Para mitigar los efectos sociales de la crisis de la COVID-19, un número significativo de países ha adoptado medidas para poner en marcha transferencias monetarias temporales destinadas a los grupos de población en situación o en riesgo de pobreza. Estas medidas han respondido a las necesidades específicas de estos grupos vulnerables, que se ven afectados directamente por una reducción de las oportunidades de empleo o de sus ingresos. Además de apoyar a las familias de bajos ingresos, a los niños, a los trabajadores del sector informal y a las personas de edad avanzada sin ingresos o con bajas pensiones, también se ha pretendido mantener el consumo interno mediante una serie de programas de transferencias monetarias.
Las prestaciones de emergencia para los grupos de población vulnerables han adoptado distintas formas y pueden clasificarse de la siguiente manera:
- Prestaciones monetarias temporales: Un importante número de países ha introducido nuevas prestaciones monetarias que son abonadas regularmente durante un periodo de tiempo limitado. Las condiciones para tener derecho a esta prestación varían, aunque suelen basarse en los ingresos, la pérdida de empleo y el tamaño del hogar.
- Pago único: Varios países han establecido un pago único especial para ayudar a los grupos vulnerables a hacer frente a las necesidades extraordinarias relacionadas con los gastos de atención de salud, la pérdida de empleo o la repatriación. En algunos casos, estos pagos se han efectuado a toda la población en un esfuerzo por promover el consumo.
- Aumento del pago de prestaciones existentes: A algunas instituciones de seguridad social se les ha encomendado que aumenten temporalmente las prestaciones de los beneficiarios actuales, por ejemplo duplicando sus prestaciones durante uno o más meses.
- Pago anticipado de prestaciones: En muchos regímenes de seguridad social se ha establecido el pago adelantado de prestaciones, en particular en el caso de las pensiones de vejez. Además de responder a las necesidades específicas en materia de ingresos relacionadas con la crisis de la COVID-19, un importante objetivo ha sido evitar los riesgos para la salud asociados a las posibles aglomeraciones en los centros de pago.
- Flexibilización temporal de las condiciones de elegibilidad: Para aumentar el número de hogares que cumplen las condiciones, algunos países han facilitado el acceso a prestaciones para aliviar la pobreza. En estos casos, se han flexibilizado las comprobaciones de ingresos o activos y se han rebajado las exigencias documentales u otros requisitos administrativos.
- Extensión de la cobertura de las prestaciones existentes: Algunos países han ampliado las prestaciones existentes a grupos de población que carecen de cobertura, y se han adoptado medidas para incluir a los trabajadores del sector informal.
Ejemplos de medidas
En Kenya se han realizado transferencias monetarias únicas a las personas de edad avanzada, huérfanos y otros grupos vulnerables. En la Argentina se ha prestado ayuda a cerca de 9 millones de hogares con la introducción de un ingreso familiar de emergencia. Si bien esta prestación iba dirigida a familias de bajos ingresos, 3,8 millones de beneficiarios son hogares unipersonales, en los que 1,5 millones tiene menos de 25 años. En el Perú se ha pagado el "Bono de 380 soles" a un grupo ya definido compuesto por las familias más vulnerables en el marco de la campaña “Yo me quedo en casa”, si bien se ha ampliado a algunos hogares con trabajadores por cuenta propia. En Australia se ha pagado un complemento temporal por el coronavirus a beneficiarios que ya recibían una serie de prestaciones de asistencia social.
En el Canadá se han introducido tres prestaciones distintas para diferentes subgrupos de personas de edad avanzada. En Montenegro e Israel también se ha ayudado a los jubilados mediante un pago extraordinario único en efectivo.
Teniendo en cuenta los efectos de la crisis en el empleo, Namibia ha introducido un pago único para los trabajadores tanto del sector formal como del informal que se han quedado sin trabajo. Como muchos trabajadores migrantes han perdido su empleo durante la crisis del coronavirus, en Filipinas se ha prestado ayuda a los trabajadores filipinos atrapados en el extranjero para costear la repatriación.
En el Paraguay, los hogares beneficiarios de la transferencia monetaria para aliviar la pobreza Tekoporã han recibido un pago adicional. Los beneficiarios del programa de reducción de la pobreza Bantuan Sara Hindum (BSH) de Malasia también han recibido un pago adicional, y tanto el pago ordinario como el extraordinario se han adelantado de mayo a marzo. En Singapur, las personas mayores beneficiarias de la tarjeta Passion han recibido una prestación monetaria adicional.
En el marco de la extensión de la cobertura de los programas existentes, el Brasil ha anunciado la extensión de los programas de transferencias monetarias condicionadas a más de 1 millón de familias adicionales. El programa de transferencias monetarias BSH de Malasia también se ha extendido a 1,2 millones de hogares adicionales.
Las instituciones de seguridad social como mecanismos de suministro de prestaciones
La rápida introducción de los pagos de emergencia a los grupos y trabajadores de bajos ingresos del sector informal es una tarea compleja y difícil desde el punto de vista administrativo. Varios países han aprovechado las capacidades y los conocimientos de las instituciones de seguridad social para encomendarles el suministro de estas prestaciones recién creadas. Esto demuestra claramente la importancia de contar con una sólida capacidad administrativa en materia de seguridad social, en concreto con personas, tecnología, infraestructura y una gobernanza preparadas para brindar auxilio en tiempos de crisis. La AISS denomina a esta capacidad la "maquinaria" de la seguridad social: debe crearse, mantenerse, mejorarse y estar inmediata y permanentemente disponible.
Las instituciones de seguridad social han respondido haciendo uso de personal muy bien formado y comprometido, de herramientas digitales y de capacidad de adaptación e innovación. En el Canadá, por ejemplo, las personas de edad avanzada han podido acceder rápida y fácilmente a las prestaciones gracias al uso de bases de datos existentes, la automatización, la reasignación del personal y una cooperación interinstitucional eficaz.
En la Argentina, gracias a las bases de datos existentes y a la recopilación de información específica adicional sobre los grupos de población vulnerables mediante un proceso de solicitud adaptado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha podido introducir el ingreso familiar de emergencia. La concepción, aprobación y puesta en marcha de esta nueva prestación destinada a casi 9 millones de hogares en cuestión de semanas ha sido posible gracias a los conocimientos especializados disponibles en materia de administración de las prestaciones. Es importante destacar que esta experiencia también contribuirá a la labor para ampliar los programas de seguridad social ordinarios y mejorar la recaudación de las cotizaciones en el futuro.
La Comisión de la Seguridad Social de Namibia elaboró rápidamente un nuevo proceso de solicitud electrónico para la introducción de prestaciones monetarias en el marco del paquete nacional de incentivos. Si bien en una primera fase se tuvieron en cuenta a los trabajadores ya registrados en la Comisión, se está abordando actualmente el registro de los trabajadores del sector informal en la Comisión.
En una serie de artículos de la AISS publicados anteriormente se analiza con más detalle la importancia del compromiso y las competencias del personal, las herramientas digitales y la capacidad de adaptación de las instituciones de seguridad social para facilitar las respuestas nacionales a la crisis del coronavirus. En todos los casos, las administraciones de la seguridad social han contribuido de forma significativa a la respuesta a la crisis y, en última instancia, a la resiliencia de las sociedades y las economías. Sin embargo, debido a la falta de capacidades administrativas adecuadas, algunos países han tenido dificultades a la hora de diseñar y prestar el auxilio necesario.
Conclusión
La prevención y la mitigación de la pobreza, la ayuda a las familias, los niños, las personas de edad avanzada y otros grupos vulnerables, así como el mantenimiento del consumo, han sido objetivos importantes de los distintos tipos de prestaciones monetarias de emergencia que se introdujeron tras el inicio de la crisis del coronavirus.
Estas prestaciones, que complementan las medidas adoptadas por las distintas ramas de la seguridad social y se financian con cargo a los ingresos de las administraciones públicas, se han introducido para reducir las dificultades inmediatas de aquellas personas con menor resiliencia a las fluctuaciones económicas, la pérdida de empleo y la reducción drástica de los ingresos.
Las competencias y la capacidad de adaptación de las instituciones de seguridad social, al superar las complejidades administrativas en el contexto de las restricciones asociadas a la crisis de la COVID-19, han hecho posible el suministro de muchas de estas prestaciones en muy poco tiempo.
La inversión continua y adecuada en la creación, el mantenimiento y la mejora de la capacidad administrativa de la seguridad social es un facilitador de la resiliencia nacional y una importante lección que puede extraerse de la crisis. En este sentido, la AISS está complementando su conjunto de Directrices mediante la elaboración de nuevas directrices sobre la continuidad de las operaciones y la resiliencia de la seguridad social.