La nueva Ley de la Seguridad Social de España, aprobada el 1º de agosto, retrasa la edad de jubilación, aumenta el número de años de cotización exigidos para percibir una pensión e incentiva a los trabajadores para que permanezcan en el mercado laboral una vez superada la edad de la jubilación. La mayoría de las nuevas normas se aplicarán de forma gradual a partir de 2013. La ley también introduce un mecanismo de ajuste del sistema público de pensiones a partir de 2027 para ayudar a controlar el gasto. La reforma de las pensiones forma parte de las medidas de austeridad que el país está aplicando para reducir el déficit público, que según Eurostat se situó en 2010 cerca del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), comparado con el 6 por ciento de media de la eurozona.

Antecedentes

España tiene un sistema público de pensiones de reparto de pilar único relacionado con los ingresos que proporciona prestaciones de vejez, de sobrevivientes y de invalidez. Las personas de 65 años de edad o más que no reúnan los requisitos para una prestación contributiva perciben una prestación no contributiva sujeta a verificación de recursos financiada con cargo a los ingresos generales. Actualmente, un trabajador de 65 años de edad o más puede jubilarse con un mínimo de 15 años de cotización, habiendo cotizado al menos 2 de ellos en los últimos 15 años. Se paga una pensión de jubilación anticipada a las personas desempleadas involuntariamente a partir de los 61 años de edad que tengan al menos 30 años de cotización. Además, los trabajadores que cumplan los requisitos para la jubilación y que pasen de empleos a tiempo completo a empleos a tiempo parcial pueden percibir una pensión parcial. (El empleador paga una cotización reducida por esos trabajadores.) Por último, se puede posponer una pensión de vejez completa de los 65 a los 70 años de edad. Esta prestación aumenta un 2 por ciento por cada año de aplazamiento y un 3 por ciento si el trabajador ha cotizado al menos 40 años.

Desde 1995, la reforma de las pensiones se basa en el Pacto de Toledo, firmado por todos los partidos políticos y los sindicatos que se comprometieron a acometer los cambios necesarios para mantener el sistema público de pensiones del país. En 1997, en la primera serie de cambios introducidos en el sistema al aplicar el Pacto de Toledo, se creó un fondo de reserva de la seguridad social para contribuir a la financiación de los déficits de las pensiones públicas. Al mismo tiempo, se aumentó el número de años exigidos para percibir una pensión pública y se ajustaron las prestaciones en función de los aumentos del índice de precios al consumo. En el último decenio, las reformas aumentaron aún más el mínimo de años exigido para poder percibir una prestación de jubilación completa e introdujeron penalizaciones para las jubilaciones anticipadas e incentivos para permanecer en el mercado laboral una vez superados los 65 años de edad.

Demografía y gasto en pensiones

Se prevé que el rápido envejecimiento de la población, unido a la relativa generosidad de las prestaciones del sistema, represente una importante carga financiera para el sistema en los próximos 40 años. Las subpoblaciones actuales de mayor edad de España (de 65 años o más y de 80 años o más) tomadas como porcentaje de la población total se encuentran muy cerca de la media de todos los países miembros de la Unión Europa (UE). Sin embargo, se calcula que en 2050, el envejecimiento de la población de España será muy superior al del conjunto de los países miembros de la UE. Esta misma comparación se aplica a la tasa de dependencia (véase el Cuadro 1). Además, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estima que la tasa bruta de sustitución de una persona con ingresos medios en España (que entrase en el mercado de trabajo en 2008) es del 81,2 por ciento, cifra notablemente superior al 57,3 por ciento de media de la OCDE. En 2010, el gasto en pensiones públicas relacionadas con los ingresos representó cerca del 10 por ciento del PIB. La OCDE prevé que, si no se producen cambios en el sistema público de pensiones, el gasto en pensiones podría alcanzar el 15,5 por ciento del PIB en 2050, comparado con el 11,4 por ciento de los países de la OCDE.

Reforma de las pensiones de 2011

La última reforma de las pensiones de España aborda estos retos demográficos y se centra en la modificación de los parámetros de los regímenes de seguridad social del país.

Prestaciones de jubilación

A partir del 1º de enero de 2013, la nueva Ley de la Seguridad Social incluirá:

- Un aumento de la edad normal de jubilación, de 65 a 67 años en 2019 (un mes por año hasta 2018 y, a continuación, 2 meses por año hasta 2027).

- Un aumento del número de años de cotización necesarios para percibir una pensión completa, de 15 a 25 años en 2022. El mínimo sigue siendo 15 años; sin embargo, un trabajador con 15 años de cotización solo percibirá el 50 por ciento de la pensión completa.

- Un aumento del número de años de cotización exigidos a los trabajadores con largas carreras, de 35 a 38,5 años en 2025. La edad de jubilación para estos trabajadores continuará siendo 65 años.

A partir de 2027 se aplicará al sistema un "factor de sostenibilidad" con el que cada 5 años se adaptarán "los parámetros fundamentales del sistema" a los cambios en la esperanza de vida (no se dispone de información adicional).

El Cuadro 2 muestra la previsión del Gobierno respecto a la reducción del gasto en pensiones a través de medidas que afectan a la edad de jubilación, el número de años de cotización exigido y el factor de sostenibilidad. La OCDE prevé que con el aumento de la edad de jubilación y de los años de cotización la tasa de sustitución se reducirá al 73,9 por ciento de las ganancias anteriores.

La ley también permite la jubilación anticipada voluntaria (una prestación reducida) a partir de los 63 años de edad con al menos 33 años de cotización. Asimismo, en "situaciones de crisis" (tales como los despidos debidos a la coyuntura económica o al fallecimiento, la jubilación o la incapacidad del propietario de un negocio), un trabajador con 33 años de cotización puede jubilarse a los 61 años de edad. A pesar de que se permite la jubilación parcial para trabajadores de 65 años de edad o más (61 años o más en función del número de años de cotización), la nueva ley no incentiva esta opción al aumentar la cotización del empleador por sus trabajadores.

Por otra parte, han aumentado los incentivos para que los trabajadores de más edad permanezcan en el mercado laboral. Por cada año que una persona continúe trabajando una vez superada la edad ordinaria de jubilación, la prestación aumentará del 2 por ciento al 4 por ciento en función del número de años cotizados. En el caso de los trabajadores con menos de 25 años de servicio el incentivo seguirá siendo del 2 por ciento; de 25 a 36 años, el 2,75 por ciento; de 25 a 36 años, el 2,75 por ciento; y de 37 en adelante, el 4 por ciento.

Prestaciones de supervivencia

A partir de enero de 2012, las prestaciones de supervivencia de viudos de 65 años de edad o más que no perciban otras pensiones aumentará de forma gradual del 52 al 60 por ciento de la base reguladora de la persona fallecida. Además, el límite de edad para los huérfanos con derecho a prestaciones aumentará de los 18 a los 21 años y hasta los 25 años en el caso de estudiantes cuyos ingresos no superen el salario mínimo. Las parejas de hecho también tendrán derecho a prestaciones de supervivencia.

Otras disposiciones

Otras disposiciones de la ley incluyen las siguientes:

- Los beneficios por cuidado de hijos (reconocimiento del período de interrupción del trabajo como cotizado) se aplicarán a una madre o un padre que deje el mercado laboral para cuidar de un hijo (biológico, adoptado o acogido). Antes eran solo las madres quienes tenían este derecho respecto de sus pensiones. Entre 2013 y 2019, la ley también aumentará gradualmente el citado período, de 112 a 270 días por hijo.

- Los trabajadores de servicios domésticos serán incorporados al sistema a partir del 1 de enero de 2012.

- La Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social (entidad de supervisión creada por la nueva ley que incorpora una serie de instituciones de seguridad social ya existentes, incluido el Instituto Nacional de la Seguridad Social) deberá informar a cada trabajador sobre su futuro derecho a percibir prestaciones de jubilación. Los pormenores, tales como la edad o la frecuencia con la que se debe remitir la declaración y la información específica que ésta debe contener, serán establecidos mediante reglamentos.

Este artículo se extrajo de la publicación International Update, de la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos, de agosto de 2011.  

Fuente: "Recent Developments in Spanish Pensions," Milliman Global Employee Benefits, September 2004; "Spain," International Update, US Social Security Administration, December 2007; Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2010, US Social Security Administration; OECD Economic Surveys: Spain, OECD, December 2010; Pensions at a Glance 2011: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries, OECD, March 2011; "Spain: Adjustment, Reforms and Growth," Government of Spain, March 11, 2011; "Euroindicators," Eurostat news release, April 26, 2011; "Per centage of Population Aged 65 years and Over on 1 January of Selected Years," "Per centage of Population Aged 80 years and Over on 1 January of Selected Years," and "Old Age Dependency Ratio on 1 January of Selected Years," Eurostat, June 2011; Spain--Staff Report for the 2011 Article IV Consultation, International Monetary Fund Report No. 11/215, July 2011; Ley 27/2011, el 1 de agosto de 2011.

Fecha de legislación: 08.2011