La población de Sudáfrica se enfrenta a varios retos importantes en curso cuando se trata de la situación sanitaria general del país, como la pandemia del VIH, las elevadas tasas de mortalidad materno/infantil y los delitos violentos generalizados, por nombrar algunos de los temas más candentes relacionados con la salud.

 

Desafortunadamente, el actual sistema de atención de la salud de Sudáfrica no está bien equipado para hacer frente a los problemas mencionados. Los sudafricanos en general no tienen ningún tipo de seguro, principalmente por razones financieras (solo el 15 por ciento de la población suscribe planes de ayuda médica), y existen enormes disparidades entre el sector público y privado: el 90 por ciento de los médicos que atienden a menos del 20 por ciento de la población trabaja en el sector privado, mientras que el 10 por ciento restante de los profesionales de la salud tiene que tratar a más del 80 por ciento de la población en clínicas y hospitales públicos sin recursos ni personal suficiente.

 

El artículo 27 de la Constitución de Sudáfrica de 1996, dispone que todas las personas tienen derecho a servicios adecuados de atención de la salud. Sin embargo, la accesibilidad, la calidad, así como la prestación oportuna de esos servicios aún están sujetas a enormes disparidades en función de los recursos financieros de los pacientes. A raíz de una disposición conexa de la Constitución ("el Estado debe adoptar medidas legislativas y de otra índole razonables, en el marco de los recursos disponibles, para lograr la concretización progresiva de cada uno de esos derechos relacionados con la atención de salud"), el Congreso Nacional Africano prometió crear un Seguro Nacional de Salud en su manifiesto electoral de 2009.

 

Ese seguro, propuesto por el Congreso Nacional Africano, sigue la misma línea de diversas iniciativas anteriores que apuntaban a un sistema universal, equitativo y basado en la solidaridad social. Debería aplicarse gradualmente en los próximos cinco años, es decir, hasta finales de 2014. Al describir las diversas características potenciales del régimen, el Ministro de Salud indicó  por ejemplo, que cada ciudadano debería tener derecho, por lo menos, a tres consultas "gratuitas" al año con un médico generalista acreditado del sector público o privado de la salud. Esas consultas se financiarían con cargo a un fondo especial administrado por el Gobierno.

 

La financiación, aunque todavía no se ha definido, se supone que debería basarse en un régimen salarial financiado con cargo a cotizaciones, al tiempo que se mantendría una parte financiada con cargo a los impuestos. Además, independientemente del modo de financiación que se adopte, se debería incorporar un componente redistributivo importante en el régimen del Seguro Nacional de Salud, en el que las clases altas pagarían mayores cotizaciones al sistema, ya fuera a través de impuestos o a través de tasas de cotización al seguro más elevadas.

 

Habida cuenta de que la reforma de la atención de la salud se traducirá en una mayor demanda de servicios de salud, existe una urgente necesidad de revitalizar rápidamente la totalidad de la infraestructura de las clínicas y los hospitales, tanto desde el punto de vista de la calidad como de la capacidad. Ya está previsto que la financiación de esas inversiones iniciales se realice principalmente a través de alianzas público-privadas y del apoyo directo del Banco de Desarrollo de Sudáfrica. Desde el punto de vista administrativo, el Seguro  Nacional de Salud también puede beneficiarse de las experiencias recientes de la creación del Programa Médico para Empleados del Gobierno, en funcionamiento desde 2005.

 

Dado que el seguro propuesto es muy ambicioso en su naturaleza (cobertura universal con una elección básicamente libre de proveedor y una limitada contribución financiera directa por parte de los pacientes, en el contexto de una carga muy importante por una enfermedad grave en el país), ya ha suscitado cierto escepticismo sobre cómo puede lograrse su aplicación. Algunos expertos estiman que la aplicación de la reforma se traduciría en un aumento de los recursos financieros dedicados al sector de la salud de 200.000 millones de ZAR, bien a través de impuestos, bien a través de cotizaciones al seguro, que equivaldrían a los impuestos sobre la renta personal actuales. A efectos de comparación, los ingresos fiscales totales del año pasado recaudados en Sudáfrica ascendieron a 628.000 millones de EUR, y el presupuesto de salud del Gobierno totalizó 84.000 millones de EUR. Sin embargo, los defensores del Seguro Nacional de Salud indican que el aumento del gasto en salud conllevará ventajas directas e inmediatas (impacto económico multiplicador, mayor productividad, menor mortalidad) que, a su vez, reducirán las necesidades financieras del funcionamiento del sistema.

Fecha de publicación: 2011