En el curso de los últimos treinta años han surgido nuevas necesidades sociales relacionadas con el envejecimiento demográfico, la inestabilidad familiar y la transformación de los mercados de trabajo. Al mismo tiempo, los sistemas de protección social se han visto confrontados a crecientes problemas financieros bajo el efecto de la competencia internacional, la desaceleración del crecimiento y, últimamente la crisis económica consecutiva a la crisis de las hipotecas de alto riesgo (subprime). Las respuestas aportadas apuntan, más a menudo, a estrechar los vínculos entre las cotizaciones y las prestaciones sociales, a aumentar la participación de los hogares en los gastos de asistencia sanitaria, a fortalecer las medidas preventivas y a reinsertar a las personas sin empleo en los mercados de trabajo.

De una concepción redistributiva y curativa de la protección social, los responsables públicos de las decisiones tratan de evolucionar hacia una concepción más preventiva, proactiva e integradora. Este cambio conceptual se traduce en los hechos en reformas más o menos coherentes entre las cuales figuran las que se refieren a las legislaciones relativas a la protección de los trabajadores, la activación de los mercados de trabajo y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Esta evolución se inscribe, en otros términos, en la lógica de la flexiseguridad que busca combinar la flexibilidad del trabajo y la seguridad del ingreso. Si bien los países de Europa del Norte han logrado un gran avance y han aportado la prueba de que la protección social es a la vez un buen amortiguador social y un estabilizador económico eficaz en período de crisis, su modelo social no es empero transferible. Para evitar el riesgo, siempre presente, de una convergencia “hacia la baja”, es importante situar las reformas en la lógica de la inversión social y del desarrollo humano.