorizados se encuentran tanto clínicas y hospitales públicos administrados por la Administración de los Servicios de Salud del Estado, como proveedores de atención de salud privados. Cabe destacar que las clínicas y los hospitales públicos no exigen ningún copago a los pacientes, lo que les permite acceder a la atención de salud sin tener que afrontar dificultades económicas (Ministerio de Desarrollo Social (Uruguay), 2021).
En cuanto a las personas de edad avanzada, la atención primaria de salud incluye el tratamiento de enfermedades crónicas (Presidencia de Uruguay, 2021). Los servicios básicos ofrecen tanto medidas terapéuticas como cuidados paliativos (Uruguay – Decreto 465/008, 2008) (Uruguay – Decreto 289/009, 2009). Además, este paquete de prestaciones básicas incluye el tratamiento farmacológico por demencia y servicios de rehabilitación (Ministerio de Salud Pública, 2018). Por último, los proveedores públicos y privados ofrecen servicios universales de telemedicina (Ley 19869, 02/04/2020), lo que pone de relieve la labor realizada para garantizar el acceso a los servicios de atención de salud a distancia, con el fin de promover la comodidad y el bienestar de la población de edad avanzada (Uruguay – Ley 19869, 2020).
Servicios de cuidados de larga duración
Las personas mayores de 60 años con bajos ingresos pueden acceder gratuitamente a los centros de día (Ministerio de Desarrollo Social (Uruguay), 2022; Aranco y Sorio, 2019, según se menciona en BID, 2022). Estos centros reciben apoyo tanto técnico como financiero del Banco de Previsión Social (BPS). Además, el Ministerio de Salud Pública opera un centro de día ubicado en el Hospital Centro Geriátrico, y varias autoridades municipales, ONG, comunidades religiosas y cooperativas también operan centros de este tipo (Sistema de Cuidados, 2020a; Aranco and Sorio, 2019, según se menciona en BID, 2022). Para mejorar la calidad de los servicios prestados, una comisión de supervisión territorial colabora a nivel interinstitucional con el Sistema Nacional Integral de Cuidados (SNIC). Esta coordinación es crucial para garantizar la eficacia y eficiencia de estos centros de día.
El Sistema Nacional de Cuidados ofrece ayudas económicas en forma de subsidios para prestaciones en especie y realiza pagos directos a los proveedores de servicios. Existen dos programas principales, a saber, el Programa de Asistentes Personales, dirigido a las personas en situación de dependencia severa, y el programa de teleasistencia, adaptado a las personas en situación de dependencia leve o moderada. Tienen derecho al Programa de Asistentes Personales las personas que necesiten servicios de cuidados de larga duración menores de 29 años o mayores de 80 años, que residan en el territorio nacional y hayan vivido en el país al menos 10 años. El importe de la prestación se calcula a partir de los ingresos de la persona y cubre un máximo de 80 horas al mes. La prestación de teleasistencia también está basada en los ingresos y pueden optar a ellas las personas mayores de 70 años en situación de dependencia leve o moderada. La prestación máxima cubre el costo del servicio mensual de teleasistencia, mientras que el dispositivo y la instalación de este no conllevan costo alguno para el beneficiario. Los beneficiarios tienen flexibilidad para escoger al proveedor de teleasistencia privado y a un asistente personal del registro que pone a su disposición el Sistema Nacional de Cuidados (Sistema de Cuidados, 2020a; Ministerio de Salud Pública, 2023).
En el marco del Sistema Nacional de Cuidados, los establecimientos de larga estadía certificados, que suelen estar gestionados por organizaciones sin fines de lucro o comunitarias, pueden solicitar préstamos (BID, 2019; Ministerio de Salud Pública, 2022). Fuera del Sistema, el BPS ofrece toda una serie de servicios residenciales. Además, las personas adultas con discapacidad de bajos ingresos tienen acceso a una variedad de servicios aislados (Matus-López y Terra, 2021, Sistema de Cuidados, 2020b). El BPS ha adoptado medidas integrales para brindar apoyo a los beneficiarios de pensiones vulnerables, entre las que figuran soluciones adecuadas en materia de vivienda para las personas en situación de dependencia severa (Banco de Previsión Social, 2021). El BPS ofrece a los beneficiarios de pensiones con discapacidad una prestación monetaria para rehabilitación, con el fin de mejorar su bienestar y calidad de vida (Banco de Previsión Social, 2023).
Consideraciones finales
Pese a las diferencias que se observan a nivel regional, los datos relativos a los países presentados en este artículo proporcionan información valiosa sobre las estrategias de atención de salud y de servicios sociales adoptadas para satisfacer las necesidades de cuidados de larga duración en las Américas, que evolucionan constantemente. Cabe señalar que muchos países han establecido programas para abordar los problemas relacionados con la salud, como el Programa de Dispositivos de Asistencia en la provincia canadiense de Ontario y la cobertura de las enfermedades crónicas y de los cuidados paliativos en la Argentina y el Uruguay. Además, se están adoptando medidas organizativas en Chile y Costa Rica para gestionar los servicios de cuidados y los establecimientos residenciales, a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor y del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, respectivamente. Sin embargo, el reto que se plantea es integrar eficazmente los cuidados de larga duración en la atención primaria de salud, con el fin de garantizar una coordinación fluida y evitar la sobrecarga de los sistemas de atención de salud existentes. En este proceso de integración se pretende mitigar los riesgos de una fragmentación excesiva y distribuir las responsabilidades y la financiación entre los distintos proveedores de servicios, con el objeto de promover un sistema de cuidados de larga duración más sostenible.
Aunque no sea el tema central del presente artículo, no debería ignorarse la importancia de proporcionar a los trabajadores una formación adecuada, una remuneración aceptable y unas buenas condiciones de trabajo. En la Argentina, por ejemplo, se han elaborado programas de formación específicos para ayudar a los cuidadores a domicilio a asistir a las personas que padecen un deterioro cognitivo, la enfermedad de Alzheimer y demencia (Ministerio de Desarrollo Social (Argentina), 2023). En la misma línea, el Sistema Nacional de Cuidados del Uruguay exige que los asistentes personales cursen la formación certificada del Ministerio de Educación, se inscriban en el registro del BPS y obtengan la autorización de la Secretaría del Sistema Nacional de Cuidados.
Para hacer frente a los múltiples y persistentes desafíos que plantean los cuidados de larga duración, es necesario que los países establezcan definiciones comunes y clasifiquen de forma efectiva las necesidades de cuidados de larga duración según su prioridad. Para ello, hace falta mejorar las políticas en la materia, tanto en el plano nacional como regional, y promover una coordinación internacional que propicie el intercambio de experiencias y de estrategias (OPS, 2021b, según se menciona en AISS, 2021a). La AISS, a su vez, brinda apoyo a sus miembros mediante un proyecto de elaboración de directrices, informes técnicos y artículos, con el fin de abordar los retos que plantea la gestión sostenible de los sistemas de cuidados de larga duración, que requieren una mano de obra altamente cualificada, garantizar una atención de calidad y mejorar la coordinación interinstitucional para crear sistemas de cuidados de larga duración más sólidos.
Referencias
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